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“Al Estado uruguayo le es muy difícil controlar a las empresas privadas”

El gerente general de Aratirí, Fernando Puntigliano, explicó en radio Sarandí que la politización del tema puede “ahuyentar” a posibles futuros inversores

Por  Redacción
La minera dejará al gobierno un fondo de U$S 500 millones anuales

El gerente general de Aratirí, Fernando Puntigliano dijo que la triple interpelación de este jueves por la instalación de la minera es vista “con preocupación” por muchos empresarios del mundo entero, que no entienden el grado de politización que adquiere este tipo de inversión. “Yo lo entiendo porque soy uruguayo. Y mi rol es explicar a la empresa que esto forma parte de la idiosincrasia uruguaya”, señaló en radio Sarandí, no sin antes aclarar que con este tipo de acciones se corre el riesgo de “ahuyentar” futuras inversiones. “Estamos actuando un poco en contra de los intereses del país”, sentenció.

Subrayó que hasta que no se termine el estudio de factibilidad definitivo, el gobierno no tendrá “oficialmente” la cantidad de información necesaria como para “compartir seriamente con la comunidad política”. “Entonces la politización prematura del tema hace que se arme un debate sin datos que no son muy certeros”, y que causa alarma en el exterior, donde este tipo de proyectos “son bastante usuales en todo el mundo”, ya sea en Australia, Canadá, Brasil, Noruega o Suecia, entre otros.

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En cuanto a la compatibilidad de la minería con las otras actividades que se llevan a cabo en la zona, el gerente general de la minera recordó que hay países desarrollados como Finlandia y Suecia que viven con la minería cerca de la ganadería y no hay problemas.

Por otro lado, Puntigliano no descartó una posible asociación de Aratirí con el Estado, aunque puso algunos reparos. Antes que nada aclaró que el gerenciamiento se tiene que hacer de forma “profesional” y “con gente que tenga experiencia internacional”. “Yo como gerente general, le tengo que decir a la empresa que le conviene, pero como uruguayo he visto que al Estado uruguayo le es muy difícil controlar a las empresas privadas”, manifestó Puntigliano, ex presidente de la Administración Nacional de Puertos (ANP).

“Todo el sistema de manejo de la empresa es bastante complejo y al Estado le cuesta mucho trabajo hacer controles detallados sobre un montón de aspectos”, añadió. Y puso como ejemplo su experiencia en la terminal de contenedores. Por eso, subrayó que “más vale calcular cuánto se va a ganar en beneficios y poner un canon acorde a eso, que hacerse responsable de la buena o mala gestión”.

No obstante, aclaró que si el rol del Estado es simplemente ser un ente de control, no tiene dudas de que puede controlar este tipo de proyectos, “porque ese tipo de control es un control específico con determinados estándares”. Pero si se trata del control de la gestión ya “es distinto porque siempre aparecen cosas nuevas”. Puntigliano reconoció que en algunos países como Chile, esto se logra con éxito, pero en otros no.

En cuanto al control ambiental que puede ejercer la Dirección Nacional de Medio Ambiente (Dinama), Puntigliano afirmó que cree “plenamente” en sus autoridades y “su equipo es competente”. No obstante, indicó que quizás el volumen del proyecto evidencie la falta de personal o técnicos en dicha dirección. “Pero estoy seguro que el Estado puede controlar perfectamente Aratirí”, remarcó.

Agregó que el estudio de impacto ambiental, que contiene 5.500 folios es “el más grande que se hizo en Uruguay” y que a partir de él se han encontrado “niveles de contaminación importantes en mucha partes de Uruguay, que no se conocían”, entre otras cosas.

Contaminación
Puntigliano señaló que en Uruguay existe una confusión entre lo que es la prospección y la exploración. La prospección, aclaró, consiste en el recorrido de un grupo de geólogos por los campos con el fin de verificar que exista o no afloramiento del mineral. Esta actividad, continuó, no es incompatible con las otras que se realizan en la zona y afecta a unas 120 mil hectáreas.

En cuanto a la exploración, explicó que la misma se realiza una vez que se llega un acuerdo con el productor para trabajar en parte de su territorio. Las muestras “se sacan mediante perforaciones que tienen el tamaño de un termo o un botella”, especificó. Además, agregó que esta actividad supone reducir las 120 hectáreas iniciales a su décima parte, es decir, 12 mil hectáreas. Una vez que se culmina con la etapa de exploración, recién se comienza a analizar si “vale la pena la explotación”. Al respecto, señaló que el tamaño de las canteras es de unas 617 hectáreas.

El gerente general de Aratirí agregó que actualmente el distrito minero está “más afinado” y se ha reducido de 12 mil hectáreas a 7 mil. En esta área viven un total de 76 productores que se verán beneficiados por el canon, señaló, por lo que de cierta manera “son socios del proyecto” y están a favor del mismo. El canon que recibirán supone “un ingreso muy importante”.

Puntigliano respondió también a las acusaciones que se le hacen a la minera de que causará daños pulmonares a causa del polvo que desprenderán las explotaciones. Al respecto, especificó que los estudios de contaminación de polvo señalan que la mayor difusión del mismo es generado por los camiones. Agregó que resulta “curioso” que en Uruguay “la mayoría de los cursos de agua ya tienen un nivel de afectación superior al que puede causar la minera”.

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