La resolución de la Dirección General Impositiva (DGI) que intima a los colegios privados a revelar datos sobre el pago que realizan los alumnos despertó preocupación en la oposición, que salió a cuestionar la medida del gobierno.
Por otra parte, Amorín especificó que el procedimiento que está llevando adelante la DGI es ilegal, dado que el código tributario vigente en Uruguay impide realizar las denominadas “inspecciones de pesca” para detectar si algún contribuyente está evadiendo el pago del IRPF.
“Si la DGI piensa que una persona está evadiendo sus impuestos, puede pedir al colegio donde el contribuyente manda a sus hijos que le diga cuánto pagan, pero no puede pedirle al colegio que le mande información sobre todos los alumnos. Eso es ilegal”, explicó.
El legislador agregó, además, que los tratados internacionales que suscribió Uruguay a nivel de acceso a la información tributaria “impiden” este tipo de procedimientos.
En este sentido, Amorín Batlle recordó que meses atrás, cuando la DGI intimó a 10 colegios con el mismo argumento, éstos lograron frenar la intimación argumentado que“había dudas sobre si el procedimiento era legal o no”. Y adelantó que este escenario puede volver a ocurrir.
LO JUSTO
El diputado del Frente Amplio - e integrante de la comisión de Educación de la Cámara de Diputados-, José Carlos Mahía, dijo este miércoles a El Observador que la iniciativa de la DGI busca “mayor transparencia” dado que pretender corroborar los ingresos que tienen los hogares y las personas.
Explicó que una mayor eficiencia hará que en el mediano plazo la tributación de todos los uruguayos disminuya. “Eso hace un sistema más justo”, dijo Mahía.
El legislador reconoció que esta idea de la DGI está en línea con la postura del gobierno de que cada persona aporte de acuerdo a su capacidad contributiva. “Porque así funciona el nuevo sistema tributario, todo dentro de la ley, nada fuera de ella”.
DATOS
El diario El Observador informa este miércoles que la DGI intimará a los colegios, y también a las universidades y clubes privados, a aportar los datos correspondientes a lo que abona cada alumno o socio.
Según la DGI, la obligación de informar de los colegios se da cuando la totalidad de los importes anuales – cuota, matrícula, comedor, materiales educativos, transporte, por ejemplo – superen en el año las 70 mil Unidades Indexadas, hoy unos $ 159.229 equivalente a 13.269 mensuales.
Con estos datos, la DGI pretende corroborar que los niveles de gasto de las personas sean correspondidos por sus declaraciones juradas de Impuesto a la Renta de las Personas Físicas (IRPF), dado que esta información aporta indicios sobre la “capacidad contributiva” de las personas.
