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¿Cómo deben actuar los funcionarios del INAU en un conflicto con menores?
EL nuevo protocolo establece que "instancias de diálogo deben durar el menor tiempo posible"
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07 de octubre de 2015 a las 05:00
El INAU, el Sistema de Responsabilidad Penal Adolescente (Sirpa) y el sindicato de trabajadores del INAU aprobaron el viernes un "reglamento provisorio del procedimiento de contención física de adolescentes privados de libertad en situación de conflicto" que establece que "las instancias de diálogo y disuasión deben durar el menor tiempo posible" para evitar "que se inicie un estado tal que generalice el alcance del conflicto y altere su expresión inicial de no violencia".
La necesidad de redactar un protocolo de seguridad surgió luego de la represión de incidentes en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili) el 24 de julio que derivó en el procesamiento por tortura de 26 funcionarios, nueve de ellos con prisión.
El sindicato alegó entonces que no existía un protocolo de actuación y, por ello, con la mediación del Ministerio de Trabajo, se formó un equipo que diseñó el "reglamento provisorio" presentado ayer por el directorio del Sirpa.
El protocolo establece que ante una situación de "desacato", se necesitan cinco funcionarios "para la reducción de un adolescente privado de libertad (...), en cuyo caso cada persona sujetará una extremedidad y el quinto colocará esposas y grilletes". De todas maneras, el documento aclara que "de ser posible y frente a un adolescente armado el número mínimo para llevar a cabo la reducción será de tres funcionarios".
El presidente del Suinau, José Lorenzo López, uno de los trabajadores procesados sin prisión por el delito de tortura, dijo a El Observador que la aprobación de este "reglamento provisorio" demuestra que "no había protocolo, por lo que queda asentado que todo lo que sucedió en Ceprili tiene que ver con que no había un orden para hacer ese trabajo". El juez Gustavo Iribarren, que dictó el procesamiento de los funcionarios por la represión en Ceprili, destaca en el auto de procesamiento "el excesivo número de funcionarios que aborda y somete a cada uno de los muchachos". A la luz del nuevo protocolo, López aseguró que "es una terrible exageración lo que resolvió la Justicia sobre lo que pasó en Ceprili".
Fuera del protocolo quedó la propuesta de la presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, de utilizar gas líquido o colchones para reprimir, como lo había mencionado en una entrevista con El Observador.
El protocolo establece que "el funcionario solo procederá a la reducción cuando el comportamiento del adolescente genere condiciones para la autoagresión, la agresión a otros, provoque daños materiales en el centro, intente evadirse, desacate las normas de convivencia y disciplina". Al reducirlo, el trabajador deberá dejar al adolescente boca abajo, "preferentemente en el suelo, sujetando los brazos por la espalda con esposas o precintos y las piernas con grilletes".
"El funcionario deberá actuar con una postura firme y segura y a la vez respetuosa; es importante que el funcionario evite cualquier muestra de agresividad verbal o física hacia el adolescente privado de libertad; hay que recordar que se trata de un procedimiento de seguridad y no de una venganza, pelea o castigo", agrega el protocolo provisorio. El sindicato y las autoridades del INAU y el Sirpa seguirán trabajando conjuntamente para aprobar un protocolo definitivo. También están trabajando en un reglamento para el traslado de adolescentes.
Fulco explicó ayer que en caso de recurrir al Ministerio del Interior, recibirán apoyo del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que cuenta con personal especializado en reprimir motines.
Por su parte, el otro director del Sirpa, Eduardo Katz, destacó en conferencia de prensa el trabajo conjunto con el sindicato y auguró "la recomposición del vínculo".
La necesidad de redactar un protocolo de seguridad surgió luego de la represión de incidentes en el Centro de Privación de Libertad (Ceprili) el 24 de julio que derivó en el procesamiento por tortura de 26 funcionarios, nueve de ellos con prisión.
El sindicato alegó entonces que no existía un protocolo de actuación y, por ello, con la mediación del Ministerio de Trabajo, se formó un equipo que diseñó el "reglamento provisorio" presentado ayer por el directorio del Sirpa.
El protocolo establece que ante una situación de "desacato", se necesitan cinco funcionarios "para la reducción de un adolescente privado de libertad (...), en cuyo caso cada persona sujetará una extremedidad y el quinto colocará esposas y grilletes". De todas maneras, el documento aclara que "de ser posible y frente a un adolescente armado el número mínimo para llevar a cabo la reducción será de tres funcionarios".
El presidente del Suinau, José Lorenzo López, uno de los trabajadores procesados sin prisión por el delito de tortura, dijo a El Observador que la aprobación de este "reglamento provisorio" demuestra que "no había protocolo, por lo que queda asentado que todo lo que sucedió en Ceprili tiene que ver con que no había un orden para hacer ese trabajo". El juez Gustavo Iribarren, que dictó el procesamiento de los funcionarios por la represión en Ceprili, destaca en el auto de procesamiento "el excesivo número de funcionarios que aborda y somete a cada uno de los muchachos". A la luz del nuevo protocolo, López aseguró que "es una terrible exageración lo que resolvió la Justicia sobre lo que pasó en Ceprili".
Fuera del protocolo quedó la propuesta de la presidenta del Sirpa, Gabriela Fulco, de utilizar gas líquido o colchones para reprimir, como lo había mencionado en una entrevista con El Observador.
El protocolo establece que "el funcionario solo procederá a la reducción cuando el comportamiento del adolescente genere condiciones para la autoagresión, la agresión a otros, provoque daños materiales en el centro, intente evadirse, desacate las normas de convivencia y disciplina". Al reducirlo, el trabajador deberá dejar al adolescente boca abajo, "preferentemente en el suelo, sujetando los brazos por la espalda con esposas o precintos y las piernas con grilletes".
"El funcionario deberá actuar con una postura firme y segura y a la vez respetuosa; es importante que el funcionario evite cualquier muestra de agresividad verbal o física hacia el adolescente privado de libertad; hay que recordar que se trata de un procedimiento de seguridad y no de una venganza, pelea o castigo", agrega el protocolo provisorio. El sindicato y las autoridades del INAU y el Sirpa seguirán trabajando conjuntamente para aprobar un protocolo definitivo. También están trabajando en un reglamento para el traslado de adolescentes.
Fulco explicó ayer que en caso de recurrir al Ministerio del Interior, recibirán apoyo del Instituto Nacional de Rehabilitación (INR) que cuenta con personal especializado en reprimir motines.
Por su parte, el otro director del Sirpa, Eduardo Katz, destacó en conferencia de prensa el trabajo conjunto con el sindicato y auguró "la recomposición del vínculo".
