La agenda kirchnerista 2021, entre el aborto legal y el ajuste a los jubilados

Lo curioso es que, apenas tres años atrás, en el caldeado diciembre de 2017, una reforma en el cálculo jubilatorio había provocado una semana de caos, con enfrentamientos violentos en las afueras del Congreso, donde los manifestantes arrojaron 14 toneladas de piedras y escombros contra los uniformados.

La diferencia entre lo ocurrido en aquella ocasión y esta se llama peronismo. Como coinciden todos los politólogos, si hay una característica que define a este movimiento político es su capacidad de “controlar la calle” en un país turbulento. Esa condición es uno de los grandes activos políticos de los peronistas, que por eso suelen mostrarse como los únicos capaces de garantizar gobernabilidad e, incluso, de realizar ajustes económicos sin que haya desbordes sociales.

Y ese debate de diciembre fue el ejemplo perfecto de ello. El gobierno de Alberto Fernández, que había mantenido en carpeta durante todo el año el proyecto para legalizar el aborto –una situación que irritaba a los grupos feministas, que le reclamaban que cumpliera su promesa de campaña– decidió que ese era el momento adecuado para impulsar la reforma.

Y fue así que el aborto legal, un tema que despierta polémicas encendidas y que tapa cualquier otro asunto que esté en la agenda nacional, ocurrió en simultáneo con una serie de medidas de corte económico que van en el sentido de garantizar una baja del déficit fiscal para el 2021. En otras palabras, el presidente tuvo, esta vez, un perfecto sentido del “timing” político.

Con la aprobación del proyecto de interrupción voluntaria del embarazo por un margen mucho mayor al esperado, logró reconciliarse con el ala izquierda de su electorado y, además, dejó la marca de una reforma histórica en la Argentina. Y, en simultáneo, logró congraciarse con el mercado financiero y el Fondo Monetario Internacional (FMI) gracias a una reforma que ata las jubilaciones a la recaudación tributaria y, por lo tanto, garantiza un ajuste fiscal.

El kirchnerismo capta un cambio de clima social

La diferencia de 38 a 29 con la que salió aprobado el aborto legal en el Senado resultó sorpresiva incluso para los más firmes defensores de esta reforma. Apenas dos años atrás, un proyecto muy similar había sido rechazado en la cámara alta, donde predominan las fuerzas políticas conservadoras del interior, estrechamente ligadas a la iglesia.

Ahora, el hecho de que legisladores que dos años atrás habían votado en contra alegando motivos éticos y religiosos, hayan reconsiderado, “deconstruido” fue el término que usó una senadora, su anterior discurso y hayan votado a favor es todo una señal sobre el cambio de clima social en el país.

Por un lado, refleja el avance imparable de los reclamos feministas y de ampliación de derechos de las minorías, soportados por una gran mayoría de la población joven y con alta capacidad de movilización callejera.

Pero, por otro lado, quedó en claro que el presidente Fernández fue capaz de un lobby político para convencer a aquellos peronistas conservadores del interior que se mostraban en duda sobre su voto.

Y, acaso lo más llamativo, que el gobierno fue capaz de sostener la defensa de este proyecto de ley, incluso cuando la iglesia hizo una fuerte campaña en contra.

No se trataba de un hecho menor para el presidente, que ha hecho de su vínculo con el papa Francisco, uno de los puntales de su política exterior. Después de todo, el Vaticano ha ayudado a Argentina en momentos delicados, por ejemplo cuando inició sus negociaciones con el FMI o cuando tambaleaban las negociaciones por el canje de la deuda.

Pocos días antes de que el proyecto de aborto legal fuera debatido, el arzobispo Mario Poli –un religioso que, cuando opina sobre la actualidad argentina, es interpretado unánimemente como un mensajero del propio papa– había dicho: “Mientras los médicos y enfermeras cumplieron su misión con heroico sacrificio por salvar vidas, en estas últimas semanas el panorama se ha ennegrecido: la opción política pasó a ser una incomprensible urgencia, una febril obsesión por instaurar el aborto en Argentina, como si tuviera algo que ver con los padecimientos, los temores y las preocupaciones de la mayor parte de los argentinos”.

Peor aún para el gobierno, hubo críticas de parte de figuras como los “curas villeros”, personajes de protagonismo fundamental en la contención social del pauperizado conurbano bonaerense, a los cuales, desde la Casa Rosada, se ve como aliados para haber logrado un diciembre sin situaciones de desborde social.

“Causa indignación que mientras trabajamos para que la gente pueda comer en medio de la pandemia nos vengan con la propuesta del aborto”, había dicho el padre Pepe di Paola, uno de los referentes del grupo de curas villeros.

Y, por cierto, el propio papa, sin aclarar que hablaba de la Argentina, pero con un “timing” sugestivo, escribió un mensaje en las redes sociales en el que señalaba que “toda persona descartada es un hijo de Dios”.

Pero aún con esas críticas, Fernández decidió tomar ese riesgo. En la cúpula del peronismo se hizo la interpretación política de que la sociedad argentina estaba preparada para la reforma del aborto legal. Tanto que la propia Cristina Fernández de Kirchner, que mientras fue presidenta siempre se negó a dar lugar a ese debate, ahora se transformó en una de las principales impulsoras.

La incógnita del impacto político

Es ahora motivo de especulación política cómo impactará la aprobación del aborto legal en el plano político. Por un lado, esta ley refuerza el vínculo con las agrupaciones juveniles y feministas, que asimilan el discurso oficial de que hay una agenda de “ampliación de derechos”.

Pero por otro lado, hay una opinión pública silenciosa, especialmente en las provincias más conservadoras, que no reconocen en estas actitudes a la tradición del peronismo. De hecho, en los días previos a la votación en el Congreso, circularon encuestas que muestran una mayoría de rechazo a la legalización del aborto.

Por caso, en Salta, una encuesta de Doxa Consultores marcó que un 58% rechazaba el proyecto mientras que un 21% solo la justificaba en casos de violación. Mientras que en Córdoba, un sondeo de la firma In Focus registró un rechazo de 64% de la población contra el proyecto de aborto legal.

Pero el que más trascendencia tuvo fue el sondeo nacional realizado por la Universidad del Norte Santo Tomás de Aquino, con sede en Tucumán. Un contundente 93% opinó que el tema del aborto no era una prioridad de salud pública. Y un 67% se mostró en contra de legalizar la interrupción voluntaria del embarazo en cualquier situación, mientras un 25% solo lo acepta en casos de violación o ante riesgo de vida de la madre.

De manera que es todo una incógnita cómo esto se reflejará en las próximas elecciones legislativas de 2021. El gobierno confía en que podría darse una situación similar a la de 2011, cuando Cristina Fernández arrasó en las urnas, en parte gracias a poder capitalizar la aprobación del matrimonio igualitario.

También, en aquel momento el kirchnerismo sostuvo la reforma en contra de la dura oposición de la iglesia, expresada por el entonces cardenal Jorge Bergoglio. Sin embargo, a pesar de las críticas de sectores conservadores, para el kirchnerismo fue un momento de crecimiento, dado que logró acercar definitivamente a facciones que tradicionalmente habían tenido una militancia más ligada a la izquierda.

No está tan claro que esa misma situación pueda repetirse en este contexto, que, además, es mucho más complejo desde el punto de vista social y económico. Pero lo que sí es claro es que, por lo menos en el corto plazo, el gobierno se anotó una victoria política: con un índice de pobreza de 40%, aprobó una reforma en la que los jubilados serán la variable del ajuste, y todo sin que hubiera una sola manifestación de protesta.

Hoy, para los medios internacionales, en Argentina solo se habla de la reforma de los pañuelos verdes.