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Cuando el colegiado blanco que gobernaba Uruguay en 1959 creó la Comisión de Inversiones y Desarrollo Económico (CIDE), Álvaro García recién daba sus primeros pasos. Sin embargo, el designado director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), y hombre de extrema confianza del presidente electo Tabaré Vázquez, cree que están dadas las condiciones para emular, más de medio siglo después, aquella experiencia, y para eso se propone diseñar una “nueva OPP” abocada a “moldear el Uruguay de los próximos 20 años”.

Para conversar de ese desafío recibió a El Observador en el piso 4º del hotel Four Point, donde el Ejecutivo electo tiene su búnker. A continuación, una síntesis de la entrevista.

Históricamente la OPP fue un guardián de los grandes equilibrios macroeconómicos, tanto que las cartas de intención con el FMI eran discutidas directamente con sus jerarcas. ¿Qué rol tendrá bajo su dirección?
La nueva OPP buscará moldear el país de los próximos 20 años, juntando las mejores inteligencias, más allá de un período de gobierno. Hay varias áreas a las cuales vamos a apuntar. Vamos a reafirmar la muy buena tarea que se lleva a cabo en algunas áreas, y crear otras nuevas, acordes a la etapa actual de desarrollo del país, porque la OPP fue creada hace 50 años y como oficina de rango ministerial, muy cercana a la Presidencia de la República, debe tener una visión mucho más general de lo que debe ser el desarrollo del país.

En la expresión monetaria de lo que es el programa de gobierno, que es el Presupuesto Nacional, tiene un rol importante a jugar, ya que debe seguir trabajando fuertemente en la descentralización junto a los gobiernos departamentales y municipales.

Habrá algunos cambios, porque algunos aspectos pasarán a la nueva Agencia del Desarrollo e integrarán el Sistema Nacional de Competitividad, pero manteniendo el Fondo de Desarrollo del Interior, el Uruguay Integra y la vinculación con los intendentes y alcaldes en materia de ordenamiento territorial.

Las intendencias históricamente supusieron un lastre financiero para el gobierno central, que debió hacer transferencias para financiar sus déficits endémicos. ¿Cómo imagina el relacionamiento del gobierno central con los departamentales?
No ha sido esa afortunadamente la realidad de los últimos 10 años, en los cuales se ha establecido a nivel del Presupuesto Nacional la distribución de los ingresos que corresponden y se ha cumplido a rajatabla como nunca en la historia con los compromisos que el gobierno central asumió con las intendencias.
La responsabilidad seguirá siendo trabajar seriamente en la mejor distribución de los recursos y el cumplimiento de los compromisos asumidos. Vamos a agregar el Sistema Nacional de Inversión Pública, que resulta fundamental para identificar las necesidades y establecer las prioridades en materia de inversión pública en infraestructura, lo que implica las inversiones de todos los organismos, ya que es uno de los grandes cuellos de botella para sostener el crecimiento económico a largo plazo. Es un área particular que se reforzará.

Hay otra área que se mantiene, pero vamos a considerarla en su conjunto, que es la de presupuestos, empresas públicas y evaluación de la gestión del Estado. Esto será muy importante porque refiere a la presupuestación y el control de la gestión de los ministerios y las empresas públicas, a las que se les exigirán metas y resultados a obtener, y se hará un seguimiento, porque son de todos los uruguayos.
Eso es clave, en función del aprendizaje que ha tenido la fuerza política en el gobierno en estos 10 años. Habrá un mayor control de su gestión en procesos integrales a través de análisis de indicadores de gestión. Siempre se han controlado mediante la comparación de lo presupuestado y lo ejecutado.

Trabajé toda la vida en esto en la actividad privada, en el concepto de que la contabilidad entendida en su verdadera acepción no es solo controlar números, es información y la información es muy importante para la toma de decisiones. Con ese criterio vamos a encarar, en particular, el área de empresas públicas, con el afán de mejorar los mecanismos de análisis de su gestión, con todas las herramientas tecnológicas necesarias, y de seguir transformando la elaboración histórica de presupuestos hacia un proceso más rico de planificación de la gestión, análisis de su ejecución y del control posterior.

En Brasil, si bien la experiencia terminó mal porque hubo corrupción, la apertura en el mercado de valores del capital accionario de empresas como Petrobras resultó exitosa para revalorizar la empresa, socializar ganancias y aumentar el contralor de la misma. ¿Es posible llevar adelante acciones de ese tipo en Uruguay?
Es un tema que se ha hablado en Uruguay y particularmente estoy a favor de abrir el capital, no directamente de las empresas públicas, pero sí de las sociedades anónimas que son de su propiedad, que haya una apertura de una parte de su capital al mercado, siempre que sea minoritaria y se asegure su venta atomizada para evitar una concentración.

¿Se refiere a vender en bolsa una parte del capital, no de ANCAP, pero sí de Ducsa, su distribuidora de combustibles, por ejemplo, y así con otros casos?
Exactamente. Porque significaría un tiro a varias bandas: por un lado, tiene un efecto recaudatorio al vender una parte del capital accionario. Otra cosa que es muy importante y está de moda, que es el acountability, la transparencia en la gestión. Además, que la gente, con unos pesitos –ya que las empresas son de todos–, pueda obtener una ganancia comprando una participación. Un cuarto beneficio es dinamizar el mercado de capitales. Es una línea que deberíamos seguir y en algún momento hasta el presidente Mujica se manifestó a favor.

¿Cuáles son las otras nuevas atribuciones que tendrá la OPP?
Una es la planificación estratégica del Estado uruguayo, ahora que se habla de un país con muchísimas riquezas en la mirada de largo plazo. Tenemos hierro y seguramente petróleo. Hay herramientas para trabajar hacia 2030 como se hizo en su momento con la CIDE.

También hay iniciativas privadas, como la de la Fundación Astur, que dirige Enrique Iglesias, con el cual hemos estado conversando y compartimos criterios. Esto va a ser un departamento nuevo dentro de la OPP.

La otra área será la creación del Sistema Nacional de Competitividad para poner el tema al más alto nivel político, creando un gabinete de competitividad nuevo del que formarán parte los ministerios –entre comillas– del área económica y que sustituye los ya existentes: el Productivo, el de la Innovación y el de Comercio Exterior; que integrarán los ministerios de Economía, de Ganadería, de Industria, de Turismo, de Trabajo y la OPP.

Ese gabinete elaborará políticas de competitividad transversales y su ejecución estará en manos de varias agencias: la de Desarrollo Económico, la de Investigación, Uruguay XXI, el Inefop (Instituto Nacional de Empleo y Formación Profesional), el Inacoop (Instituto Nacional de Cooperativismo), el Instituto Nacional de Investigación Agropecuaria (INIA) y probablemente algún sector del LATU. Y habrá una secretaría de competitividad, que seguirá los resultados, a cargo de OPP. Continuando el programa de gobierno eso se traducirá en un plan nacional de riego, por ejemplo.

¿Qué injerencia tendrá OPP en relación a los grandes desafíos que tiene el país para resolver problemas que le permitan sostener el crecimiento económico en el mediano y largo plazo, como es el déficit en infraestructura vial, ferroviaria y aeroportuaria?
La OPP recibibirá los planes de cada organismo, elaborará una especie de plan maestro, los coordinará y establecerá en el Presupuesto cómo se asignan los recursos y de qué manera se ejecutan, a través de la Agencia de Infraestructura, en la que se transformará la Corporación Nacional para el Desarrollo con financiamiento público, privado y los PPP (proyectos de participación público privada), que esperamos que mejoren su instrumentación con la Agencia de Infraestructura, concesiones y financiamiento externo. Un país con grado inversor no tiene problemas de financiamiento.

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