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"No es posible atribuirles” las muertes, pero sí la intención

El fiscal acusó a Pereira y Acevedo como autores de “reiterados delitos de homicidio especialmente agravado por premeditación en grado de tentativa”

Por  Redacción

El fiscal Gilberto Rodríguez solicitó ayer a la jueza Dolores Sánchez la condena de los enfermeros Ariel Acevedo y Marcelo Pereira como autores de “reiterados delitos de homicidio especialmente agravado por premeditación en grado de tentativa”. En la acusación, a la que accedió El Observador, el fiscal advierte que por falta de pruebas forenses “no es posible atribuirles” las muertes, pero que la acción de ambos “marcaba una tendencia criminal a continuar en el desarrollo de estos actos secuenciales”.

El fiscal solicitó una pena de 14 años para Pereira y de 13 para Acevedo. Pereira, que trabajó durante siete u ochos años en la Unidad de Cuidados Coronarios del Hospital Maciel, confesó la muerte de cinco pacientes mediante la inyección de morfina, mientras que Acevedo, que trabajó 18 años en el CTI neuroquirúrgico de la Asociación Española, “admitió haber aplicado con una jeringa por vía intravenosa 20 centrímetros cúbicos de aire a diversos pacientes (...) sin previamente elegirlos” y reconoció, en el juzgado, a 10 víctimas fatales. Los dos fueron procesados con prisión en 2012.

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Sin embargo, sobre la cantidad de víctimas de los enfermeros, el fiscal expresó que “el número exacto no puede ser tasado”.

“La prueba recogida y el propio contexto fáctico de los hechos, han puesto en evidencia que los procesados Pereira y Acevedo realizaron durante un tiempo más o menos prolongado, aparentemente mayor en el caso de Pereira, las actividades descriptas sobre pacientes indeterminados, cuyo numero exacto no puede ser tasado, tan solo acudiendo a la sola confesión y reconocimiento de los mismos, sino a las propias emergencias, que determinaban que posiblemente el número fuera mayor”, sostiene el fiscal, que califica a los homicidios como “una alevosa obra criminal.

Las pruebas
Si bien los enfermeros confesaron los homicidios ante la Policía y en el juzgado, los informes de la Junta Médica concluyeron que ninguna de las muertes confesas puede atribuirse a la acción de los enfermeros.

Los forenses llegaron a esta conclusión luego de analizar las historias clínicas, donde la morfina no aparecía como una droga indicada, y en base a la autopsia de la última de las víctimas, Gladys Lemos, en quien se detectó rastras de morfina y lidocaína, a pesar de que Pereira negó haberle suministrado esta última droga, ni la tenía en su poder.

En contrapartida a esta falta de pruebas forenses, el fiscal reunió otras pruebas para solicitar la condena: las confesiones, mensajes de texto en los que se hacía referencia a “limpiar” pacientes, el testimonio de cuatro enfermeras que advierten sobre conductas sospechosas, el aumento de muertes en los sitios donde trabajaban, pericias psicológicas a los implicados.

“La actividad de Pereira y Acevedo (suministrando sustancias médicas sin prescripción, susceptibles de toxicidad, e inyectando aire) conformaron condiciones hábiles por cuanto adecuadas para dar muerte (que en definitiva es lo que se representaron y persiguieron, bajo el argumento de aliviarles el dolor y sufrimiento a ellos y sus familiares), solo que no fueron las condiciones adecuadas para la producción de la muerte, como así lo constato la Junta Médica”, concluye el fiscal, para quien o fueron adecuadas porque no suministraron la cantidad de morfina, lidocaína o aire necesario para matar.

Luego de conocer el informe de los forenses, Acevedo se retractó, pero el fiscal deja en claro que su retractación no es creíble, entre otros aspectos, porque trabajó una década como policía y sabía lo que hacía al confesar los hechos.

Rodríguez solicitó además una pena de 24 meses de penitenciería –que es excarceble– para una enfermera por “encubrimiento”.
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