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A tres días del referéndum de independencia previsto en Cataluña, el gobierno y la Justicia española consideran la consulta anticonstitucional, pero el Ejecutivo separatista está decidido a llevarla a cabo y critica la represión de Madrid.
La Justicia declaró ilegal el referéndum y el gobierno nacional tomó medidas para impedirlo. Entre ellas, las últimas semanas, la Policía interceptó millones de papeletas y al menos 14 funcionarios del Ejecutivo catalán fueron detenidos.
Por otro lado, la junta electoral que había sido creada para la consulta dimitió, y miles de policías fueron enviados a Cataluña para impedir el funcionamiento de los colegios electorales. Sin embargo, el consejero regional de Exteriores, Raül Romeva, insistió en que el referéndum se realizará.
"Las papeletas se pueden volver a imprimir tantas veces como haga falta, el censo lo tenemos, las urnas están, los colegios electorales estarán", dijo a AFP esta semana.
Por esta razón, es probable que la votación se produzca de forma desordenada. "Se intentará organizar un simulacro de votación, ya veremos con qué seguimiento y con qué capacidades", afirmó Miquel Iceta, líder de los socialistas catalanes, que se oponen a la consulta.

Negociaciones

Según las previsiones, se espera que los catalanes voten por el sí y que los que están en contra no participen en la elección. En caso de que gane la opción de independencia, pueden presentarse distintos escenarios.
La primera opción, según Gabriel Colomé, profesor de Ciencias Políticas en la Universidad Autónoma de Barcelona, sería optar por no proclamar la independencia rápidamente, como prevé una ley votada en el Parlamento catalán, de mayoría secesionista. En cambio, los independentistas podrían convocar movilizaciones masivas en toda Cataluña.
Como consecuencia, la economía española podría salir perjudicada. Una huelga en Cataluña sería negativa debido a que la región aporta 19% del PIB nacional. Bajo ese escenario, Colomé cree que podría haber una negociación sobre la concesión de más competencias al gobierno regional y una mejora de la financiación.

Proclamación de una república

Según el profesor de Derecho en la Universidad Autónoma de Barcelona Rafael Arenas García, el presidente catalán Carles Puigdemont podrá hacer una declaración unilateral de independencia.
La legislación vigente estipula que Madrid puede tomar el control de la Policía catalana. Incluso podría detener a Puigdemont.
Para García, esta imagen daría la vuelta al mundo y serviría a los separatistas para "convertir la lógica de la independencia en la lógica de la defensa de la democracia contra el Estado represor".

Elecciones

El tercer escenario es que los separatistas no declaren la independencia y disuelvan el Parlamento, lo que llevaría a llamar a elecciones anticipadas en Cataluña.
Los separatistas confían en que la tensión de los últimos años les haya hecho ganar apoyos, y les dé una mayoría más amplia en la composición de la próxima cámara, con la que seguir peleando por la secesión.

Riesgo de disturbios

La Policía regional catalana, llamados los Mossos d'Esquadra, advirtió del riesgo de desórdenes públicos que se derivaría de la orden judicial de precintar los colegios electorales, y vigilarlos para que nadie vote el domingo.
Sin embargo, el jueves el consejero regional catalán de Interior, Joaquim Forn, y el secretario de Estado de Seguridad, José Antonio Nieto, insistieron en la necesidad de preservar "la convivencia" y el orden pase lo que pase.



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