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El dirigente del Partico Colorado, Daniel Lamela, envió un comunicado -en el marco del caso Pluna- en el que defiende de forma contundente el art.162 del Código Penal y condena de severamente el abuso de funciones por parte de funcionarios y gobernantes.

Dice que llama la atención, y merece total rechazo, que el Frente Amplio pretenda derogarlo cuando los imputados de corrupción son un ministro de Estado y el presidente del Banco República.

"Por razones que hacen a la cristalinidad, transparencia y honestidad en la gestión de gobierno, por razones de buena administración y de compromiso ético con la gestión pública, debe mantenerse vigente en nuestra legislación punitiva", indica. En este sentido, explica que cuando un funcionario hace abuso de su cargo o de su poder debe ser castigado.

"Por supuesto que en el delito de abuso de funciones no existe el fin de lucro ni otro fin específico igualmente ilegítimo, se trata del abuso por el abuso mismo, pero entiendo que la conducta debe ser castigada en virtud del triple disvalor que la misma encierra, esto es, el abuso en el cargo, la arbitrariedad del acto y el perjuicio causado", apunta el político.

Según relata Lamela, este artículo se ha aplicado de manera pacífica a lo largo de casi un siglo distintos tribunales y nunca ha sido declarado inconstitucional por la Suprema Corte de Justicia.

"Imputados del delito de abuso de funciones han sido procesados, presos y condenados, connotados y altos jerarcas políticos integrantes de los Partidos Tradicionales, ante el beneplácito del actual Partido de Gobierno", dice enfáticamente. Y agrega que las denuncias de corrupción "muchas veces exageradas y exacerbadas" pusieron dudas y sospechas sobre el proceder de tales gobiernos y fueron aprovechadas política y electoralmente por el Frente Amplio para llegar al poder, "bajo el rótulo de única opción impoluta".

"Los hechos demostraron luego que el fenómeno de la corrupción no respeta fronteras partidarias y que ningún partido político puede declararse inmune a ese respecto", continúa el político en el comunicado.

En cuanto al caso Pluna, Lamela descarga: "El otorgamiento de un aval multimillonario en dólares, en el marco de un proceso competitivo, cuasi vía telefónica, a una empresa completamente desconocida, salteándose todos los procedimientos y garantías correspondientes, obviamente configura el delito, e insisto, ello debe ser castigado como marca la ley".

"Quizás a quienes incomodan las formas y los procedimientos, las reglamentaciones, los resguardos y las garantías, los controles y las auditorias, piensen como el Sr. Presidente de la República en cuanto a que lo político está situado por encima de lo jurídico. El desliz presidencial, paradigmático, explica cada vez más cosas de las que suceden en el Uruguay de hoy, entre ellas, el caso Pluna", finaliza.
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