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Uruguay fue tradicionalmente una plaza financiera segura para los inversores del exterior en buena medida por el secreto bancario. ¿Cree que sucesos como el reciente del Royal Bank of Canadá (RBC) contribuyen a que eso se haya acabado?
Nadie puede cuestionar el derecho de la Justicia de pedir información a un banco, o incluso allanarlo si se trata de una situación extrema. Es propio de un estado de derecho que ninguna persona o empresa esté fuera de la supervisión y el control de la Justicia, ni queremos que lo esté. Los bancos están sometidos a la ley como todas las demás empresas y personas en Uruguay. Y está bien que así sea. De la misma forma que toda institución tiene que estar sometida a la Justicia, toda medida que afecte derechos legítimos de clientes y de inversores se haga conforme a la ley, cumpliendo con todos los requisitos que la ley dispone, y respetando en este tipo de casos, por sobre todo, los derechos de los miles de clientes que no tienen vinculación con el caso individual que la Justicia uruguaya o la de otro país esté investigando.

¿Cómo cayó el caso del RBC entre los inversores que miran a Uruguay? ¿Puede afectar la corriente de capitales hacia el país?
Aún en los casos en que haya un cliente que deba ser investigado, en toda institución hay miles de otros clientes, ajenos al procedimiento, que no pueden ver su información personal y privada comprometida, retirada del banco, o puesta en riesgo, sin cumplir con la protección que la ley uruguaya les prometió y que todos estamos obligados a defender. Esos miles de clientes honestos y que confían en Uruguay porque es un refugio en un continente inestable tienen que no solo ver sus derechos respetados sino que deben sentir la paz de espíritu que es esencial a los servicios financieros. Uruguay no quiere amparar defraudadores, pero sí debe ser una muralla en amparar los derechos, la seguridad y la privacidad de los miles de clientes que nada tienen que ver con el episodio de que se trate.

En el gobierno hubo dos posiciones sobre el procedimiento empleado por el Poder Judicial para allanar el RBC; mientras el vicepresidente Danilo Astori manifestó su preocupación por la forma, el secretario de Presidencia Homero Guerrero la respaldó. ¿Cuál posición le parece más apropiada desde la óptica de un inversor extranjero?
Es encomiable la actitud del señor vicepresidente cuyas declaraciones son muy importantes en lo sustantivo y oportunas en lo temporal. Está poniendo su contribución a que las personas honestas que confían en Uruguay, y las empresas que invierten en Uruguay, sepan que nos importa respetar y defender sus legítimos derechos y protegerlos de perjuicios injustos.

El gobierno uruguayo trabaja en un protocolo de actuación para casos similares a los del RBC ¿Qué elementos deberían ser tenidos en cuenta?
También es sana la reacción del Banco Central de proponer procedimientos para dar las mayores garantías de que se perseguirá implacablemente a los infractores de la ley, pero que se defenderán con igual vigor los derechos de los clientes honestos. Esa iniciativa solo valdrá, sin embargo, si las modificaciones legales se concretan rápidamente antes que el daño real y significativo que se está causando se siga extendiendo en perjuicio de los clientes honestos, los trabajadores bancarios, las empresas bancarias, y el Uruguay en su conjunto.
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