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En medio de críticas de la oposición, a Bonomi también le pegan por izquierda

El Frente Amplio debate las propuestas por seguridad con varias críticas a la cartera liderada por el MPP

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01 de septiembre de 2018 a las 05:04

Conscientes de que la seguridad será otra vez un tema protagonista de la campaña electoral, el Frente Amplio comenzó en las últimas semanas a ultimar detalles sobre el enfoque que buscará darle durante un eventual próximo gobierno al área de mayor preocupación para la ciudadanía según los estudios de opinión pública. 

En ese camino, y en la medida que los distintos sectores comenzaron a exponer sus propuestas, también empezaron a traslucirse las diferencias en la izquierda. 

Dentro del Frente Amplio volvieron a aparecer críticas sobre la gestión y el enfoque de la seguridad pública del Ministerio del Interior, una cartera liderada por el MPP a la que la oposición le pide mano dura pero sobre la que también recaen reclamos desde dentro de la izquierda por su política represiva. 

Aunque en los hechos la operativa de la gestión será implementada tras asumir, las líneas generales quedarán en blanco sobre negro en diciembre cuando el Congreso del partido de gobierno vote su propuesta programática de cara a las elecciones de 2019. El documento ya tuvo su primer borrador y propone, entre otras cosas, borrar los antecedentes de los menores infractores al cumplir 18 años y una unidad policial especializada en el orden y control de las faltas y de otras conductas que afecten a la convivencia.

Las diferencias

Mientras distintos jerarcas del Ministerio del Interior insistieron en sus últimas salidas públicas con la expansión del Programa de Alta Dedicación Operativa (PADO), que busca incrementar los operativos en las zonas donde hay más denuncias, hay otros grupos del oficialismo que buscan un giro en las políticas de seguridad. 

Casa Grande, el sector liderado por la senadora Constanza Moreira, presentó este jueves sus propuestas sobre seguridad en una conferencia en la que cuestionó la política de represión de Interior. El grupo reclamó priorizar un "enfoque sistémico" basado en la prevención del delito porque, según advirtió el senador suplente de la agrupación, Rafael Paternain, "últimamente parece que se ha priorizado la policía y las cárceles". 

"Estamos en un momento de reacción punitiva y autoritaria que nos debería de preocupar. Se ha intensificado muy negativamente”, dijo Paternain. “La violencia institucional es central, la izquierda ha gestionado esto, reconociéndola al principio en la primera gestión y después olvidándose. Asumieron que gestionar la policía necesita resultados eficaces. Nosotros decimos que la policía necesita mejorar sus procedimientos que implica rever prácticas del trabajo policial y reducir los niveles de violencia institucional en los lugares más vulnerables”, agregó el dirigente de Casa Grande que en 2011 renunció al Observatorio Nacional de Violencia y Criminalidad, por discrepancias con la presentación de las cifras de delitos que realizadas por el ministro Bonomi.

La también dirigente de Casa Grande, Fabiana Goyeneche, cuestionó en tanto la "política de policiamiento" que, según sostuvo, es "únicamente orientada por el Ministerio del Interior, por jerarquías judiciales" y tiene a "las políticas sociales como algo secundario".  

En un escenario donde el Ministerio del Interior es encabezado por Eduardo Bonomi (MPP), dirigente de la primera fuerza dentro del Frente Amplio desde 2004, las diferencias sobre el enfoque de seguridad se posicionan como un tema clave en el debate programático. El brete también surge porque mientras parte del oficialismo le reclama una orientación, la oposición política cuestiona al gobierno por lo contrario.

En medio de las críticas, además,  el Ministerio del Interior, se encamina a incumplir la promesa electoral del presidente Tabaré Vázquez que en la campaña de 2014 afirmó - y lo reiteró cuando asumió - de bajar las rapiñas un 30% al finalizar el período. 

Según los últimos datos presentados por el Ministerio del Interior, los homicidios aumentaron un 66,4% entre el 1° de enero y el 30 de junio de 2018 en relación al mismo período del año anterior, mientras que las rapiñas crecieron un 55,8% y los hurtos 26,9%. Entre 2015 y 2018 las rapiñas crecieron un 36,7%, mientras que los hurtos aumentaron 33,6%. Los homicidios, en tanto, aumentaron 40% entre 2015 y 2018.

Otro de los sectores que, aunque destaca los avances de la Policía en salarios y tecnología, mostró disconformidad durante el debate programático con las políticas del Ministerio del Interior es el Partido Socialista.

Los socialistas buscan posicionarse como promotores de "una nueva generación de políticas públicas" en el área, según dijo a El Observador el integrantes de la Unidad Temática del Frente Amplio que abordó el tema de la seguridad, Víctor Abal. El técnico dijo que promueven un nuevo organismo coordinador de las distintas dependencias estatales vinculadas a la prevención de los delitos y la evaluación del trabajo realizado.

Abal advirtió que debe existir una "represión más calificada" para detectar los focos de violencia generados a través del narcotráfico y el lavado de activos. "Tenemos que pensar mejor cómo hacemos la represión y tenemos que pensar dónde estamos teniendo vacíos. Creo que en el área preventiva de la violencia justamente no se ha hecho mucho hincapié y ahí es donde tenemos que redoblar esfuerzos", dijo.

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Abal sostuvo que es necesario alcanzar un acuerdo dentro de la izquierda, y también con otros partidos, para lograr un consenso en las políticas de seguridad con "un perfil humanista". 

En tanto, sobre el futuro político del tema, Paternain opinó que "el destino de las políticas de seguridad en Uruguay se dirimen en la interna del FA" y promovió a "dar la batalla" para construir "una nueva hegemonía".

Tanto Casa Grande como los socialistas también difieren con el Ministerio del Interior en la gestión de las cárceles. 

Los socialistas también promueven que durante la próxima administración se impulse el desarme voluntario de la población, la tenencia responsable de armas, y "construir un sistema de penas alternativas fuertes" para que los delincuentes que no son ni violadores, ni homicidas o quienes lleven adelante una rapiña con uso de violencia, puedan negociar con la Justicia y así eviten caer en la cárcel y formarse en la carrera delictiva. 
 

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