A un año del asesinato de su presidente, Haití sigue ingobernable y sin justicia
Luego del brutal asesinato de Jovenel Moise el país sigue sin autoridades legislativas y con un poder ejecutivo en disputa, mientras que la investigación del crimen no logra avanzar sobre los autores intelectuales
Se cumple un año del asesinato del presidente de Haití, Jovenel Moise, sin que la investigación sobre los autores intelectuales del magnicidio haya mostrado avances significativos y la sensación de que la causa judicial quedará cerrada alrededor de sus autores materiales.
En horas de la madrugada, un grupo comando de unas 30 personas llegó en seis autos a la residencia presidencial del Barrio Pelerin de Puerto Príncipe, con la orden de matar a todos los que estuvieran en el lugar.
Cuatro atacantes entraron a la habitación del mandatario y, aparentemente, el exmilitar colombiano Víctor Pineda le disparó 12 veces con un fusil M4. En el hecho fue herida la esposa del presidente Martine Ettiene.
El magnicidio obligó a suspender las elecciones y una consulta popular ya prevista sobre la reforma de la Constitución del país más pobre de América Latina.
Sin un Congreso en funciones, con un Ejecutivo que carece de legitimidad y tiene su mandato ya cumplido, en medio de una severa crisis de inseguridad, Haití parece encontrarse en un callejón sin salida.
En enero pasado, la Comisión Nacional de Transición nombró a Fritz Alphonse Jean como presidente interino, pero el primer ministro, Ariel Henry, desconoció por completo la votación y el nombramiento
Atentado importado
El comando que perpetró el magnicidio fue contratado por la agencia de seguridad CTU, con sede en Miami. La planificación habría sido realizada por los exmilitares colombianos Duberney Capador (muerto) y Germán Rivera (detenido). La empresa es del venezolano Antonio Intriago Valera y, en principio, todo indica que el grupo fue financiado por Worldwide Capital Lending Group, del ecuatoriano Walter Veintemilla. Varios detenidos declararon que el plan inicial era capturar a Moise. Sin embargo, apenas un día antes llegó la orden de matarlo.
Esa madrugada, los mercenarios retiraron las cámaras de seguridad, robaron documentación y algunos millones de dólares que estaban en el domicilio –las versiones van de 18 a 45 millones-. Se refugiaron en una casa de Puerto Príncipe, pero fueron detenidos. Tres intentaron asilarse en la embajada de Taiwán, pero también fueron arrestados.
Un año después hay unos 40 detenidos, entre ellos 18 exmilitares colombianos y 12 policías locales. Otros tres colombianos fueron asesinados esa misma madrugada. Hay otros cuatro arrestados con aparente relación a la autoría intelectual, aunque sin precisiones sobre sus roles: uno en Haití, el médico Emmanuel Sanon; y tres en Estados Unidos, el exmilitar colombiano Mario Antonio Palacios, el haitiano nacionalizado chileno Rodolphe Jaar y el exsenador haitiano John Joel Joseph.
En Turquía estaba detenido desde noviembre el empresario Samir Handal, señalado como partícipe en la conspiración, pero el lunes último un tribunal penal de Estambul rechazó su extradición y lo dejó libre.
Causas confusas
Las versiones sobre las motivaciones para eliminar a Moise son muchas y confusas. Una de ellas asegura que el presidente planeaba denunciar a redes del narcotráfico relacionadas con dirigentes locales, pero la versión más firme es que se trató de un complot para tomar el poder y que uno de los autores intelectuales tomara posesión del cargo presidencial.
El juez Garry Orelien, que tuvo a cargo la causa, acusó en un audio filtrado a la prensa al primer ministro Henry por el crimen.
Desde fin de mayo el juez de Instrucción es Walther Wesser Voltaire, el quinto magistrado que tiene la causa desde que ocurrió el crimen. Reemplazó a Merlan Belabre, quien renunció tras haberse manifestado preocupado por su seguridad y la de su familia. Antes habían estado Garry Orelien, Mathieu Chanlatte y Clément Noel. Además, Carl Henri Destin fue quien redactó el primer reporte tras el asesinato.
La Justicia estadounidense también participa de la investigación porque su ley contempla que una persona puede enfrentar cargos criminales si conspira dentro de su territorio para cometer asesinato o secuestro fuera del país. Y parte del plan para asesinar a Moise fue organizado supuestamente en Florida por ciudadanos haitianos-estadounidenses.
También el Congreso de Estados Unidos ordenó en enero último al Departamento de Estado que presente en seis meses una investigación sobre el asesinato. Jamaica, Panamá y República Dominicana extraditaron casi sin demoras a detenidos sospechados por el crimen. Y la ONU y el Caricom –el bloque de países caribeños- ofrecieron ayuda para la investigación, pero no hay constancia de que hayan aportado personal o elementos.
