Abogados penalistas reclaman a Juan Gómez por fiscales que piden prisión preventiva en función del "poder adquisitivo"
El colectivo de abogados señala que hay representantes del ministerio público que juzgan el poder adquisitivo y la capacidad de fuga según el defensor que tengan
La Asociación de Abogados Penalistas del Uruguay envió una carta al fiscal de Corte, Juan Gómez, para pedirle que investigue el proceder de algunos fiscales que solicitan la prisión preventiva para los imputados en función de su "poder adquisitivo".
Esto último, afirmaron en un comunicado, supone un "ataque directo al ejercicio de la profesión de los abogados".
¿Por qué? Los penalistas argumentan que los fiscales se basan en el abogado que contratan los imputados para establecer su disponibilidad económica. Y esto último es algo que tienen en cuenta los fiscales, por ejemplo, para argumentar sobre la posibilidad de fuga del país de los investigados.
"Hay un ataque directo a la profesión de los abogados o de los peritos de las distintas profesiones, ya que para varios representantes del ministerio público si se los contrata ello sirve de base para pedir prisiones preventivas", afirman en el escrito.
Y agregan que esto genera entre los imputados "la clara idea que por ser defendido por un abogado particular y ejercer la mejor defensa posible, contratando consultas y pericias, está en peor posición que si lo defendiera un defensor de oficio o si no ejerciera la mejor defensa técnica y profesional posible".
"Penalizar a los imputados con la amenaza de prisión preventiva por la contratación de abogados particulares, consultantes o peritos (...) constituye un comportamiento inadmisible que atenta contra claros principios constitucionales y legales elementales en todo Estado de derecho democrático", sostienen.
Por toda esas razones, los abogados piden a Gómez que investigue el accionar de los representantes del ministerio público y "dicte las recomendaciones, medidas correctivas o instrucciones que correspondan".
Entre los firmantes están el abogado Juan Fagúndez (presidente de la asociación), Eduardo Sasson, Gumer Pérez, Enrique Moller, Jorge Pereira Schurmann, Jorge Barrera, Alejandro Balbi, Ignacio Durán, Martín Frustaci y Daiana Abracinskas.
"Los pedidos de prisión preventiva por parte de los fiscales basados en la contratación de un abogado particular amenaza directamente ese derecho de 'designar libremente defensor de su confianza'", agregaron en el escrito con fecha del 12 de octubre.
