Abogados reclaman habilitar audiencias y trámites remotos para levantar "freno" judicial

Desde el 16 de marzo la Suprema Corte de Justicia decretó la feria judicial sanitaria, que se extendió y ahora rige hasta el próximo 30 de abril. Esto implicó la suspensión de todas las actividades programadas, tales como audiencias e inspecciones oculares, entre otras, y se trabaja únicamente en casos de urgencia en juzgados penales o algunas excepciones de juzgados de familia para las que se solicita que se levante la feria.

Los abogados que trabajan en derecho laboral y tenían audiencias fijadas en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social también vieron frenado su trabajo, ya que todas las instancias fueron suspendidas.

Los sistemas judiciales de otros países que se encuentran atravesando la emergencia sanitaria apuntaron a retomar la actividad. En España, una resolución del 13 de abril adopta el teletrabajo y turnos de prestación de servicios garantizando un mínimo de funcionarios. En tanto en Argentina se implementó la firma digital y la celebración de audiencias vía online.

El Colegio de Abogados del Uruguay quiere implementar algo similar, por eso este lunes presentaron en el Parlamento un proyecto de ley sobre la utilización de tecnologías de la información y comunicación en procesos jurisdiccionales.

Diego Pescadere, presidente del Colegio de Abogados, dijo a El Observador que a diferencia de los otros poderes del Estado que continúan utilizando el teletrabajo y recurren a la tecnología para continuar los procesos, en el Poder Judicial "se frenó todo".

La Suprema Corte de Justicia a priori está "de acuerdo" con lo que propone el proyecto, según dijeron fuentes del máximo órgano del Poder Judicial a El Observador. De hecho, afirmaron que desde hace algunos años el organismo viene recorriendo un "camino hacia la digitalización" de varios procesos. A modo de ejemplo, señalaron, que hay al menos "350 sedes judiciales" en las que se admiten la "firma digital", y desde febrero de este año es obligatoria la inscripción de testamentos que hacen los escribanos vía online, entre otros cambios.

De todos modos, en la actual coyuntura el sistema judicial está paralizado y ello trajo problemas económicos a algunos profesionales que no reciben ingresos al verse imposibilitados de trabajar. 

Por esto, el gremio de abogados trabaja para que "cuanto antes se retome la actividad lo más normal posible". Aunque entienden que algunas instancias se deben realizar de forma presencial, en otros casos es posible implementar mecanismos que permitan el trabajo a distancia.

El proyecto de ley plantea la realización de actos procesales escritos por medios electrónicos o telemáticos, la realización de audiencias a través de videoconferencia u otros medios electrónicos y la asignación de turnos especiales para las instancias presenciales, entre otros aspectos.

Pescadere explicó que además de la situación personal de los abogados, quienes se ven perjudicados son los usuarios de la administración de Justicia. "Tenemos que velar por los intereses de los justiciables, intentar que haya Justicia de vuelta", sostuvo.

El abogado dijo que existe "buen diálogo" con el Poder Judicial para "implementar alternativas" que permitan retomar las actividades.

Aportes a la caja

Luego del decreto del gobierno que estableció la emergencia sanitaria el 13 de marzo, el Colegio de Abogados realizó gestiones ante la Caja de Profesionales Universitarios para retrasar el pago de la mensualidad. Finalmente, se aplazó hasta el 15 de abril el vencimiento de los aportes previstos para antes del 31 de marzo.

"No pedimos la exoneración porque se tiene que establecer por ley. Además, la caja es un mecanismo de seguridad social y si yo exonero del pago hago que se achique el monto que se recauda e impacta en los que tienen que cobrar", afirmó Pescadere.

Un grupo de abogados independientes logró juntar más de 1.000 firmas que fueron enviadas a la Caja de Profesionales solicitando que se exonere el pago de los aportes hasta que culmine la feria judicial sanitaria.

Leticia Bonilla fue una de las impulsoras de la iniciativa. "Todos los que firmaron son abogados independientes, nuestra única fuente de ingresos es el día a día", contó a El Observador.

Bonilla vinculó la situación de estos abogados con el cierre de empresas que dejaron de producir por la pandemia. "Al cerrar los juzgados, es como que cierren la empresa en la que trabajamos y no hay ninguna prestación, no hay un subsidio. Quedamos en cero y no hay ningún tipo de ingresos", reclamó. 

Por esa razón, varios profesionales se declararon en no ejercicio, por lo que no deben realizar los aportes mensuales. Bonilla, que abona $ 9.000 al sistema previsional, debió tomar esa resolución. "No me quedó otra opción", contó. La abogada tenía algunos ahorros que está utilizando en este tiempo en el que no percibe ingresos. "Si uno no genera ingresos se acaban (los ahorros). Por ahora estoy en stand by esperando a que el 30 de abril se levante todo", afirmó.

Patricia Sención se encuentra en una situación similar. Trabaja por su cuenta, tiene un hijo pequeño que mantener y remarca que no cuenta con un "respaldo económico" que le permita "aguantar la situación" hasta que termine la emergencia sanitaria. 

"Hace un mes que estoy totalmente parada y por ahora voy llevándola pero si se extiende no voy a tener como hacer frente las obligaciones del diario vivir. Esa es la realidad", puntualizó.

Al haber solicitado la baja de los aportes, no puede aceptar eventuales trabajos que le surjan. "No la vas a pagar por las dudas porque es muy pesado el costo de la caja. Creo que la mayoría estamos acudiendo a la misma resolución de darnos de baja", afirmó.

Soluciones económicas

Pescadere afirmó que hay abogados que atraviesan situaciones económicas "más duras que otras". En estos casos, si perdieron los ingresos, no son funcionarios públicos ni tienen clientes fijos, desde el Colegio de Abogados piensan en la posibilidad de implementar un préstamo blando para que puedan acceder estos profesionales afectados.

Sin embargo, aclaró que en todas las situaciones de crisis "hay gente que es necesario que el Estado ayude primero antes que a los profesionales", por eso se trabaja principalmente para que el sistema judicial vuelva a funcionar y de esta forma que los abogados retomen sus ingresos. "Tenemos que intentar actuar en la causa", dijo en referencia a la paralización de las actividades.

El abogado dijo que recibieron "la sensibilidad de las autoridades" ante la situación crítica que atraviesan "quienes trabajan de forma independiente y a los grandes estudios que enviaron al seguro de paro".

Escribanos afectados

El presidente de la Asociación de Escribanos del Uruguay, Atalívar Cal, afirmó que en el gremio notarial "se ha producido una muy fuerte caída del trabajo producto de las limitaciones a la actividad impuestas por la Dirección General de Registros y demás oficinas públicas".

Por otra parte las oficinas del Estado han cambiado su forma de trabajo "generando a veces muchas dificultades", detalló. "Hay algunas oficinas que tienen escasas respuestas a los problemas planteados y con el Poder Judicial se cercenó la posibilidad de trabajo en juzgados porque decretó feria sanitaria. Estamos ante un momento difícil porque las estructuras notariales siguen funcionando pero la generación de trabajo no se está produciendo", afirmó.

Por esta razón, la gremial realizó gestiones para que el seguro de desempleo pueda amparar a los empleados de las escribanías y de la Asociación de Escribanos del Uruguay. "Hasta la fecha los escribanos no pueden enviar empleados al seguro de desempleo porque la Caja Notarial no cubre esa posibilidad", apuntó Cal.

Además, solicitaron al gobierno que aquellos escribanos que perdieron todos sus ingresos, sean socios de la Asociación o no, puedan verse contemplados con el diferimiento de los plazos para el pago de obligaciones fiscales y con obtención de préstamos equivalentes a los ofrecidos a las empresas monotributistas y del Literal E: $ 12.000 por dos meses en Unidades Indexadas.