Advierten riesgo del manejo arbitrario de las estadísticas por parte del gobierno
En el manejo de indicadores que monopoliza el gobierno funcionarios reconocen que a veces se ven tentados a hacer un “uso sesgado” de los datos
En el manejo de las cifras del Estado tiene que haber un buen nivel de “profesionalismo” porque el “uso sesgado” de esos datos tiene “patas cortas”, dijo a El Observador el senador y exdirector de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Enrique Rubio (Vertiente Artiguista).
En Uruguay existe información confiable y profesional. La tarea del Instituto Nacional de Estadística (INE), por ejemplo, no recibe cuestionamientos ni del más acérrimo opositor. Sin embargo, hay realidades o temas sensibles sobre los que los gobiernos deciden cómo informarlos, cuándo informarlos o con qué compararlos para que arrojen resultados positivos y pueden llevar a lecturas engañosas.
En los últimos meses –y con la campaña electoral en el medio– el gobierno informó indicadores de salud, seguridad y educación con fines políticos. Así ocurrió con los datos de mortalidad infantil divulgados la semana pasada en los que se eligió comparar con los últimos 20 años y se dijo que no es bueno informar el año a año, mientras que en 2011 se había informado con bombos y platillos del registro del mejor resultado en años. O hace dos meses con el plan siete zonas, aplicado a barrios con altos niveles de inseguridad, se informó de un brusco descenso en los delitos pero tomando un período de seis meses (ver página 3).
El manejo de los datos sobre delitos le costó el puesto a Rafael Paternain, sociólogo a cargo del Observatorio de Violencia y Criminalidad del Ministerio del Interior durante los dos gobiernos del Frente Amplio. El profesional renunció en 2010 luego de una presentación de datos en la que el ministro Eduardo Bonomi tomó algunas de las cifras del Observatorio y otras que elaboró el equipo técnico del ministerio. El secretario de Estado eligió comparar las cifras de delitos de 2010 año con las de 2008 –de modo que indicaran un descenso- y no con las de 2009, debido a que mostraban un aumento. Paternain dijo que esos datos no eran del Observatorio “ni estaban chequeados” por esa dependencia.
El manejo de cifras genera una discusión extendida en la academia. En el Instituto de Ciencia Política de la Facultad de Ciencias Sociales el uso de los datos y la información por parte de los gobiernos son objeto de debate tanto en clase como en trabajos técnicos, referente, según explicó a El Observador el docente de Ciencia Política, Adolfo Garcé. Agregó que en Uruguay está “extendido” y es “común” que se generen datos y construyan indicadores para justificar decisiones políticas tomadas con anterioridad, cuando lo deseable es que se tomen decisiones en base a diagnósticos alcanzados en base a datos objetivos. “Políticos y técnicos tienen una relación compleja y tensa en el ejercicio de gobierno”, afirmó Garcé.
Para entender el valor de las cifras que se divulgan es necesario que se de a conocer la metodología utilizada para medir los datos, opinó el doctor en Estadística y profesor de la Facultad de Ciencias Económicas de la Universidad de la República, Gabriel Camaño. “Si un año los resultados arrojan que hubo 10% de arrebatos pero al año siguiente cambian la definición de arrebatos y da 2%, no es que bajaron los arrebatos sino que cambiaron la definición, y por lo tanto se están midiendo dos cosas distintas”, señaló a El Observador.
También indicó que la información disponible en los organismos tiene que ser pública y es importante que se divulguen tanto los buenos como los malos resultados. De todos modos, indicó que en la mayoría de los organismos públicos se hacen estadísticas básicas y son hechas por funcionarios administrativos y no por expertos en estadística o en economía.
“Boomerang”
Rubio, director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto durante el gobierno de Tabaré Vázquez advirtió a El Observador que puede convertirse en un “boomerang” dar a publicidad datos “positivos” por encima de las cuentas pendientes del gobierno. En su opinión, el Frente Amplio tiene la necesidad de construir un “relato” del impacto de sus políticas, pero necesariamente debe contrastarlas con lo heredado. Y en esa dinámica puede aparecer el peligro de manipular las cifras.
“Por razones de verdad y de coyuntura no es conveniente solo presentar los logros y esconder los déficit”, advirtió Rubio. Para el senador oficialista esa premisa es aplicable en temas donde la población demanda soluciones, como educación y seguridad. No es posible esconder que se necesita mejorar en educación o en algunos indicadores de seguridad, apuntó.
“Hay una tendencia simplista a decir que está todo bien desde el gobierno, y que está todo mal desde la oposición. Y en eso se juega la credibilidad”, agregó Rubio.
Conrado Ramos, hoy candidato a vicepresidente por el Partido Independiente (PI) en la fórmula con Pablo Mieres, ocupó durante el gobierno de Tabaré Vázquez y también con José Mujica la subdirección de la OPP, donde intentó incorporar sistemas de evaluación y manejo de datos de gobierno. Se alejó en 2010 de la OPP por diferencias con el gobierno de Mujica.
Consultado ayer por El Observador, Ramos dijo que una de las razones por las cuales el Poder Ejecutivo debe generar y manejar cifras confiables es la exigencia de los organismos internacionales, ya sea para ser calificado como para avanzar en financiación de programas.
En su opinión, lo principal a mejorar es con qué se comparan los datos que presenta la administración. Es decir, que el dato presentado tenga un punto de comparación para tener dimensión de su importancia. Ya sea con antecedentes, pero también con objetivos.
Ramos recordó en ese sentido que al iniciar el actual gobierno le planteó a Mujica hacer firmar a los ministros un compromiso de gestión. Con ese documento, adonde los jerarcas establecían sus metas de la gestión, habría forma de medir y comparar los resultados de sus políticas, tanto para considerar si son exitosas, como para saber si es necesario corregirlas a tiempo para revertir el impacto.
Plan siete zonas y sus resultados expres
Hace dos meses, el gobierno divulgó los primeros datos sobre la aplicación del plan “Siete zonas”, aplicado desde 2013 en barrios del área metropolitana donde los niveles de pobreza e inseguridad superan la media nacional. Los ministros Eduardo Bonomi (Interior) y Daniel Olesker (Desarrollo Social) mostraron en el consejo de ministros del martes 24 de abril un informe sobre el impacto concreto del plan en el que destacaron el descenso de los niveles delictivos. En un resumen ejecutivo divulgado por el Ministerio del Interior junto a un comunicado elaborado por el asesor Gustavo Leal, el gobierno informó que los homicidios bajaron “100%” en la mayoría de los barrios en el período de aplicación del programa. Ello, si bien es cierto, reflejaba la comparación de un caso o dos contra ninguno en cada barrio. En Marconi, por ejemplo, se informó que habían bajado 100% los homicidios porque había habido dos homicidios entre octubre de 2012 y setiembre de 2013 y ninguno en los seis meses previos a la presentación de los datos.
Justicia obligó a informar sobre liceos
Los resultados educativos también son materia de discusión pública. La mayoría de los indicadores no son buenos para los intereses del gobierno, y es por ello que a menudo se ocultan o buscan relativizar. El suplemento Qué Pasa, del diario El País, tramitó un pedido de acceso a la información para conocer el nivel de repetición por cada liceo del país. Las autoridades se negaron a entregar la información, y por eso el tema llegó a la Justicia, que ordenó entregar los datos. Finalmente esa información reveló detalles antes desconocidos. En 2012 el 5% de los liceos de Ciclo Básico de todo Uruguay alcanzó un índice de repetición superior a 50%. Ese mismo guarismo se registró en 15% de los liceos de la capital. Además, en 70% de los centros de Montevideo repitió uno de cada tres estudiantes. Si se toma a todo esa cifra abarca al 40% de los centros de estudio. Una vez divulgados los datos, legisladores del Frente Amplio criticaron a la prensa por informar. Consideraron que de esa forma se “estigmatizaba” a los alumnos.
