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Gobernar en forma eficaz exige trabajo coherente en equipo. Uno de los errores más graves del expresidente José Mujica fue ignorar este principio elemental de buena administración al dividir el manejo de la economía, génesis de la dura controversia actual sobre ANCAP, que fractura la unidad del Frente Amplio al enfrentar a sus líderes más conspicuos. Mujica acusó públicamente al ministro de Economía, Danilo Astori, de hostigar tardíamente ahora al ente petrolero en vez de haber planteado antes en el Consejo de Ministros, cuando era vicepresidente, sus objeciones al manejo de la empresa.

La contundente respuesta de Astori no se hizo esperar. Le recordó a Mujica las reiteradas denuncias que él y el entonces ministro del área, Fernando Lorenzo, hicieron en el Consejo de Ministros, especialmente en una áspera reunión en 2012, de que ANCAP y otras empresas públicas estaban “fuera de control”. Señaló que estos planteos, que Mujica dice que no existieron, fueron desatendidos por el expresidente y por la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), responsable de ese sector estatal, en vez de aprobar controles correctivos. Astori puso el dedo en la llaga al enfatizar que las autoridades de la OPP fueron contrarias a las políticas del ministerio. Este fue el gran desacierto de Mujica. Al ser electo, anunció que dejaría la economía en manos de Astori. Pero rápidamente dio marcha atrás y dividió la conducción económica en dos equipos de visión antagónica. Hasta ese momento el ministerio y la OPP habían integrado un armónico equipo único desde el restablecimiento de la democracia, como ha vuelto a hacer sensatamente el presidente Tabaré Vázquez.

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No solo el Frente Amplio y su gobierno, sino el país entero pagan ahora el precio de que Mujica haya tirado por la ventana una norma fundamental de buen gobierno. ANCAP se tambalea en la insolvencia, con pérdidas que por lo menos triplican las vaticinadas a mediados de año y que se agregan a los US$ 600 millones en rojo acumulados previamente. Se anticipa una recapitalización gigantesca del ente, de no menos de US$ 1.400 millones, que se financiarán con más endeudamiento público o con los aportes tributarios de todos los uruguayos.

Vázquez, apuntalando la posición de Astori y su sector, ha adelantado su decisión de remover directores y gerentes si fuera necesario para mejorar la pobre gestión del ente, que salpica inclusive al vicepresidente Raúl Sendic, presidente de la empresa hasta el año pasado. Y desde el sector de Sendic se ha acusado a Astori de querer privatizar ANCAP. El cargo no solo es inconsistente sino también inviable, ya que sería misión imposible encontrar capitales privados dispuestos a intervenir en un monopolio estatal de inocultable ineficiencia.

En pocos días la comisión parlamentaria que investiga los malos negocios, las inversiones descuidadas y hasta presuntas irregularidades en ANCAP, finaliza su trabajo. Sus conclusiones tal vez resuman las denuncias de los legisladores opositores y la defensa del ente por los del oficialismo. Pero, al margen de su dictamen, nada puede ocultar la mala administración de la empresa durante muchos años, estallada en la profunda división que el tema ha generado en la gobernante alianza de izquierda, ni atenuar el profundo traspié conceptual de Mujica de pensar que podía gobernar eficazmente nombrando a dos equipos económicos enfrentados e incompatibles.

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