Los gobiernos suelen cometer errores. Lo preocupante ocurre cuando el error consiste en anunciar dinero que no existe. Eso fue exactamente lo que sucedió con los 20 millones de dólares que el Ministerio de Educación y Cultura presentó para la remodelación de la Biblioteca Nacional y que luego la propia Oficina de Planeamiento y Presupuesto, que participó en ese evento, debió relativizar públicamente.
El episodio merece una reflexión más profunda que la simple anécdota administrativa. Porque no se trató de un error en una cifra secundaria ni de una confusión menor en una conferencia de prensa. El Ministerio de Educación y Cultura junto al Ministerio de Transporte y Obras Públicas anunciaron una inversión millonaria para la remodelación de la Biblioteca Nacional. El proyecto fue presentado como una decisión tomada, respaldada y encaminada. Poco después, el propio director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto, Rodrigo Arim, debió aclarar públicamente que esos recursos no existen y que se trató de un "error de comunicación".
Conviene detenerse un momento en esa expresión. Un error de comunicación ocurre cuando un mensaje correcto es transmitido de forma equivocada. Lo que sucedió aquí fue algo muy distinto. Se anunció un financiamiento que no estaba asegurado. Se presentó como una realidad lo que todavía era una aspiración. Claramente, no es un problema de comunicación. Parece un problema de gestión.
Ante esta circunstancia, la pregunta inevitable es cómo ocurrió. ¿Nadie verificó la disponibilidad de los recursos antes de anunciar el proyecto? ¿Nadie consultó al Ministerio de Economía? ¿Nadie consideró que una inversión de semejante magnitud requiere respaldo presupuestal antes de convertirse en un acto público? Porque si el Ministerio de Educación y Cultura anuncia 20 millones de dólares que la OPP termina aclarando que no existen, ¿estamos realmente ante un problema de comunicación? ¿O estamos ante un problema de coordinación? ¿O, peor aún, ante un caso de improvisación?
¿Cuál es entonces la verdadera política del gobierno: la que comunica Economía o la que anuncian los ministerios?
La pregunta final es tan sencilla como inquietante: ¿el gobierno dialoga consigo mismo?
Las respuestas importan porque el episodio trasciende largamente a la Biblioteca Nacional.
Nadie discute la importancia de esa institución. Al contrario. La Biblioteca Nacional es uno de los principales reservorios de la memoria intelectual del país. Merece atención, inversión y planificación. Precisamente por eso resulta tan improcedente convertir una necesidad legítima en un ejercicio de voluntarismo político.
Las prioridades de un gobierno se expresan también en la asignación de recursos. El propio equipo económico ha señalado reiteradamente que Uruguay enfrenta desafíos urgentes en materia de seguridad, infancia y pobreza infantil. Son áreas que compiten diariamente por recursos escasos. Gobernar consiste justamente en administrar esa escasez. No en ignorarla.
Existe una tradición política en los gobiernos del Frente Amplio de privilegiar el anuncio sobre la viabilidad del proyecto. La historia reciente ofrece ejemplos conocidos. La regasificadora de Gas Sayago fue presentada como una obra estratégica para transformar la matriz energética del país. El puerto de aguas profundas en Rocha apareció como una iniciativa destinada a cambiar la posición logística del Uruguay en la región. Durante el segundo gobierno de Tabaré Vázquez, la exploración petrolera fue comunicada con un entusiasmo que llevó a muchos uruguayos a imaginar un futuro productor de hidrocarburos. Recientemente, la compra la estancia María Dolores para plantaciones e instalación de 16 productores lecheros para generar igualdad en el medio rural. Los titulares llegaron primero. La realidad apareció después. El problema es que cuando la distancia entre las expectativas generadas y los resultados obtenidos se vuelve una constante, lo que termina deteriorándose no es solamente un proyecto. Es la credibilidad misma de la palabra pública.
La credibilidad de un gobierno no depende únicamente de sus intenciones. Depende también de la consistencia entre lo que promete y lo que efectivamente puede cumplir.
En política es legítimo hablar de aspiraciones. Lo que resulta difícil es transformarlas en realidad efectiva, concretarlas. La primera responsabilidad de un gobierno es distinguir con claridad entre lo que desea hacer y lo que efectivamente puede hacer.
Ahora, luego de la rectificación pública, las autoridades explican que buscarán caminos alternativos de financiamiento para intentar concretar el proyecto. Puede suceder. Ojalá suceda. Pero esa discusión pertenece al futuro. La discusión del presente, por lo menos a la interna del gobierno, debe ser otra.
Porque antes de discutir cómo se financiará la obra, el gobierno debe explicarnos cómo llegó a presentarla como financiada cuando no lo estaba.
