Los jueces se basaron en un informe elaborado por los ministros de tribunales de apelaciones Graciela Castro, Rossina Rossi y Julio Posada que concluyó que están validados de realizar paro porque “por más que sean soportes de órganos estatales que ejercen la función jurisdiccional, también son funcionarios estatales de carrera”. En esa calidad los unen intereses comunes y por ello, como colectivo conforman un gremio.
“Desde el punto de vista individual, cada uno es titular de derechos específicos inherentes a la condición de trabajador del Estado”, especificó el estudio.
“Desde el punto de vista colectivo, nuestro gremio es titular de libertades y derechos”, agregó el informe. Entre los derechos mencionó el derecho a la libertad sindical y los derechos comprendidos en “el bloque de constitucionalidad de los derechos humanos y de protección del trabajo”.
Según esta posición, al formar parte de un gremio, gozan de libertad sindical que los “habilita a tomar medidas colectivas de defensa de derechos e intereses”.
“Dentro de estas medidas corresponde una graduación en la que el último recurso es el derecho de huelga, reconocido como derecho gremial por la Constitución de la República”, concluyeron.
