Así fue el allanamiento del hotel donde se quedaban los iraníes del avión retenido en Ezeiza

El operativo comenzó en la noche del lunes 13 de junio, y estuvo a cargo de la Policía Federal. Según fuentes especiales, la requisa siguió hasta primera hora de la mañana de hoy. Los efectivos ingresaron al establecimiento con orden judicial y buscaron elementos de interés para la investigación, como computadoras personales y pendrives, que podrían estar en posesión de los 19 tripulantes de la aeronave retenida en el aeropuerto de Ezeiza.

Se incautaron "teléfonos celulares, computadoras portátiles y documentación", entre ella los cinco pasaportes de los ciudadanos iraníes, que Villena ordenó retener por al menos 72 horas este lunes mientras continúa la investigación, informaron fuentes policiales a El Observador.

Mientras se realizaba la requisa, todos los tripulantes del avión esperaron fuera de sus habitaciones, en los pasillos del hotel.

El secreto de sumario se impuso a pedido de la fiscal del caso Cecilia Incardona, quien ayer impulsó la investigación y pidió medidas de prueba para determinar si alguno de los tripulantes del avión de la empresa Emtrasur tiene vínculos con el terrorismo internacional.

El avión de la empresa venezolana Emtrasur llegó a Argentina el 6 de junio, y planeaba irse el 7 de junio a Caracas. Sin embargo, las empresas YPF y Shell se negaron a cargar combustible al avión, por lo que los tripulantes decidieron ir a Montevideo el día 8 de junio.

El ministro de Defensa, Javier García, negó el ingreso al país de la nave, luego de que su par de Interior, Luis Alberto Heber, le transmitiera información sobre la situación legal del vehículo. Dicha información llegó al gobierno el día en que el avión pretendía aterrizar en el país. 

Antes de ese incidente, los pasajeros estuvieron en Argentina sin restricción alguna, ya que sus nombres no coincidían con ningún antecedente en el país ni de Interpol, pero el rechazo de Uruguay llevó a que las autoridades argentinas investigaran la situación del avión y sus tripulantes, según el fallo judicial al que accedió El Observador. 

"La comunicación de PSA (Policía de Seguridad Aeroportuaria) de que Uruguay no permitió el ingreso, para Migraciones (de Argentina) fue motivo suficiente de sospecha", sostiene el documento.

El avión venezolano continúa varado por falta de combustible, debido a que "ninguna de las empresas proveedoras accedió a reabastecerlo", según fuentes policiales. Aún si accediera a cargar, el vehículo deberá contar con la autorización para volar del juez Villena, quien además "ordenó que cualquier movimiento que registre la aeronave le sea informado de inmediato", agregaron desde la Policía argentina.

El juez Villena aceptó como querellante a la DAIA, que horas atrás había hecho pública su preocupación por la presencia en el país del avión de "la empresa venezolana Emtrasur, y vinculado a la compañía iraní Mahan Air, sancionada por los Estados Unidos por sus vínculos con actividades terroristas".

Según el relato policial, los ciudadanos venezolanos explicaron de manera informal (todavía no declararon) que "formaban parte de un equipo que recibía instrucción de vuelo sobre la aeronave", que fue vendida hace poco tiempo por Mahan Air a Conviasa, empresa propietaria de Emtrasur. El piloto y copiloto de la nave son iraníes.

A través de un comunicado, la DAIA y la Asociación Mutual Israelita Argentina (AMIA) exigieron "una información exhaustiva y detallada sobre el listado de tripulantes que viajaban en la mencionada aeronave y los motivos de su paso por el país" y luego se presentaron en el expediente judicial que tramita en Lomas de Zamora porque es la jurisdicción que tiene competencia sobre el aeropuerto de Ezeiza.

Fuentes de la DAIA señalaron que, "de acuerdo con lo establecido por la Justicia argentina, los atentados del 17 de marzo de 1992 contra la embajada de Israel en Buenos Aires y del 18 de julio de 1994 contra la AMIA, que aún permanecen impunes, fueron planificados y ejecutados por el Hezbollah, un grupo terrorista financiado y apoyado por la República Islámica de Irán".

Al aceptar a la DAIA como querellante, el juez Villena señaló que esa condición le fue conferida en su "carácter de representante de la comunidad judía argentina que sufriera el atentado a la AMIA/DAIA como víctima directa perpetrado el día 18 de julio de 1994, lo cual le genera un interés genuino para que se investiguen los hechos denunciados".

(Con información de El Cronista.)