La situación legal de los hijos de uruguayos nacidos en España fue uno de los temas principales que trató el canciller Luis Almagro en el marco de su visita oficial en ese país. Este jueves el titular de Relaciones Exteriores planteó la problemática al gobierno español.
Almagro se reunió en Madrid con su homóloga, Trinidad Jiménez, y con la secretaria de Estado de Inmigración y Emigración, Anna Terrón. En estos encuentros el canciller uruguayo puso sobre la mesa la problemática por las nacionalizaciones, informó el portal del diario
El País de Madrid
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Fuentes de la Secretaría de Estado de Inmigración y Emigración indicaron al matutino español que las autoridades de ese país no pudieron responder a Almagro sobre este tema.
España elabora el nuevo Reglamento de Extranjería en el que se estipula que los niños hijos de inmigrantes irregulares en ese país pueden obtener la nacionalidad española en caso de que los padres no tengan nacionalidad o su país de origen no los reconozca como nacionales automáticamente.
En el caso de Uruguay se presenta un problema ya que la legislación reconoce la nacionalidad automáticamente de los hijos de uruguayos sin importar en qué parte del mundo nacieran.
Según publica el portal del diario El País de Madrid, en el marco de la reunión con las autoridades españolas otro de los temas centrales fue establecer mecanismos para facilitar el retorno de los emigrantes uruguayos. Tras el encuentro se informó que ambos países quieren simplificar los trámites para que aquellos uruguayos que quieran retornar al país puedan acogerse al programa de retorno productivo. Consiste en brindar una ayuda al emigrante para que instale un negocio en Uruguay con una suma de 1.500 euros. La cifra puede ascender hasta los 5.000 en caso de que sea una cooperativa.
Además de la problemática migratoria, las autoridades trataron el Marco de Asociación Uruguay-España, acuerdo estratégico por el cual ambos Gobiernos impulsan proyectos de cooperación al desarrollo. El matutino español explica que estos programas serán financiados en un 60% por España y un 40% por Uruguay.
(Observa)
