Alternativas a licitaciones ganan espacio en las compras estatales

Entre 2012 y 2015, el 90% de las contrataciones usó otros procedimientos competitivos

La licitación pública no es el procedimiento o regla de contratación que en la práctica sigue más hoy el Estado para efectuar sus compras, sino que recurre al uso de otros procedimientos competitivos previstos.

Esa es una las conclusiones que plantea el libro Procedimientos de Contratación Administrativa Tocaf 2012 escrito por la asociada sénior de Ferrere, Cristina Vignone, y la directora de Servicios Jurídicos de la Intendencia de Canelones, Natalia Carbajal.

El trabajo presentado ayer analiza los cambios introducidos en 2012 en el artículo 33 del Texto Ordenado de Contabilidad y Administración Financiera (Tocaf), cuya nueva redacción establece que las compras que realice el Estado podrán efectuarse por licitación pública, pero también mediante otros procedimientos competitivos, salvo excepciones.

En este sentido, se entiende que la modificación implica "un sinceramiento" del artículo a la legislación. "¿No era también antes el procedimiento competitivo expresamente previsto el mecanismo regla al que podía recurrir el Estado?, se preguntó Vignone.

La realidad marca que entre 2012 y 2015 el porcentaje de contrataciones directas y contrataciones por excepción representaron 90% de las contrataciones realizadas por el Estado, mientras que las licitaciones públicas y abreviadas fueron solo 10%. En el año 2014 se compraron por licitación pública alrededor de US$ 300 millones y unos US$ 800 millones por excepción o contratación directa.
El artículo 33 del Tocaf establece el tipo de procedimiento que debe seguirse según el monto de la contratación a realizar. Para la compra directa el tope a valores actuales es de $ 379 mil, para la licitación abreviada $ 7,6 millones y para la licitación pública por encima de ese monto.

No obstante, el artículo 44 del Tocaf establece la posibilidad de ampliar los montos de las adquisiciones según el tipo de procedimiento. Para la compra directa ampliada hasta $ 1,4 millones y para la licitación abreviada ampliada hasta $ 45,5 millones. La presentación contó con la participación del ministro del Tribunal de Cuentas de la República (TCR), León Lev, y el director de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, Pedro Apezteguía.

Apezteguía definió como uno de los grandes avances de la nueva versión del Tocaf, la existencia de un sitio web donde todos los proveedores pueden consultar sobre los procedimientos de compras públicas que realiza la administración.

Además, resaltó el papel de la Agencia de Compras y Contrataciones del Estado, como organismo de contralor que, según dijo, el Poder Ejecutivo "se da a sí mismo" para trabajar.
"Creo que la única manera de avanzar en el mejoramiento de la aplicación de la transparencia es que haya alguien que se encargue de identificar y promover las buenas prácticas, de dar soporte administrativos a los procedimientos", apuntó. Por otro lado, sostuvo que la eliminación de algunas licitaciones públicas como consecuencia de un aumento en los montos límites de las licitaciones abreviadas ha logrado disminuir de forma sustancial los plazos de compra del Estado.

A su turno, Lev destacó la importancia del TCR que, según dijo, debe tener un control "disuasivo".
"Cuando uno siente que no es controlado hay tentaciones que hay que eliminar", apuntó. Según explicó, más del 90% de las observaciones que realiza el TCR son de procedimiento.

En ese sentido, añadió que el tribunal "no es un organismo ignorado porque a ningún administrador le gusta una observación. Si luego tiene que ir a la Justicia, el juez lo primero que le va a preguntar es qué hizo frente a la observación", afirmó. Además, consideró que todos los administradores cuando entran a un ente o dependencia del Estado deberían hacer un curso sobre cómo se tienen que hacer las compras.

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