Ambigüedad oficial en derechos humanos
El doble discurso del Frente Amplio y su gobierno ha quedado en evidencia a raíz de la condena al político opositor venezolano Leopoldo López
El ambiguo doble discurso del Frente Amplio y su gobierno en materia de derechos humanos ha quedado en evidencia a raíz de la condena a casi 14 años de prisión del líder opositor venezolano Leopoldo López. Contrariamente a lo denunciado en múltiples foros, la farsa jurídica del régimen absolutista que encabeza Nicolás Maduro solo ha merecido en la alianza de izquierda silencio gubernamental y hasta alguna justificación, como el comentario de la senadora y expresidenta del FA, Mónica Xavier, de que el fallo “es entendible”.
En el FA se sigue proclamando defensa de los derechos humanos en los reclamos de castigo por crímenes de hace cuatro décadas durante la dictadura o cuando se traen refugiados sirios y presos de Guantánamo. Pero, al igual que con la dictadura cubana, se los ignora ante los atropellos de un gobierno que ha hecho trizas el estado de derecho y que tiene a la estructura judicial como obediente servidor de los caprichos y desplantes del presidente caraqueño.
Es una actitud solo explicable por las simpatías de vastos sectores frenteamplistas con el extremismo del socialismo chavista. Es posible que incida también el temor a poner en peligro un reciente acuerdo comercial por US$ 300 millones para exportar lácteos y otros productos, que Maduro puede trancar si cae en uno de sus frecuentes enojos cuando no le hacen el gusto. El argumento frenteamplista es que no corresponde pronunciarse sobre un problema interno de otro país. Pero no solo discrepan respetables dirigentes de la oposición, como el senador Pablo Mieres, que se topó con el rechazo del canciller Rodolfo Nin Novoa cuando reclamó un pronunciamiento contra la condena de López. Rupert Colville, alto comisionado de Naciones Unidas para los Derechos Humanos, denunció las irregularidades cometidas en el juicio contra el dirigente venezolano. Amnistía Internacional, tan respetada por la izquierda, afirmó que los cargos contra López no fueron sustanciados y que su condena “tiene una clara motivación política”. En igual sentido se pronunciaron la Unión Europea y Estados Unidos. Pero todas las condenas caen en oídos sordos tanto de Maduro como de sus amigos de la Unasur.
El presunto delito de López fue haber sido uno de los dirigentes opositores que lideraron manifestaciones opositoras, entre enero y mayo del año pasado, contra las ilegales violaciones de Maduro a la libertad de expresión, fueros parlamentarios y otros muchos derechos constitucionales. Los manifestantes fueron brutalmente reprimidos por las fuerzas de seguridad, con el resultado de 43 muertos y cientos de heridos. Decenas fueron encarcelados y sometidos a torturas en las celdas militares del régimen, según denunciaron organismos defensores de los derechos humanos.
Pero el castigo no cayó sobre los responsables de esos delitos sino sobre un dirigente elegido como advertencia a toda la oposición venezolana, unificada en la Mesa de Unidad Democrática (MUD). A diferencia del otro principal líder opositor Henrique Capriles, que quiere desalojar al chavismo por la vía electoral, López ha reclamado la renuncia de Maduro, actitud que lo convirtió en blanco de la ira presidencial, apañada en Uruguay por el Frente Amplio y su gobierno. Mientras haya gobiernos de la región que miran para otro lado, la única esperanza de López para recuperar la libertad que le ha sido arrebatada es que los comicios legislativos del 6 de diciembre (si el chavismo no busca algún pretexto para cancelarlos, como muchos temen) sea el comienzo del fin de un régimen que avergüenza al continente.
