Ambigüedad oficial sobre compensación a Montes del Plata

El impuesto a la tierra puede cambiar las ecuaciones del proyecto forestal-industrial establecidas por contrato

En el marco de la formalización del proyecto para crear un impuesto a las extensiones de tierra mayores a las 2.000 hectáreas, el gobierno se mostró ambiguo sobre la interpretación de un convenio de inversiones firmado con el consorcio forestal Montes del Plata –dueño de 230 mil hectáreas– que establece una “compensación” para la firma en caso de cambios en el sistema tributario.

Dicha circunstancia fue señalada por el líder de Vamos Uruguay, Pedro Bordaberry, quien insistió en que ese acuerdo había tenido inicialmente un régimen de confidencialidad, luego levantado.

El gobierno se preocupó más por responder al legislador colorado que de esclarecer si el convenio de inversiones garantiza a Montes del Plata una protección contra el impacto del nuevo impuesto.

Frente a declaraciones del director de la Oficina de Planeamiento y Presupuesto (OPP), Gabriel Frugoni, Bordaberry le pegó duro el martes: “Está mintiendo cuando dice que Montes del Plata va a pagar”. Frugoni este miércoles respondió que el político colorado “está defendiendo sus intereses”.

Análisis nacionalista

Los blancos, en tanto, decidieron adoptar un perfil bajo y encomendaron a equipos técnicos de tributaristas y constitucionalistas para examinar a fondo el proyecto de ley a los efectos de emitir un pronunciamiento la semana próxima con los fundamentos en la mano.
Las objeciones constitucionales y también la posibilidad de una polémica a raíz del convenio con Montes del Plata había sido advertida al presidente José Mujica por el astorismo, sector opuesto al tributo, dijeron fuentes políticas.

El gobierno por un lado habla de la posibilidad de atender lo acordado por la empresa, pero Frugoni expresó que sus cláusulas no implican “devolver” el impuesto. El acuerdo firmado por el secretario de Presidencia, Alberto Breccia, en nombre del Poder Ejecutivo y el consorcio integrado por la empresa chilena Arauco y la sueca Stora Enso, socias en el proyecto para construir una planta, refiere específicamente a modificaciones eventuales en el régimen impositivo.

Establece que “para el caso que hubiera cambios significativos en el régimen tributario que afectaran negativamente las condiciones económicas del proyecto de Montes del Plata durante la vida del mismo, las partes revisarán los beneficios especiales que se otorguen en el marco de la ley de inversiones para compensar por esta vía los citados eventuales perjuicios”.

Aclaración de la empresa

La gerenta de comunicaciones y asuntos públicos de Montes del Plata, Carolina Moreira, dijo a El Observador que el convenio representa “un procedimiento normal en el mundo ante la instalación de inversiones de gran porte”.

Agregó que en el texto el gobierno “se compromete a mantener las condiciones de estabilidad al momento del estudio de viabilidad” del proyecto. Moreira subrayó que esas serían las únicas declaraciones que formularía.

Frugoni, director de la OPP –e integrante del equipo presidencial que redactó el proyecto en contra de la opinión del Ministerio de Economía y el vicepresidente Astori–, habló del impuesto y del convenio con Montes del Plata en radio Uruguay: “Este puede ser un caso de revisión (de las exoneraciones), claro, pero ya tienen los beneficios por la parte industrial. Hoy no es elegible la parte agropecuaria de las plantaciones. Ya tiene los beneficios, se podrá revisar si mañana hacen otras inversiones”.

“Acá (el convenio) lo que dice es que las partes revisarán los beneficios que se otorguen. Ya se dieron beneficios. La empresa solicitará, pero no se trata de que vamos a devolver. Lo que se dice es una falacia, acá el impuesto va para todos. Si quedara margen, porque quizá en su momento no se dieron todos los beneficios posibles, podría mejorar algo, pero eso no quiere decir devolvemos”, dijo. Y concluyó: “Pero hay que demostrar primero que le ocasiona un problema en su ecuación económica, y después revisar. Lo revisarán las partes y llegarán a un acuerdo, pero esto no es dramático como se plantea”.

Polémica jurídica

El impuesto propuesto para gravar en forma progresiva las propiedades mayores a 2.000 hectáreas desató una polémica sobre la constitucionalidad de la iniciativa. También eliminó las exoneraciones fiscales a los productores forestales a los efectos de la aplicación del tributo, lo que a juicio de algunos juristas es legal pero puede abrir paso a reclamaciones.

En la edición de El Observador del miércoles el jurista Alberto Varela (CPA Ferrere), entre otros, consideró el proyecto inconstitucional por entender que es un tributo nacional dirigido al ámbito municipal. Pero la abogada Gabriela Jourdan (Estudio Jiménez de Aréchaga, Viana y Brause) entiende que “de acuerdo al artículo 297 numeral 1 de la Constitución, los impuestos sobre la propiedad inmueble rural serán fijados por el Poder Legislativo”.

Agregó que “el destino de lo producido y su recaudación son áreas de competencia de los gobiernos departamentales”. También señaló que las exoneraciones fiscales en el área forestal tenían un plazo determinado y que ello “podría ser susceptible de generar la responsabilidad del Estado”.

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