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Amnistía Internacional: aborto clandestino predomina en Salto
Los médicos de ese departamento presentaron objeción de conciencia
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08 de marzo de 2016 a las 05:00
Todos los ginecólogos de Salto presentaron objeción de conciencia para evitar recetar un medicamento que interrumpe el embarazo. En ese departamento, muchas mujeres recurren a médicos o personas dispuestas a hacerlo por fuera del sistema de salud. "Testimonios recogidos señalan que 'las mujeres acuden más para consultar por complicaciones de abortos realizados fuera del sistema de salud que para practicarse Interrupciones Voluntarias del Embarazo (IVE)'", dice el informe de Amnistía Internacional presentado ayer en en el Centro de Formación de la Cooperación Española de Montevideo.
El organismo cita en este aspecto un informe del colectivo Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), que agrega que "el desconocimiento de la legislación promulgada las expone a posibles medidas judiciales dado que cuando se practica fuera del Sistema Nacional Integrado de Salud se comete un delito de aborto".
Aunque el informe no lo menciona, un médico fue procesado con prisión el mes pasado por practicar un aborto clandestino a una mujer en Florida. La mujer de 21 años murió tras una intervención realizada cuando cursaba la semana 19 de embarazo. También fue procesado con prisión la pareja de la mujer por acompañarla a practicarse el aborto aunque denunció el hecho ante la Justicia.
Amnistía Internacional destaca que las mujeres de Salto "no pueden acceder en condiciones de igualdad con las mujeres de Montevideo a un servicio garantizado en la salud publica uruguaya". Agrega que "es difícil imaginar un servicio de salud exclusivo para hombres, en ocasiones necesario para salvar la vida y la salud de ellos, que les sea denegado por razones de conciencia". El informe asegura que "ante esta situación, el Estado buscó saldar este obstáculo con la presencia de una ginecóloga que se traslada desde Montevideo (a 500 kilómetros) una vez por semana para brindar el servicio de IVE tanto en un servicio privado como en el sector público del departamento". El Parlamento aprobó en 2012 una ley que permite la interrupción del embarazo por petición de la mujer hasta las 12 semanas de gestación.
El informe también advierte que las defensoras de derechos sexuales y reproductivos cuentan con custodia sindical por el hostigamiento de grupos que se oponen a los abortos. La directora de MYSU, Lilián Abracinskas, responsabilizó a integrantes de la bancada evangelista. Sin embargo, uno de sus referentes, el diputado nacionalista Carlos Iafigliola dijo no saber "de dónde sale eso del hostigamiento". "He tenido muchísimas veces hostigamiento en la calle porque he sido un referente fuerte en el tema de la defensa de la vida, pero no recuerdo que haya tenido un ataque verbal –mucho menos de otro tipo- hacia nadie que esté en la vereda de enfrente en estos temas", dijo Iafigliola a El Observador.l
El organismo cita en este aspecto un informe del colectivo Mujer y Salud en Uruguay (MYSU), que agrega que "el desconocimiento de la legislación promulgada las expone a posibles medidas judiciales dado que cuando se practica fuera del Sistema Nacional Integrado de Salud se comete un delito de aborto".
Aunque el informe no lo menciona, un médico fue procesado con prisión el mes pasado por practicar un aborto clandestino a una mujer en Florida. La mujer de 21 años murió tras una intervención realizada cuando cursaba la semana 19 de embarazo. También fue procesado con prisión la pareja de la mujer por acompañarla a practicarse el aborto aunque denunció el hecho ante la Justicia.
Amnistía Internacional destaca que las mujeres de Salto "no pueden acceder en condiciones de igualdad con las mujeres de Montevideo a un servicio garantizado en la salud publica uruguaya". Agrega que "es difícil imaginar un servicio de salud exclusivo para hombres, en ocasiones necesario para salvar la vida y la salud de ellos, que les sea denegado por razones de conciencia". El informe asegura que "ante esta situación, el Estado buscó saldar este obstáculo con la presencia de una ginecóloga que se traslada desde Montevideo (a 500 kilómetros) una vez por semana para brindar el servicio de IVE tanto en un servicio privado como en el sector público del departamento". El Parlamento aprobó en 2012 una ley que permite la interrupción del embarazo por petición de la mujer hasta las 12 semanas de gestación.
El informe también advierte que las defensoras de derechos sexuales y reproductivos cuentan con custodia sindical por el hostigamiento de grupos que se oponen a los abortos. La directora de MYSU, Lilián Abracinskas, responsabilizó a integrantes de la bancada evangelista. Sin embargo, uno de sus referentes, el diputado nacionalista Carlos Iafigliola dijo no saber "de dónde sale eso del hostigamiento". "He tenido muchísimas veces hostigamiento en la calle porque he sido un referente fuerte en el tema de la defensa de la vida, pero no recuerdo que haya tenido un ataque verbal –mucho menos de otro tipo- hacia nadie que esté en la vereda de enfrente en estos temas", dijo Iafigliola a El Observador.l
