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Con el objetivo de impugnar el ingreso de las telefónicas Claro y Movistar al mercado de la TV satelital, la Asociación Nacional de Broadcasters Uruguayos (Andebu) presentó ayer ante la Unidad Reguladora de los Servicios en Comunicaciones (Ursec) un documento en el que instó al gobierno a tomar las resoluciones administrativas necesarias para cerrarle el paso a esos potenciales competidores.

El Tribunal de lo Contencioso Administrativo (TCA) revocó una resolución del Ministerio de Industria del año 2009, que había dejado sin efecto la resolución que tiempo antes había emitido la Ursec para autorizarle a Claro la transmisión de TV satelital en todo el país. Poco después, Movistar hizo saber de su interés por explotar el mismo servicio.

Ante esa decisión, Andebu y el Poder Ejecutivo –antes enfrentados por la asignación de nuevas frecuencias para explotar TV digital abierta– hicieron frente común. El gobierno no quiere empresas que presten servicios telefónicos y de TV satelital a la vez, y Andebu la considera una competencia peligrosa.

“A corto plazo los usuarios podrían verse beneficiados con un servicio de menor costo (brindado por Claro y Movistar). Pero a largo plazo se estaría logrando la destrucción de un sector de actividad que ha hecho enormes inversiones en el país”, dijo el presidente de Andebu, Rafael Inchausti, el viernes 15 a El Observador. En el documento presentado ayer ante la Ursec, se cita a especialistas en derecho administrativo y se señala que la administración “debe adoptar las medidas necesarias para cumplir el fallo anulatorio de modo que su conducta se ajuste al pronunciamiento jurisdiccional. A ese fin dictará los actos y realizará las operaciones materiales necesarias para cumplir cabalmente con el contenido de la sentencia”. Andebu señala que la resolución de la Ursec que le dio autorización a las telefónicas “jamás fue notificada personalmente a las empresas de televisión para abonados, las que pudieran resultar gravemente perjudicadas en sus intereses por los efectos de la misma”. A la gremial de empresarios de medios de comunicación tampoco le consta que la medida haya sido publicada en el Diario Oficial.

Señalan que, por eso mismo, los involucrado no tienen por qué darse por notificados. “Habiendo tomado los comparecientes conocimiento de manera informal de la resolución objeto de la presente impugnación mediante trascendidos de prensa difundidos en el mes de febrero del corriente los recursos son presentados en forma tempestiva”, considera Andebu.

Sostienen que “el principio general en materia de servicios de televisión para abonados es el llamado público, y únicamente en casos excepcionales, bajo determinadas condiciones expresamente previstas, es legítima la concesión de una autorización en forma directa”. En ese sentido, dicen que en el caso de la solicitud presentada por la empresa Claro correspondía efectuar un llamado público de manera de permitirle a todos los interesados efectuar sus propuestas.

“No habiéndose dado cumplimiento con tal requisito la autorización conferida deviene ilegítima”, dice el documento presentado por Andebu ante la Ursec.
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