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La Corte Suprema argentina anuló este viernes el indulto a un general acusado por crímenes de lesa humanidad, fallo que despeja el camino para abolir los perdones a los ex jerarcas Jorge Videla y Emilio Massera, condenados hace 22 años a perpetuidad y luego indultados.

Decenas de miles de personas fueron secuestradas y torturadas en Argentina durante la dictadura militar de 1976 a 1983, y parte de ellos (30.000, según grupos humanitarios, 15.000, según una investigación oficial) fueron asesinados en forma clandestina y figuran como desaparecidos.

El militar tenía 40 causas judiciales abiertas cuando fue indultado en 1989, pero fue detenido en 2000 encausado por robo de bebés hijos de desaparecidos. Tiene además un juicio abierto en Italia por violaciones a los derechos humanos de ciudadanos de ese país.

"Tratándose de delitos de lesa humanidad, no existen limitaciones a su juzgamiento en tiempo y espacio, y tampoco puede concederse indultos o dictarse leyes de prescripción que impidan juzgamiento y condena", señaló el fallo de mayoría.

Desde que asumió el presidente Néstor Kirchner en 2003, una renovada Corte sentó jurisprudencia al declarar imprescriptibles los crímenes de lesa humanidad e inconstitucionales las leyes de amnistía.

Videla, de 81 años, volvió a ser detenido en 1998 y cumple prisión domiciliaria encausado por robo de bebés y por su responsabilidad en el Plan Cóndor de coordinación represiva de las dictaduras del Cono Sur en las décadas de los 70 y 80.

La Cámara Federal en lo Penal y Correccional de la capital argentina falló en abril pasado que "los hechos por los que fueron condenados Videla y Massera resultan insusceptibles de perdón" al declarar la nulidad del decreto de Menem.

Existen 950 procesos penales en trámite por crímenes de lesa humanidad cometidos entre 1976 y 1983, por los que están presos unos 200 represores. El fallo contra Riveros no tendrá incidencia sobre los indultos a ex guerrilleros de izquierda condenados o encausados por su accionar en los años 70, ya que sólo incide en perdones en causas por crímenes de lesa humanidad cometidos por miembros del Estado o fuerzas de seguridad, explicaron juristas.

(AFP)

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