El texto –que no es vinculante pero que aporta insumos para la resolución final– indica a su vez que “el estado público que adquirió” el proceso en los medios de comunicación “repercutió en forma general en todos los integrantes del equipo, lo que agudizó la fragmentación -ya existente-, incrementándose el malestar y la desconfianza mutua”.
Pese a las denuncias contra Casablanca, en el gobierno interpretan que el informe no la individualiza como única responsable, en tanto el conflicto arrastra episodios desde el período pasado y entienden que queda subsanado con el traslado de los siete funcionarios implicados en las denuncias.
De hecho, la jerarca inició el pasado jueves los expedientes para concretar tres pases en comisión y traer funcionarios de otros organismos para que se desempeñen en la secretaría, según reconstruyó El Observador.
El informe del servicio de prevención recomienda para “resolver" el problema, “renovar integralmente al equipo”, en tanto “no se visualizan posibilidades de recomposición”, dado que quedó “fragmentado y con posiciones rígidas” que dificultan “arribar a acuerdos y alcanzar objetivos comunes”.
En efecto, siete personas, entre denunciantes y testigos que declararon a favor de ellos fueron trasladados desde la secretaría a otras oficinas como Administración Documental, Derechos Humanos, Junta de Drogas y Gestión Humana.
El informe recomendó también “ajustar el nivel de conducción” y “favorecer condiciones óptimas que posibiliten un nuevo encuadre organizacional”.
Al mismo tiempo, el Servicio de Prevención aconsejó “disponer una investigación administrativa en la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente” para dilucidar “la responsabilidad ante las presuntas irregularidades” denunciadas durante la toma de declaraciones. Fuentes al tanto del proceso explicaron a El Observador que a la denuncia inicial se fueron sumando otras, contra uno de los denunciantes, que fueron acordonadas al expediente principal.
El documento consigna que hubo “testimonios” –tanto de Casablanca como de otros testigos– que “dan cuenta de presuntas irregularidades funcionales” en la Secretaría, como la “omisión en brindar información relativa a identidad de origen, destrucción de documentación, y falsificación de firma”.
Afectaciones a la salud
Si bien la Secretaría de Derechos Humanos para el Pasado Reciente depende jerárquicamente del prosecretario Jorge Díaz, en los hechos ha sido Sánchez el encargado de armar los equipos del gobierno y de velar por los equilibrios políticos.
Esa situación lleva a algunos en el entorno de la Torre Ejecutiva a hablar de una especie de “empate” que a su entender no evidencia méritos para remover a Casablanca.
De todos modos, el informe del Servicio de Prevención y Salud en el Trabajo también deberá ser evaluado por Díaz, quién tendrá que tomar una resolución formal.
El documento consigna que ninguna de las cuatro denunciantes mujeres “aportaron constancias o informes expedidos por profesionales que dieran cuenta de la afectación de su salud” ante los hechos denunciados. Ante las consultas a los registros del servicio, constataron que hubo “certificaciones puntuales aisladas”.
En el caso de otro denunciante, el informe señala que el funcionario presentó constancias de consultas por “cuadro del estado de ánimo” ante su “conflictiva laboral” que van desde setiembre a diciembre del 2025, mientras que “la situación laboral denunciada” por él “se enmarca desde el mes de marzo a junio” de ese año.
Por su parte, respecto a Casablanca el texto apunta que “se constata la existencia de afectación de la salud” a raíz de estos episodios, con información que “indica daños en su bienestar psíquico con repercusión a nivel físico en el marco de la situación laboral vivida”. El servicio de prevención agrega que la jerarca recibió “tratamiento por su médico especialista tratante” y que estuvo “bajo seguimiento psicoterapéutico”.
Durante el verano Casablanca llegó a estar de licencia médica, como informó el semanario Búsqueda, de la que retornó a comienzos de febrero.
“Violencia general naturalizada”
Para el gobierno no pasa desapercibido que durante el pasado período también hubo problemas asociados al relacionamiento de los funcionarios en la secretaría.
Según los antecedentes consignados por el documento, el servicio de prevención de Presidencia debió intervenir en 2021 ante las “dificultades en el relacionamiento del equipo”, a lo que recomendaron –sin éxito– la incorporación de una persona “para apoyar en la gestión de la directora” Matilde Rodríguez y “hacer el nexo entre la Dirección y el equipo”. “Se hace referencia a esta primera intervención en la medida que parte del equipo actual data de aquella época”, aclara el servicio.
En 2023 hubo “otra intervención por la misma causa a solicitud” de la directora, en la que “se reiteró” la recomendación de incorporar a un mediador entre las partes. En ese caso, aclara el servicio de prevención de Presidencia, “se observó la lucha de poder por parte de algunos de los integrantes en la toma de decisiones diarias, incrementada por la ausencia de la directora por razones de salud”.
El cambio de gobierno, sin embargo, “implicó que, el equipo tuviera que adaptarse a lineamientos de trabajo diametralmente diferentes a los que venía acostumbrado, pasándose de un régimen híbrido a un régimen presencial, introduciendo modificaciones respecto del horario de trabajo”. También “se modificaron los roles internos de la Secretaría y se designaron referentes, lo que podría derivar en que quienes desempeñaban esos roles anteriormente lo vivieran como una pérdida”, describe el documento.
Sobre Casablanca, de los testimonios recogidos en el marco de la investigación “surgen apreciaciones controversiales” en torno a “aspectos organizativos y de funcionamiento”. “Sin embargo, las mismas no tienen apariencia de irregulares, mereciendo opinión la forma y estilo empleados, los que podrían ser percibidos como impulsivos y avasallantes”, afirma.
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Alejandra Casablanca, directora de TV Ciudad. Archivo
Foto: Leonardo Carreño
En ese sentido agrega que “frente a obstáculos que se le presentan en el camino, los sortea a través de conductas reactivas”, mientras que en su discurso ella visualiza la problemática como “ajena a sí misma, desconociendo que es parte activa de las dificultades de relacionamiento” en su oficina.
El documento identifica “un entorno laboral de violencia general naturalizada, donde conductas hostiles se tornan habituales”.
El servicio de prevención destaca en otro apartado que “parte del equipo se encuentra altamente involucrado y transversalizado en las diferentes áreas de sus vidas con la temática propia de la Secretaria, lo que podría sesgar la valoración en cuanto al compromiso laboral entre pares, provocando distanciamientos a nivel de equipo y dificultando los acuerdos para la organización y ejecución del trabajo”.
Según se consigna, Casablanca pidió que no fuera diligenciada parte de la prueba testimonial de uno de los trabajadores en tanto tres de los cinco testigos eran a su vez denunciantes. El servicio de prevención reconoció que en esos testimonios debía considerarse que la “imparcialidad” estaba “naturalmente limitada”.
Asimismo, los instructores concedieron que en el caso de otros funcionarios que testificaron se debe contemplar que tienen “relación de subordinación” respecto a Casablanca y por tanto hay una “asimetría de poder” que “podría incidir en la espontaneidad de sus declaraciones”.
Los audios de Spinetti
En relación a Spinetti como secretaria de Derechos Humanos, Sánchez manifestó que “hay que analizar” su “gestión” y “no las conversaciones que tiene con personas de su amistad”.
Sus declaraciones tuvieron lugar luego de que Hacemos lo que Podemos divulgara un audio de WhatsApp previo a la asunción del gobierno en que ella refería a Gonzalo Civila y Federico Graña –quienes iban a asumir al frente del Ministerio de Desarrollo Social– como “los machirulitos gay”.
Collete Spinelli
Foto: captura de Canal 10
Sus expresiones generaron malestar en varios dirigentes del Frente y llevaron al diuputado colorado Felipe Schipani a pedirle al gobierno su remoción.
El secretario de Presidencia dijo a Informativo Sarandí que rechaza esas palabras “no solo por las expresiones sino hasta por la connotación que se le da por sus orientaciones sexuales, lo cual es duro de alguien que viene trabajando muchísimo por los derechos de la comunidad LGTB”.
Más allá de afirmar que fue “un profundo error” de Spinetti, Sánchez apuntó que son conversaciones privadas y argumentó que ella se comunicó “con todos los involucrados para pedirles disculpas”. No obstante, acusó una “clara intención de perjudicarla”.
Meses atrás, el sector PAIS del Frente Amplio reclamó a Sánchez la renuncia de Spinetti tras la salida de la dirigente Elisa Areán de esa secretaría. La jerarca había sido designada en el cargo en representación de la lista pero terminó en muy malos términos.
Entre las denuncias que empañaron su gestión se incluye la contratación como adjunto de su expareja, algo que oportunamente el gobierno justificó por tratarse de una relación que había terminado años atrás.
