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El empresario Sergio Hermida recibió entre 2006 y 2007 dinero del narcotráfico peruano. Al mismo tiempo, compró deuda de dos cooperativas hermanas: la Cooperativa de la Previsión Social (CPS) y la Cooperativa de Promoción y Bienestar (Coprobien). El juez Néstor Valetti lo procesó en mayo por “lavado de activos” y embargó el 90% de la mensualidad que su hijastro recibía de CPS, como cobro de la deuda tras probarse que el destinatario final de ese dinero era Hermida.

Además, una investigación de El Observador comprobó que el hijastro y testaferro de Hermida sigue cobrando hasta hoy en cuotas el préstamo a la otra cooperativa, Cooprobien, que refinanció en US$ 1 millón.

“De la información proporcionada por la Unidad de Investigación y Análisis Financiero (UIAF) del Banco Central y de los estados de cuenta bancarios, de una cuenta del Nuevo Banco Comercial, surge que desde marzo del año 2006 hasta mediados del 2007, Hermida recibió más de 250 transferencias y/o giros por importantes sumas de dinero, procedentes desde la República del Perú, para el lavado de activos, producto de las actividades criminales vinculadas al narcotráfico”, expresó el 15 de mayo el juez Valetti en el auto de procesamiento.

“El dinero así recibido era movilizado por el titular hacia otras cuentas, desconociéndose el destino de los mismos”, agregó Valetti, quien se apresta a indagar esas cuentas.

El magistrado aseguró que Hermida recibió dinero de una organización liderada por Vladimiro Montesinos, exjefe del Servicio de Inteligencia Nacional del Perú y asesor presidencial de Alberto Fujimori durante la década de 1990.

El juez advirtió que Hermida era prestamista, copropietario de una casa de cambio, inversor de la CPS y de la Cooperativa de Empleados de la Sociedad Española.

La inversión de Hermida en CPS se concretó a través de un hijastro. Sin embargo, Hermida se presentó ante las autoridades de la cooperativa como “representante de los acreedores”, desenmascarando así que su hijastro era su testaferro.

En 2008, la Auditoría Interna de la Nación solicitó la intervención de la CPS porque “a lo largo de un período prolongado habría tomado préstamos del mercado informal” y mantenía “una fuerte dependencia financiera” con allegados a Hermida. A raíz de este informe, la Justicia intervino la CPS en enero de 2009.

El equipo interventor, dirigido por Jorge Alvariño e integrado además por el contador Jorge Roballo y el abogado Ismael Blanco, negoció con Hermida la refinanciación de la deuda.

“Con la Comisión de Acreedores, con su representante Hermida, tuvimos mucho trabajo. De esta negociación se logró bajar de los $ 130 millones a $ 80 millones y pensamos llegar a $ 50 millones. Extendiendo en el tiempo todos los pagos, para poder enfrentar las deudas”, informó el equipo interventor a la asamblea de delegados de CPS el 27 de noviembre de 2009, según actas a las que accedió El Observador.

A raíz de este acuerdo, CPS le pagó al hijastro de Hermida $ 1,5 millones por mes, hasta que, en mayo de este año, el juez Valetti procesó a Hermida y a su esposa y embargó 90% del crédito que cobraba su hijastro a CPS por considerar que era producto del lavado.

Sin embargo, el hijastro de Hermida sigue cobrando lo que le prestó a la cooperativa hermana de CPS: Cooprobien. Ambas cooperativas comparten domicilio y Consejo Directivo. Mientras, CPS no puede prestar dinero, porque es una cooperativa de consumo, Cooprobien sí, porque es de ahorro y crédito.

Crédito en curso

El 20 de julio de 2007, el hijastro de Hermida compró la deuda que Cooprobien tenía con Comac. “Se negoció una refinanciación de este crédito que estaba contabilizado por un valor de $ 11.320.870. El contrato ratificó concesiones de ambas partes y cerró la deuda en $ 23.000.000, que Cooprobien pagaría en 46 cuotas de $ 500.000 venciendo la primera el 25 de noviembre de 2013”, expresó el contador Hugo Porro en el último balance anual presentado por la cooperativa ante la Auditoría Interna de la Nación, correspondiente al ejercicio 2012-2013, al que accedió El Observador. Porro también es contador de CPS.

El juez Valetti no hizo referencia a esta inversión de Hermida en Cooprobien en su auto de procesamiento porque en ese momento el expediente no contaba con esa información.

Quienes negociaron la deuda de ambas cooperativas con Hermida, redujeron la deuda de CPS y duplicaron la de Cooprobien, son las mismas personas. El contador Roballo era asesor del interventor Alvariño en 2009 y hoy es el director general de CPS y Cooprobien. El otro asesor del interventor es el abogado Blanco, es subdirector de CPS y tesorero de Cooprobien. Alvariño preside CPS. La mayor deuda de CPS es con Cooprobien. En 2009, le debía US$ 3,6 millones; el último balance anual revela que la deuda se redujo a US$ 2,5 millones.

Además de comprar deuda, Hermida compró acciones en Cooprobien. “A este cálculo (de la deuda) se debe descontar lo correspondiente al Adelanto Irrevocable de

$ 1.900.000” que realizó el hijastro de Hermida en la cooperativa, expresó el balance anual. Por su parte, el auditor interno de la Nación reconoció que fallan los controles antilavado de activos sobre las cooperativas. “No tenemos la potestad para investigar el origen de los fondos ni el vínculo que puede existir entre los acreedores y los directores de la cooperativas”, dijo Pose a El Observador la semana pasada.

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