El gobierno de Filipinas tiene ahora hasta el martes para retirar a sus militares y policías, tras posponerse la ejecución del rehén filipino secuestrado en Irak.
El ultimátum para la ejecución de Angelo de la Cruz, un camionero de 46 años padre de ocho hijos, expiró el domingo a las 19H00 GMT, poco después de que Manila reiterara su rechazo a adelantar de un mes la retirada de sus 51 militares y policías estacionados en Irak.
El mismo diplomático había anunciado previamente un aplazamiento de nueve días antes de retractarse alegando un error de traducción y de señalar que el ultimátum fijado el sábado seguía vigente.
Estas declaraciones contradictorias pusieron a prueba los nervios de la familia del rehén. Su esposa, Arsenia de la Cruz, y uno de sus hermanos, Jesús, llegarán posiblemente este lunes a Jordania para tratar de obtener su liberación. La mujer renovará en ese país ruego de clemencia, declaró el domingo la secretaria filipina de Trabajo, Patricia Santo Tomas, que los acompaña.
En Manila, la presión aumenta sobre la presidenta Gloria Arroyo para que salve la vida del camionero, que se ha convertido en el estandarte de siete millones de filipinos obligados a emigrar al extranjero por motivos económicos.
"Reiteramos nuestro proyecto de retirar nuestro contingente humanitario conforme a lo previsto el 20 de agosto de 2004", declaró el secretario filipino de Relaciones Exteriores, Delia Albert.
Los filipinos están divididos en tres bandos, explica Jose Abueva, profesor en la universidad Kalayaan de Manila. Uno rechaza "el chantaje", el segundo alega "razones humanitarias" y una minoría cree que el país no tendría que haber enviado nunca militares a Irak.
(AFP)
