Aplicarán nueva amnistía para regularizar deudas con el BPS

El proyecto ley busca extender el beneficio a los clubes deportivos

El Poder Ejecutivo implementará una nueva amnistía para la regularización las deudas ante el Banco de Previsión Social (BPS) con el objetivo de atender las “nuevas situaciones” de los sectores de actividad que se han ido formalizando en los últimos años y no cuentan con cultura de pago, informaron a nivel oficial. Entre ellos, se incluirán a los clubes de portivos, en especial del fútbol y el básquetbol, que están en la mira de las oficinas recaudadoras por sus niveles de cumplimiento.

La iniciativa se refleja en el texto del anteproyecto de ley de inclusión, regularización y beneficios para buenos pagadores del organismo, que fue enviado por el BPS al Poder Ejecutivo y que será remitido en los próximos días al Parlamento. En el gobierno “hay voluntad” para promover ese proyecto que extiende las posibilidades para ponerse al día ante el BPS, pese a algunas “pequeñas diferencias” sobre los contenidos, dijo a El Observador, Roberto Baz, director Nacional de Seguridad Social. Baz señaló que la semana que viene se definirían los últimos detalles previo a su envío para consideración legislativa. El proyecto amplía la ley 17.963 que entró en vigencia el 19 de mayo de 2006 y que permitió refinanciar deudas.

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El jerarca resaltó que el proyecto apunta a dos aspectos: incluir a actividades sociales, culturales y deportivas que no tenían aportes patronales, y por otro lado, “hacer hincapié” en los beneficios a los buenos pagadores. Son “los dos nortes a mantener”, dijo.

“El proyecto busca ampara alos sectores que se han ido incorporado a la seguridad social, los nuevos coletivos que antes no tenían cultura de pago, como el deporte y los sectores que perdieron exoneraciones”, indicó a El Observador, Ernesto Murro, director del BPS.

Formalización y recaudación

El BPS expone, como motivos para ampliar la amnistía, que con la ley 17.963 se logró “una notoria mejora en la formalización en general y en la recaudación” del organismo, “no obstante la reiteración (menor) de atrasos en el cumplimiento del pago de aportes” de algunas empresas.

“Por ejemplo, ello sucede con mayor frecuencia en diversas instituciones sociales (como los clubes deportivos), sin fines de lucro y similares; micro, pequeñas y medianas empresas que tienden a formalizar; nuevos sectores que se incorporan al sistema”, añade.

La ley 17.963 indica que el BPS podrá otorgar facilidades de pago a los contribuyentes deudores por concepto de tributos personales por dependientes, tributos por cargas salariales por el Aporte Unificado a la Construcción y tributos patronales por servicios bonificados. Se agrega que “a los efectos del otorgamiento de estas facilidades se tomará el monto de la deuda original en Unidades Reajustables (UR) al momento en que se generó la obligación, adicionándole un interés igual al de la rentabilidad máxima del mercado de Administradoras de Fondos de Ahorro Previsional, hasta la fecha de celebración del convenio”. El monto resultante será pagadero en hasta 72 cuotas mensuales calculadas en UR, con un interés de 2% anual, hasta la extinción total de la obligación.

Inclusión social

El proyecto, como no solo pretende saldar deudas y regularizar deudores sino también mantener una mayor “inclusión social”. Propone que los titulares de las empresas monotributistas puedan reconocer servicios por “lapsos anteriores a su entrada en vigencia, por hasta un período igual al doble del que haya cumplido con regularidad sus obligaciones corrientes, con un máximo de 10 años”.

Para regularizar la situación de este segmento, se tomará “como monto imponible el que actualmente poseen, pero considerándolo en UR, de modo tal de mantener una base de cálculo acorde a la que actualmente posee. Se dará, además, un lapso de seis meses para que esos contribuyentes se acojan al mecanismo de regularización. También se incluirá para los trabajadores no dependientes que se encuentran en el régimen mixto.

El proyecto establece la posibilidad de una clausura judicial “para los establecimientos o empresas por temporada, hasta por un período de 30 días hábiles” en caso de no acogerse al plan de regularización.

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