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Con la intención de recuperar la autosuficiencia energética, el gobierno argentino aprobó la semana pasada una ley a fin de aliviar el férreo control de cambio y otras restricciones para las empresas que inviertan al menos US$ 250 millones en exploración y producción.
La presidenta Cristina Fernández apuesta a que la normativa sea suficiente para atraer parte de los US$ 200.000 millones necesarios para desarrollar Vaca Muerta, una formación que podría guardar una de las mayores reservas de hidrocarburos no convencionales del mundo.
“Queremos que vengan a invertir y les damos un régimen estable y uniforme para que se logre lo antes posible el autoabastecimiento”, dijo el secretario legal del gobierno, Carlos Zannini, a senadores.

“Esto es para que vengan más inversiones y más rápido”.
Pero los problemas económicos del país, sumados a un default en julio que complicó el financiamiento, al intervencionismo estatal y a un discurso duro con el sector privado, podrían ser un cóctel demasiado fuerte para algunos inversores.
Argentina sufre una inflación del 40% anual, según calculan analistas privados. Eso genera incertidumbre sobre los costos: los insumos y servicios se ajustan mes a mes y los salarios frecuentemente.

Además, restricciones cambiarias impuestas por el gobierno para frenar una fuga de divisas han generado una brecha entre el tipo de cambio oficial y el paralelo de casi 75%. Con esas regulaciones, los dólares que las empresas ingresan al país a tasa oficial para invertir rinden bastante menos porque los precios de muchos insumos y servicios locales se ajustan al ritmo del mercado negro.

“La legislación es mejor que nada, aporta claridad a algunos temas pero no resuelve los problemas de fondo”, dijo una fuente de una petrolera internacional que opera en Argentina, pidiendo omitir su nombre. “Hay muchas dificultades en el día a día”.
La inversión extranjera directa en Argentina se desplomó el año pasado 25% a US$ 9.000 millones, según la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal), menos de la mitad de lo que recibió el vecino Chile.

Y la inversión en el sector de hidrocarburos argentino fue mínima en los últimos dos años, según Sebastián Scheimberg, analista energético de la consultora Montamat & Asociados.
“Con esta macroeconomía, no podemos competir, no somos atractivos para nadie”, dijo Emilio Apud, exsecretario de energía de la nación. “Uno puede tener los recursos, pero hay que saber manejar las inversiones”.

Algunos están llegando
Con todo y obstáculos, algunas petroleras internacionales han aterrizado en busca de aprovechar la promesa de esquisto que representa la zona de la Cuenca Neuquina junto a los Andes.
Por ejemplo, la petrolera estatal argentina YPF cerró el año pasado un acuerdo con Chevron por US$ 1.240 millones para el desarrollo no convencional de Loma Campana, en Vaca Muerta. La petrolera estadounidense obtuvo por decreto beneficios similares a los de la nueva ley.

Y a finales de agosto, YPF concretó un pacto con la malasia Petronas por US$ 550 millones para perforar en una primera etapa más de 30 pozos no convencionales.
Aun así, las inversiones no alcanzan para opacar el déficit energético de Argentina, que se calcula aumentaría 20% este año a
US$ 7.000 millones. Eso es un dolor de cabeza para el gobierno porque tiene que gastar parte de sus menguantes reservas internacionales para importar energía, justo cuando más necesita el dinero en medio de un pleito de deuda.

“Hoy el sector energético es donde más problemas tiene el gobierno. Las necesidades que tiene de importar energía le distorsionan las cuentas fiscales y sus reservas”, dijo Mariano Lamothe, economista de la consultora Abeceb.com.
Hace poco, Miguel Galuccio, presidente de YPF, dijo a Reuters que se necesita atraer entre
US$ 150.000 millones y US$ 200.000 millones para revertir el balance negativo del sector. Y endulzar las reglas de juego para las petroleras es clave para lograrlo, según el gobierno. “Si queremos repetir Loma Campana (el yacimiento que YPF está desarrollando con Chevron), tenemos que ser más exitosos en atraer inversiones”, dijo Galuccio este mes a legisladores.
Una pizca de azúcar
La nueva norma estipula que las empresas que inviertan más de US$ 250 millones en los primeros tres años dispondrán de las divisas que genere la exportación de hasta 20% de su producción de hidrocarburos y no tendrán restricciones para importar bienes de capital.
“Solo el tiempo dirá si la reforma planteada establece mayor previsibilidad, reglas claras para las inversiones y si es sostenible en el tiempo”, dijo Juan José Aranguren, presidente de Shell Argentina, en un artículo de opinión en Clarín, en el que critica algunos puntos de la normativa.

La iniciativa se da en momentos en que otras naciones vecinas de Latinoamérica están luchando codo a codo por atraer las inversiones en el sector energético.
“Necesitamos tener estabilidad jurídica y fiscal. Somos lugares alternativos de inversión en no convencionales, competimos con México, Colombia, Polonia, tenemos que atraer esas inversiones”, dijo el gobernador de Neuquén, Jorge Sapag, que apoya los incentivos propuestos por el gobierno.

Aunque los grandes jugadores de la industria del petróleo están acostumbrados a apostar fuerte en lugares complicados o en conflicto como Irak o Libia, los números tienen que ser lo suficientemente atractivos para correr el riesgo. “La industria invierte muchas veces en contextos políticos o sociales muy difíciles, pero tiene que ver con la rentabilidad”, dijo la fuente de la petrolera extranjera. “Hoy en Argentina no tenés ninguna de las dos cosas, ni rentabilidad ni un contexto estable”.

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