El depósito logístico Lobraus había iniciado una demanda contra la Administración Nacional de Puertos (ANP) acusándola de actuar de manera arbitraria y con mala fe. Días atrás, la Justicia archivó la causa porque la empresa no aportó documentación solicitada para avanzar en el caso.
Los últimos meses fueron complicados para Lobraus. El año pasado, la ANP la intimó a cumplir con facturas pendientes. Los incumplimientos quedaron expuestos en un informe del Departamento Financiero Contable del organismo que detalló deudas por US$ 363.169 y $ 2.340.158, que en total superaban los US$ 500.000.
En ese escenario, el directorio de la ANP le había planteado un plan de pagos en cuotas. Pero la respuesta de la compañía fue que no podía acceder a esa financiación y ofreció realizar “pagos semanales a cuenta” para cumplir con las obligaciones mensuales corrientes. Es decir, Lobraus solamente cancelaría, en partes, las facturas que se fueran generando, pero no las atrasadas. Y eso terminó con la paciencia de las autoridades que en una reunión del 11 de setiembre del año pasado propusieron otorgar un último plazo para ver si la empresa cambiaba su postura.
La situación no cambió y a fines de diciembre, la ANP la suspendió como operador portuario y comenzó a avanzar en la rescisión de la concesión vigente, a la vez que la Dirección Nacional de Aduanas (DNA) dispuso la clausura de su habilitación para trabajar dentro del puerto de Montevideo.
Sin embargo, una de las respuestas de Lobraus llegó por la vía judicial, con la presentación de una demanda contra la ANP y los tres integrantes del directorio (Pablo Genta, Constante Mendiondo y Jorge Gandini) por US$ 50 millones.
En el escrito presentado para una audiencia de conciliación previa al juicio, la compañía indicó que la ANP había actuado con un “accionar arbitrario, contradictorio y de mala fe”. Añadió que las decisiones adoptadas por el organismo habían “perjudicado sistemáticamente a Lobraus Puerto Libre” y que algunas acciones administrativas que había tomado evidenciaban “arbitrariedad y mala intención dirigida a perjudicar y obstaculizar la viabilidad del proyecto”.
En otro pasaje expuso que el accionar sistemático de la ANP configuraba un incumplimiento contractual del Estado uruguayo que había causado un enorme perjuicio a la empresa. Con esos argumentos reclamó la pérdida de las ganancias proyectadas hasta el fin de la concesión en 2046 (frustradas por las decisiones arbitrarias), por concepto de lucro cesante. Esa cuenta le dio como resultado los US$ 50 millones.
El tiempo pasó y la ANP terminó rescindiendo la concesión otorgada para operar en el puerto de Montevideo.
Pero la demanda continuó su curso hasta el mes pasado. A principios de abril el Juzgado de Conciliación de 2º turno solicitó a Lobraus que proporcionara documentación sobre el contrato firmado con la ANP y que identificara en qué rubros había sido perjudicada. Esa información era necesaria para avanzar en el proceso judicial, pero la empresa no la aportó.
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Depósito de Lobraus
Diego Battiste
Entonces, el lunes 27 de abril, el mismo juzgado archivó el caso. La decisión no es definitiva, ya que Lobraus puede apelar, presentar lo solicitado y reabrir la causa.
La rescisión de Lobraus
El miércoles 14 de enero, el directorio de la ANP decidió rescindir la concesión que Lobraus tenía para operar en el puerto de Montevideo por incumplimiento de contrato. La resolución aclaró que la compañía no tenía derecho a indemnización alguna y que se procedería a la ejecución de la garantía.
Al día siguiente el expediente se remitió al Ministerio de Transporte (MTOP) para la aprobación del Poder Ejecutivo, previo dictamen del Tribunal de Cuentas.
El proyecto original de la empresa había sido la construcción de un edificio de 21 pisos y un depósito logístico ubicado en el puerto de Montevideo. Una década después de la firma del contrato solamente se había cumplido con el depósito.
