Argentina presenta denuncia penal contra imprenta de EEUU por quiebra

Cristina Fernández vincula el paso dado por la firma al default en el que se encuentra su país desde fines de julio

La presidenta argentina, Cristina Fernández, anunció que el gobierno denunció penalmente a la imprenta estadounidense Donnelley a la que acusa de fraguar su quiebra y estar ligada al fondo especulativo NML que ganó una demanda contra Argentina por deuda en default.

"En efecto, argentinos y argentinas, hemos formulado denuncia penal esta vez ante la Justicia Federal, porque la quiebra de Donnelley se trata de un delito federal por alteración al orden económico y financiero", escribió Cristina este domingo en su cuenta de Facebook.

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Donnelley, la más grande firma local de publicación de revistas y folletería, acusó pérdidas entre US$ 15 y US$ 20 millones y despidió a 400 trabajadores en su planta de Buenos Aires, pero Cristina dijo que una inspección fiscal comprobó que "no tenían deudas ni dificultades financieras".

La mandataria impulsó la aplicación de una ley aprobada en 2007 por el Congreso para cumplir exigencias contra el lavado de dinero del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) y reformada en 2011 para castigar el delito de "aterrorizar a la población" con medidas económicas o financieras.

Días atrás Cristina Fernández había sostenido que desde Donnelley "quieren sembrar pánico y terror. Detectamos que entre sus accionistas hay un fondo de inversión, Black Rock, que fue transferido por Paul Singer", líder del fondo NML que con Aurelius ganó en Nueva York un juicio para cobrar el 100% en efectivo de una deuda de US$ 1.330 millones.

La empresa divulgó un comunicado la noche del sábado en el que endilga a los sindicatos y al ministerio de Trabajo el fracaso de estrategias, basadas en despidos, para evitar la quiebra.

Como consecuencia, Donnelley aseguró que "se quedó sin opciones para enfrentar la crisis que incluye la suba de costos por la inflación, el alza del costo laboral, el aumento de los insumos para la producción, la devaluación y la incapacidad de cumplir con los vencimientos de las deudas".

El cierre de Donnelley se produce en un marco de recesión económica y tensión social con sindicatos en alerta por el golpe al bolsillo debido a la inflación que acumula 16,7% en el primer semestre.

La empresa negó que la quiebra tuviera vínculos con la batalla legal por la deuda en default y afirmó que "no fue discutida con ninguna otra empresa, accionista o tenedor de bonos".

"No tenemos absolutamente ninguna relación con la presente situación con los acreedores de Argentina", sostuvo. La ley establece penas que van desde multas hasta prisión.

La oposición rechazó su aplicación y anunció que buscará derogar la norma en el Congreso, donde el oficialismo cuenta con mayoría.

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