Asignaciones: beneficiarios desconocen que tienen que mandar a sus hijos a la escuela
Seis de cada diez no lo saben. La encuesta fue realizada por el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas en convenio con el Mides
La asignación familiar, según dice el sitio web del Ministerio de Desarrollo Social (Mides) es “una prestación de seguridad social que el Estado, a través del Plan de Equidad, utiliza para estimular su permanencia en el sistema de enseñanza y el control de la salud”.
Paradójicamente, solo el 40% de los padres o madres beneficiarios dicen saber que para cobrar el dinero es necesario que sus hijos vayan a la escuela. Apenas el 18% es consciente de que la asistencia de su hijo al liceo es un requisito para recibir la transferencia. A su vez, solo el 16% tiene presente que los controles de salud de sus niños y/ adolescentes son una condición para ser beneficiarios de una asignación familiar. Hay beneficiarios que no son capaces de mencionar uno solo de esos requisitos: 21% dice que no hay ninguna condición y 15% admite no saber cuáles son las condiciones. Estos son algunos de los resultados de una encuesta realizada por el Instituto de Economía de la Facultad de Ciencias Económicas, en convenio con el Mides, para evaluar el impacto del programa de asignaciones familiares que fue lanzado en 2008 en el marco del Plan de Equidad. Fueron presentados en un seminario realizado por la Comisión Económica para América Latina y el Caribe (Cepal) a principios de diciembre. Juan Pablo Labat, director de Evaluación y Monitoreo del Mides, dijo a El Observador que si bien en el ministerio no contaban con una “medición cabal del asunto”, sí tenían una “idea” de la situación. “(El conocimiento de las condiciones) es bajo, muy bajo”, lamentó Labat.
A su entender, parte de esos porcentajes pueden explicarse por el estímulo de dar la “respuesta socialmente aceptada”. Es decir, si un padre no manda a su hijo a la escuela pero sabe que debería hacerlo, opta por simular desconocimiento. De todos modos, el jerarca reconoció que “es obvio que hay mucha gente que de verdad no lo sabe o no lo recuerda” (ver entrevista en página 3).
La economista Andrea Vigorito, responsable del equipo del Instituto de Economía que realizó el estudio, comentó a El Observador que luego de procesar la encuesta se percataron de que, tal como había quedado formulada, la pregunta sobre las condiciones podía dejar algún margen de duda. “Las personas que cobran asignaciones familiares tienen algunas obligaciones. ¿Podría decir alguna que conozca?”, se cuestionó. La especialista sostuvo que un grupo de gente pudo haber respondido pensando en aquellas condiciones que efectivamente el Estado controla. Se excusó de hacer otros comentarios hasta tanto no terminen de redactar un informe sobre los datos que se entregará al Mides a mediados de enero.
Controlar o no
Desde que existen las asignaciones familiares para hogares vulnerables, solo una vez se aplicó un método sistemático y generalizado para controlar la asistencia a la escuela o el liceo de los beneficiarios de entre 6 y 17 años. El resultado fue la suspensión en octubre de 36.798 asignaciones correspondientes a niños y adolescentes que no se inscribieron en los cursos de 2013 o que superaron las inasistencias admitidas.
Para Labat, aplicar controles estrictos sería optar por promover la construcción de capital humano, suponiendo que los controles llevarán a que más personas se vinculen con los sistemas sanitario y educativo. A su vez, esto contribuiría a generar “credibilidad” en el programa de asignaciones. Sin embargo, esa elección también implicaría disminuir la transferencia y afectar los ingresos de las familias, que según el jerarca es el otro objetivo principal de la transferencia. “Como muchas otras transferencias condicionadas que se dan en el mundo, la asignación quiere cumplir con las dos cosas a la vez. Si yo le pago a cien hogares y no controlo demasiado, garantizo que hay cien hogares que estarán mejor porque tendrán más ingresos. Si controlo, les voy a terminar pagando a 80 pero voy a priorizar la construcción de capital humano”, explicó el sociólogo.
La aplicación de controles estrictos este año es, según Labat, un “hito” que consolida cuál es la postura del gobierno al respecto.
