Aumentos que incomodan
La suba de precios será el primer problema económico que deberá enfrentar la próxima administración
Los precios suben. Y lo hacen a un ritmo que incomoda al gobierno, a los empresarios y a los consumidores, principalmente a aquellos que no tienen la posibilidad de acomodar sus ingresos en sintonía con esos precios más altos. La inflación es y seguirá siendo uno de los principales problemas macroeconómicos que enfrenta el gobierno uruguayo, y uno particularmente difícil de resolver dada la naturaleza de los fenómenos que están detrás de esa suba, como también de las limitadas herramientas de las que dispone el gobierno.
El escenario actual de inflación es, más allá de toda caracterización, producto de una respuesta tardía de política económica, un flanco desatendido en favor de otros flancos, y que hoy, en el tramo final de esta administración, empieza a pasar factura.
Al cierre de mayo, los precios al consumo se ubicaban 9,18% por encima de igual mes del año pasado. Ese es un ritmo de aumento acelerado si se tiene en cuenta que el objetivo explícito del gobierno es conducir la suba de precios a una tasa interanual de 5%, aunque con un desvío tolerado de hasta dos puntos.
No hay que perder de vista además que hoy los precios suben a esta tasa, levemente por debajo del 10%, luego de que el gobierno saliera al ataque con una batería de medidas que atenúa en el corto plazo el alza de los precios e impide que la inflación cruce la línea de los dos dígitos. Se trata de una línea simbólica, pero que marca un precedente con el cual ninguna administración de gobierno está dispuesta a cargar. De no ser por esas medidas, hoy la suba de precios estaría ya en niveles más cercanos a 11% que al actual 9%.
El acuerdo para el congelamiento de precios, la baja de tarifas en servicios públicos claves, la apertura a la importación de algunos productos de granja y la reducción en algunos precios tarifados –como el de la cuota mutual–, son medidas que ponen paños fríos sobre un problema ya empaquetado para que sea la próxima administración de gobierno la que se encargue de lidiar con él.
Las causas de la inflación
Para identificar qué factores están empujando los precios al alza, es necesario separar las distintas categorías de bienes y servicios que componen la canasta de consumo de los uruguayos y determinar cuáles están actuando como motores de inflación y cuáles amortiguan la suba de precios.
Una clasificación común es a partir de su origen y destino. ¿Se trata de bienes que se comercializan con el exterior o bienes que se producen en Uruguay solamente para el mercado interno? Esta distinción es fundamental porque los productos que se importan –también aquellos que se exportan– fijan sus precios en el mercado internacional y por lo tanto, son los factores externos, unidos a la evolución del tipo de cambio, los que impulsan sus precios al alza.
Por el contrario, los bienes que no se comercializan con el exterior tienen la particularidad de estar determinados principalmente por cuestiones de oferta y demanda domésticas, donde la suba de salarios tiene un papel preponderante, con el doble efecto sobre los precios de incrementar los costos laborales de las empresas y de aumentar la demanda por parte de los consumidores. Para este análisis se excluyen de ambas categorías los servicios que presta el Estado y los alimentos sin procesar, por tratarse de precios volátiles o cuya evolución depende más de decisiones políticas que de factores de mercado.
Durante el último año, los bienes y servicios transables –aquellos que se comercializan con el exterior– mantuvieron un aumento interanual de 8,6%, motivados por la suba en la cotización del dólar en la plaza local de casi 20% respecto al año pasado. Mientras tanto, el precio de los bienes y servicios no transables suben a una tasa de 10,1% interanual. A primera vista, no parece haber un claro motor de los precios. Si bien la inflación originada en el mercado doméstico parece ser más intensa que la inflación importada, la diferencia no es determinante. Es necearia una mirada de más largo plazo para llegar a una conclusión.
En mayo del año pasado, la inflación general se ubicaba un punto por debajo del nivel actual, en 8,06%, dentro del nivel de confort de las autoridades. La inflación originada en presiones domésticas estaba en un nivel muy similar al actual, de 10%. Sin embargo, la inflación importada era de apenas 4,3%. De esa manera, los precios externos ayudaban a amortiguar una situación doméstica que no dista de la de hoy en día.
La suba del dólar durante el último año dejó así al descubierto un problema oculto tras la apreciación de la moneda uruguaya. La estabilidad de la suba de precios en niveles de confort para las autoridades dependía de un escenario en el cual el dólar siguiera bajando. Cuando las circunstancias externas –depreciación de las monedas emergentes, principalmente en los mayores socios comerciales del país– obligaran a cambiarle el signo al mercado de divisas, una inflación en niveles de 8% pasó a ser insostenible. Las presiones domésticas sobre el nivel de precios se mantienen incluso si se mira más lejos. En el promedio de los últimos dos años y medio, la inflación interanual originada en el mercado doméstico se ubicó en promedio en 10%.
De la intención a los hechos
¿Era inevitable llegar al escenario actual? Los analistas privados coinciden en una enfática respuesta. Una inflación por encima del 9% era evitable con una mayor consistencia en las políticas públicas.
Cuando la pantalla del dólar bajo cayó y el encarecimiento doméstico de la economía uruguaya salió a la luz, ya era demasiado tarde. Las últimas dos rondas de Consejos de Salarios habían pegado de lleno en la rentabilidad del sector doméstico, con subas salariales concentradas en los trabajadores de menores remuneraciones, vinculados a los sectores no transables de menor productividad. Con una demanda interna todavía pujante, esas empresas optaron por trasladar a precios el incremento de sus costos, en vez de combatir esos aumentos en la negociación colectiva.
La intención del gobierno era mejorar las situación de un sector importante de la población que todavía no alcanza condiciones de vida adecuadas, a pesar de haber encontrado un lugar en el mercado laboral. Sin embargo, las leyes de mercado pueden ser crueles y acompañan un incremento forzado de salarios con el costo de una suba de precios que amenaza con escalar a los dos dígitos.
¿Eso implica que la población de menores ingresos debe estar condenada a sus salarios actuales y que el gobierno debe cruzarse de brazos ante esa situación? La respuesta de la ciencia económica también es enfática al respecto. Toda suba de salarios debe estar acompañada de un aumento de la productividad, y eso solo se consigue con políticas activas de fortalecimiento del capital humano y de la gestión de las empresas pequeñas, como así también la generación de condiciones para atraer inversiones más orientadas a la generación de valor que a la explotación de recursos naturales.
El gobierno que asuma tendrá un desafío mayor que evitar subas concretas en los precios de las góndolas y en las facturas mensuales de los servicios públicos. Las autoridades deberán darles herramientas a los trabajadores para lograr una mejora en su capacidad de consumo que no amenace la estabilidad de precios. Solo así podrá garantizar una genuino salto de nivel en el bienestar de la población de salarios sumergidos, que acerque en vez de alejar la meta del desarrollo.
