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El departamento de recursos humanos del Pereira Rossell no sabe qué funcionarios faltaron hoy, ayer o hace semanas. No puede controlar el ausentismo o prever la contratación de suplentes porque una vez que alguien inicia el trámite de certificación médica, el formulario que se completa en ese hospital debe enviarse al Departamento de Certificaciones Médicas (DCM) de ASSE y allí se demora habitualmente unos cuatro meses. Para tener una idea del personal con el que se cuenta cada día, la gente de recursos humanos del hospital pediátrico se ha acostumbrado a pedirles a los jefes de las unidades que hagan un reporte. Esto, obviamente, excede a sus funciones y, según el Fondo Nacional de Recursos (FNR), los “sobrecarga”.

Las debilidades del sistema de certificaciones médicas de ASSE quedaron a la vista en un primer informe del FNR que se centra en el Pereira Rossell. ASSE le encomendó al FNR una auditoría externa para entender por qué el ausentismo en los hospitales públicos es de 20% o 30% cuando en las instituciones privadas ronda el 9%. El acuerdo lo firmaron en marzo pero el trabajo de campo se ha ido atrasando.

El informe del FNR, al que accedió El Observador, “considera conveniente realizar una auditoría en el propio DCM de ASSE”, donde los expedientes se demoran. Se recomienda poner énfasis en el procedimiento que se realiza desde la llegada de una solicitud de certificación, en las “causantes del retraso en la devolución del formulario completo a la unidad ejecutora solicitante” y en el “mecanismo de detección oportuna de certificación médica prolongada”, entre otras cosas.

El informe incluye un análisis de las fortalezas, oportunidades, debilidades y amenazas del sistema (ver recuadro).

Enrique Soto, vicepresidente de ASSE y principal promotor del estudio sobre el ausentismo, dijo a El Observador que el directorio analizará el informe en las próximas sesiones y decidirá si adopta las recomendaciones.

Soto espera contar en los siguientes meses con resultados numéricos sobre las patologías por las que se certifican los funcionarios y el tiempo que transcurre antes del reintegro. También se sabrá qué seguimiento hacen las instituciones de las licencias médicas.

Un indicador de esto será, por ejemplo, cuántas veces se envió un médico a controlar el estado de salud de un empleado. Su idea es “recoger información para aplicar políticas que prevengan y solucionen los problemas” que llevan al ausentismo.

Doble sistema

Uno de los elementos que más preocupa a Soto son las certificaciones prolongadas en ASSE. Las historias clínicas de estas personas –que no se sabe cuántas son, pero se presume que muchas– serán analizadas por el FNR. Se incluirá a quienes hayan faltado a los hospitales más de 60 días en un año o 90 días en dos años.

El informe preliminar da cuenta de un problema que seguramente influya en que algunos funcionarios estén ausentes hace más de un año: en ASSE conviven dos sistemas de certificación médica, uno para los funcionarios presupuestados y otro para los que trabajan bajo el régimen de Comisión de Apoyo (un sistema mixto por el cual hay gente empleada en el Estado pero que se rige por el derecho privado). Esto genera “eventuales diferentes criterios de certificación en igual patología”, señala el FNR.

Más importante aun: ASSE tiene la posibilidad de convocar a una junta médica que evalúe la pertinencia de la certificación, y en caso de constatar la incapacidad física definitiva, proceder al trámite jubilatorio en el Banco de Previsión Social (BPS). Pero el FNR advierte que esto solo rige para los funcionarios presupuestados y no para los que están por Comisión de Apoyo, que se certifican a través del BPS.

Aunque no lo dice expresamente, del informe se deduce que estos últimos –que son casi la mitad del total de funcionarios en el organismo de salud del estatal– podrían faltar durante años sin que nadie determinara el fin de su contratación. El “doble sistema de certificación constituye una amenaza en sí misma para el control del ausentismo de los funcionarios”, alega.

Soto dijo a El Observador que la existencia de estos dos sistemas “trasciende las potestades de ASSE”. Existe un cronograma de presupuestación para incorporar gradualmente a estos empleados al sistema público, pero va lento y se ha ido atrasando.
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