Delegados del gobierno de facto de Honduras y del presidente depuesto, Manuel Zelaya, comenzaron a debatir su restitución, el tema más conflictivo del diálogo que busca poner fin a la crisis que desató hace tres meses y medio el golpe de Estado.

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El escabroso asunto fue puesto sobre la mesa en una intensa jornada que completó la firma de siete de los ocho puntos clave del llamado Acuerdo de San José, dos días antes de que venza el plazo puesto por Zelaya para cerrar la negociación.

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Al comentar a la AFP los avances de este martes, el derrocado gobernante subrayó que sólo aceptará su restitución si el gobierno de facto accede a que sea antes de las elecciones del 29 de noviembre.

"Elecciones sin restitución del presidente constitucional sería una legitimación, un permiso para dar más golpes de Estado", comentó Zelaya, quien se refugia en la embajada de Brasil en Tegucigalpa desde que regresó del exilio el 21 de septiembre.

Más temprano, Zelaya dijo si se llegara a las elecciones "sin un arreglo lo que pasará es que se va a profundizar la crisis, será un gobierno débil, espurio" y señaló que los golpistas deben ser entregados a la justicia internacional.

Pero los negociadores se muestran optimistas. "Empezamos a discutir el punto central y esperamos la respuesta mañana miércoles, una anuencia al retorno del presidente. Dejamos claro que el plazo (15 de octubre) es definitivamente fatal", dijo Mayra Mejía, una de los tres delegados de Zelaya.

La ex magistrada Vilma Morales, negociadora del gobernante de facto Roberto Micheletti, precisó que tras un avance del 90% y de empezar a dialogar el tema de la restitución, el miércoles se plantearán "diferentes escenarios y alternativas".

GOBIERNO DE UNIDAD

Las partes acordaron un gobierno de unidad, el rechazo a una amnistía, la renuncia de Zelaya a convocar una Asamblea Constituyente, el no adelanto de las elecciones, una comisión verificadora del pacto, el traspaso de mando de los militares al tribunal electoral previo a los comicios y pedir la revocatoria de sanciones internacionales impuestas al país tras el golpe.

"Esperamos entregar al país un acuerdo político y jurídico aceptable", dijo el ministro de Gobernación de Zelaya, Víctor Meza, otro de sus delegados, quien aclaró que aunque estén firmados todos los acuerdos dependen del principal.

Zelaya ha temido que el diálogo sirva al régimen de facto para ganar tiempo, pues Micheletti y su aliados -empresarios, militares y políticos- ven las elecciones como la salida a la crisis, convencidos de que el mundo acabará por avalarlas.

En Washington el secretario general de la Organización de Estados Americanos (OEA), José Miguel Insulza, admitió que existe preocupación, dentro y fuera del país, "porque queda poco tiempo" para los comicios, en tanto que la comisión de Micheletti insistió en que "poner presión" y plazos no ayuda al diálogo.

En el marco de esa presión, la Unión Europea encargó a España una lista de miembros del régimen con miras a tomar medidas coercitivas, y el gobierno mexicano recomendó a sus ciudadanos abstenerse en lo posible de viajar a Honduras.

La negociación, que supervisa una misión de la OEA, completó siete acuerdos una vez que Zelaya cambió este martes al más radical de sus tres delegados, el líder sindical Juan Barahona, quien rechazó firmar el acta en que el mandatario renunció a cambiar la Constitución, detonante del golpe de Estado. "Nunca vamos a renunciar a la Constituyente, pero seguimos apoyando al presidente Zelaya", dijo Barahona, y anunció que redoblará en la calle la lucha por una nueva Carta Magna.

Tras dejar la mesa, Barahona salió del hotel sede del diálogo a liderar a un centenar de manifestantes que exigieron el retorno de Zelaya y el fin de la represión pues aún sigue vigente el decreto que hace dos semanas suprimió las libertades civiles, pese a que fue derogado de palabra.

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