El comunicado del BPS señaló también que "se continuará recibiendo información directa de los centros de enseñanza y del Mides, quienes desplegarán actividades y visitas en procura del retorno de estos beneficiarios al sistema educativo".
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Más de la mitad del total de posibles suspendidos tienen entre 15 y 17 años. Dentro de los posibles suspendidos, el 20% tiene edad escolar, y el 80% edad de concurrencia a estudios de nivel medio.
Los 10.450 no registrados representan al 3% de los beneficiarios totales de las asignaciones que son 30.506 niños y adolescentes. Los identificados por fuera del sistema educativo abarcan a 9.700 hogares.
Mides había propuesto no quitar asignaciones familiares por deserción escolar. En 2017 la subsecretaria Ana Olivera dijo a El Observador que "muchas veces retirando ese ingreso no necesariamente se favorece su inclusión en el sistema educativo y sí se está penalizando doblemente a la familia".
El consejero de Primaria Héctor Florit respondió en ese momento que el fundamento de la medida es asegurar la obligatoriedad, y que el Estado ejerza "una función coercitiva ante los padres con una retención económica".