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La Suprema Corte de Justicia y catedráticos en derecho penal y laboral serán invitados al Senado para analizar el proyecto de responsabilidad penal empresarial y su conexión con leyes vigentes que ya establecen sanciones.

El planteo lo formuló este jueves el senador Francisco Gallinal frente al ministro Eduardo Brenta (Trabajo) y el subsecretario Nelson Loustaunau que fueron los primeros invitados de la comisión de Asuntos Labores que comenzó a analizar el texto. Los jerarcas explicaron la posición del gobierno y las medidas que impulsa esa cartera respecto a la seguridad laboral.

En Uruguay los accidentes de trabajo se cobran 50 vidas por año. Brenta dijo a El Observador que es positivo que se convoque a la Suprema Corte y a los especialistas de la Universidad. Gallinal informó que actualmente hay leyes que sancionan penalmente en caso de un accidente laboral fatal. Sin embargo, dijo Brenta, habría que preguntarse por qué eso no ocurre teniendo en cuenta que en los últimos 4 años hubo más de 150 trabajadores muertos por accidentes de trabajo y la excepción fue el procesamiento con prisión, hace años, de dos responsables de la obra del hotel Juncal que se derrumbó y mató a empleados.

“Nuestra preocupación es que tenemos una cantidad importante de accidentes mortales, y nunca se encuentra a los responsables desde el punto de vista penal”, dijo Brenta a los periodistas.

“Está claro que una norma penal no resuelve el problema exclusivamente, y puede colaborar en la solución del problema si es acompañado de un conjunto de políticas de prevención. Para eso hay que tener con qué hacerla. Nuestros inspectores tienen dedicación exclusiva y capacidad de actuar en todo el país” explicó el ministro. “Hay que ir a fondo en este tema de garantizar la vida de los trabajadores. El trabajador tiene la responsabilidad de ir a trabajar y el derecho de volver a su casa”, dijo Brenta en su comparecencia de dos horas en la comisión. Los legisladores también tenían previsto recibir ayer a una delegación del PIT CNT pero no llegaron. La central de trabajadores respalda el proyecto de ley que es rechazado por las cámaras empresariales. De hecho fue impulsado por el sindicato de la construcción (Sunca) y en el parlamento por el Partido Comunista y el Partido por la Victoria del Pueblo.

En su primer artículo, la ley, ya aprobada en Diputados, prevé que se pueda denunciar penalmente a los empleadores que no tomen resguardo y por tanto pongan “en peligro grave y concreto la vida, la salud o la integridad física del trabajador” para cuyo caso se establecen penas de tres a 24 meses de prisión.

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