Buena madera para cobrar

Las forestales pagaron US$ 12 millones en juicios y abogados se quedaron con el 75%

Federico Díaz, de 30 años, ha sido una de las víctimas de “la industria del juicio” montada por dos abogados en Rivera. Hasta 2004 trabajó en Colonvade como podador. Cuando inició el litigio por horas extras no pagadas, traslados y comidas contra esta empresa forestal se le acabó cualquier posibilidad de continuar en el sector. Es analfabeto y desde aquel entonces sobrevive con trabajos muy mal pagados.

Si bien no integró el grupo de 13 trabajadores que el viernes pasado presentó una denuncia penal y civil contra los letrados Robert Batista y Nibia Ramos, estaba en el juzgado riverense en apoyo a sus compañeros. Los obreros denunciaron que fueron estafados porque cobraron mucho menos de lo debido por los pleitos iniciados contra las compañías forestales mientras los profesionales se quedaban con bastante más de lo que indican las normas que regulan la actividad (ver página 8).

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Díaz cobró, en 2010, $ 700.000 que invirtió en una casa. Sin embargo, hace poco se enteró que la empresa pagó por ese juicio $ 2.080.000. Batista y Ramos se quedaron con los restantes $ 1.380.000, cuando le habían informado que cobrarían el 25% de las ganancias.

El trabajador afirmó a El Observador que los letrados le hicieron firmar un cheque dentro del banco, en el que taparon con un papel la cifra total. Le pidieron que pasara por caja a retirar el dinero y que se lo entregara a ellos. Al rato, lo hicieron pasar a un cuarto y le dieron la plata. Los abogados habían hecho el reparto, según dijo.

Los 13 trabajadores que presentaron la denuncia el viernes también ganaron sus juicios en 2004 que, sumados, alcanzaron a U$S 1 millón. Los abogados se quedaron con más del 50%. Se estima que han logrado que las forestales pagaran US$ 12 millones por juicios y que se llevaron a sus bolsillos cerca de unos US$ 9 millones.

Batista y Ramos descubrieron un doble flanco para actuar y entablar los pleitos, algunos de los cuales aún están en marcha. Por un lado, se trata de trabajadores contratados por empresas de selección de personal y con muy poca instrucción, y por otro, detectaron condiciones laborales en las que se incumplen las leyes.

La dupla convenció entonces a los operarios de realizar juicios contra las empresas, tras asegurarles que la ganancia sería millonaria. Primero iniciaron los juicios contra las empresas tercerizadas pero por falta de solvencia decidieron ir contra las forestales. En todos los casos los jueces de Rivera han dado la razón a los trabajadores.

José Márquez es de Tacuarembó y fue contratado para trabajar en Colonvade y en la empresa Los Piques. Relató a El Observador que al principio estos abogados no querían interesarse en su situación. “Los conocía por un compañero”, aseguró. Este amigo le pasó el teléfono de Ramos. “Le dije que era muy importante el caso y que había mucha plata. Ahí se interesó”, contó José. Para iniciar el reclamo los letrados le sugirieron afiliarse al sindicato. Así lo hizo.

El gremio en cuestión es el Sindicato Único Nacional de Obreros Forestales (Sunof), cuyos abogados son Batista y Ramos. El sindicato no está afiliado al PIT-CNT y es una escisión del Sindicato Obrero de la Industria de la Madera (Soima), sí admitido por la central obrera. Todos los trabajadores que han presentado demandas contra las empresas pertenecen al Sunof.

El secretario general del Soima, Fernando Oyanarte, dijo a El Observador que el Sunof ha funcionado como una sala de espera de estos letrados. El dirigente del Sunof José Bautista dijo desconocer cómo se manejan los profesionales. No obstante, en su casa de Tranqueras –hasta donde El Observador se trasladó para consultarlo– dijo que conversa por teléfono todos los días con ellos entre las 19 y 19.30 horas. El sindicalista sostuvo que el Sunof tiene 1.016 afiliados y que se analizará el tema en una próxima asamblea.

Por su parte, el Soima tomó distancia de los profesionales y aseguró que no comparte la forma de llevar adelante estos juicios. Para este sindicato, estos pleitos no hacen otra cosa que “quemar” al trabajador, que podrá conseguir un buen dinero por un momento pero luego quedará por fuera del sector.

Las empresas no los vuelven a tomar y los operarios quedan desempleados.

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