Cae red global de pornografía infantil con ramificación local

A pedido de la fiscal Ana María Tellechea, la jueza Julia Staricco dispuso anoche los procesamientos con prisión de cuatro hombres por distribución de pornografía infantil. Los imputados, todos mayores de 30 años, fueron detenidos en el marco de una operación internacional cuya dirección estuvo a cargo del FBI de Estados Unidos.

El operativo, denominado "Sin Fronteras", comenzó en abril y estuvo a cargo del Grupo Americano de Delitos Informáticos, que reúne a las unidades policiales especializadas en esa materia de la región. Participaron investigadores de Estados Unidos, América Central, América del Sur y también de España.

La dirección de la indagatoria para Estados Unidos y América Central estuvo a cargo del FBI y la coordinación para América Latina la hizo la Policía chilena.

"Es la operación más grande contra pornografía infantil en la historia de Sudamérica", dijo a El Observador el oficial principal Winston Rodríguez, encargado del área de Delitos Informáticos de la Dirección Nacional de Crimen Organizado e Interpol, quien se negó a brindar más información debido a que la indagatoria seguirá abierta tanto en Uruguay como en los demás países.

En las últimas horas, y en el marco de las tareas de coordinación policial internacional, en todos los países que participan de la investigación se llevaron a cabo más de 800 allanamientos de manera simultánea. Así fue que en la mañana del jueves se realizaron operaciones en Uruguay y fueron detenidos cuatro hombres (dos en Montevideo, uno en Lavalleja y el restante en Colonia).

La investigación detectó que desde sus computadoras compartieron imágenes y videos de menores edad teniendo relaciones sexuales con adultos.

Los detenidos fueron conducidos ante la jueza Staricco, que luego de interrogarlos durante varias horas, ordenó sus procesamientos por el delito de difusión de material pornográfico infantil.

"El que comerciare, difundiere, exhibiere, almacenare con fines de distribución, importare, exportare, distribuyere u ofertare material pornográfico en el que aparezca la imagen o cualquier otra forma de representación de una persona menor de edad o persona incapaz, será castigado con pena de doce meses de prisión a cuatro años de penitenciaría", dice el artículo 2º de la ley sobre violencia sexual contra niños y adolescentes (17.815).

Según las pruebas reunidas en Uruguay hasta el momento, los cuatro procesados distribuyeron material pornográfico infantil pero no produjeron a nivel local fotografías ni videos, cosa que sí pasó en México, país donde la Policía ubicó a varios niños víctima de los pedófilos.

La investigación sobre los cuatro procesados continuará, dado que sus computadoras fueron incautadas y serán sometidas a pericias por parte de la Policía. Por ejemplo, solamente en uno de los aparatos se detectó que se compartieron más de 300 gigabytes de pornografía infantil, según informó una fuente del caso consultada por El Observador.

En los próximos meses los investigadores policiales prevén realizar una reunión para evaluar los resultados en cada país y luego definir las acciones a seguir con la intención se desplegar, en el corto plazo, una segunda etapa del operativo, añadió la fuente.

El abogado Marcos Pacheco, defensor de unos de los hombres procesados anoche, dijo a El Observador que todos los imputados reconocieron ante la Justicia haber descargado en sus computadoras fotos o videos de pornografía infantil pero negaron formar parte de una red internacional dedicada a la producción o intercambio de ese tipo de material.

"Ellos no se conocían entre sí y no participaban de ninguna red. Descargaron el material por un software de descarga de archivos (Ares) que, a la vez, por su propio funcionamiento, comparte el material con otros usuarios", aseguró el abogado defensor.

Pacheco consideró excesivo que los cuatro procesamientos se hayan dispuesto con prisión, dado que no se probó que los implicados hayan participado en la producción de material pornográfico infantil. El abogado adelantó que en el caso de su cliente pedirá que se le habilite la prisión domiciliaria por razones de salud.