¿Cómo un ministro y el presidente de la República pueden firmar un decreto que no tienen ni idea de qué trata? ¿Cómo puede pasar que luego, ese decreto autorice a realizar acciones de las que están totalmente en contra? Eso sucedió esta semana, pero además no es la primera vez que pasa en el último tiempo.
A la hora de aprobar las normas, tanto los jerarcas del Poder Ejecutivo –a través de decretos y resoluciones– como los diputados y los senadores en las leyes, hacen uso de la confianza en asesores, mandos medios y colegas. Sería imposible que, por ejemplo, el presidente conozca al detalle todas las normas que firma. Sin embargo, en los últimos años la cadena falló varias veces y en algunas oportunidades de manera muy grave.
El Ministerio de Salud Pública (MSP) se apresta a cambiar una norma que obliga a embarazadas con sífilis a identificar a sus parejas sexuales para que sean tratadas y que habilita a la Policía a conducir a esas personas hacia una institución sanitaria. Según informó el semanario Búsqueda, el gabinete del ministerio analizó el tema con “sorpresa” porque entienden que fue un “misterio” que esa norma fuera publicada. Sin embargo, el ministro Jorge Venegas lo firmó y luego lo envió a la Presidencia, logrando que el presidente José Mujica también lo hiciera.
Pero no es la primera vez en este gobierno que un decreto sale con errores y tiene que ser modificado. En agosto, El Observador informó que una resolución del Ministerio de Relaciones Exteriores, con la firma del canciller Luis Almagro y del presidente Mujica se refería a las islas Malvinas como Falkland. En esa oportunidad también se generó una polémica, que terminó con un comunicado de la cancillería, pidiendo disculpas por lo que denominó un “error de nomenclatura”.
Este mismo debate, sobre la caída en la calidad de las leyes se produjo en 2010, cuando una ley derogó un artículo de otra norma de finales de siglo XIV que terminó por clausurar el expediente relacionado con la causa de los hermanos Peirano Basso.
En ese momento, legisladores de todos los partidos hicieron una autocrítica por considerar que se equivocaron a la hora de redactar esa norma. En ese momento –agosto de 2010– el senador colorado Ope Pasquet criticó “la fragilidad de los soportes técnicos” que usan los legisladores. “No está bien regirse simplemente por el consejo que da un amigo o un correligionario. Mañana o pasado pueden ocurrir situaciones similares en las que se adopten decisiones erradas e importantes”, dijo el senador colorado en cámara.
Dos años después, según Pasquet, nada ha cambiado. “No han habido cambios de métodos. A veces estamos más atentos y se corrigen las cosas para evitar cuestiones más gruesas, pero depende de cada legislador. A nivel instrumental no se ha previsto nuevos asesores ni se ha cambiado nada”, agregó.
El politólogo Oscar Bottinelli es de los más críticos de la calidad legislativa.
“La caída de la calidad legislativa es un dato notorio, cuya demostración surge de la mera lectura de las leyes que se tomen al azar”, escribió el especialista en una columna para El Observador en 2010, en referencia al caso de los Peirano Basso. “Es un proceso que comenzó hace unos cuantos lustros aunque es muy difícil precisar cuándo. La mala calidad es de las leyes, pero también de los decretos y de las reglamentaciones, y el caso máximo son los graves y profundos errores de redacción, gramaticales, de empleo de verbos y conceptuales existentes en la reforma constitucional de 1996”, señaló Bottinelli. l