Caso Nisman: volver a empezar

Habrá un nuevo impulso en la causa de la mano del gobierno de Macri

AFP

Luego de regresar de un viaje a Europa que le había prometido a su hija, el fiscal argentino Alberto Nisman presentaba una lapidaria denuncia contra la entonces presidenta Cristina Fernández por encubrir a Irán en la investigación del atentado contra la mutual judía AMIA en 1994 que dejó 85 muertos y 300 heridos. Cuatro días después, el 18 de enero de 2015, aparecía sin vida en el baño de su apartamento de lujo de Puerto Madero, en Buenos Aires. Con un disparo en la sien y un revólver a su lado que había pedido prestado a un colaborador de su fiscalía.

A un año de su deceso el caso sigue sin resolverse. No se estableció aún si fue suicidio u homicidio. Durante estos 12 meses, en un proceso que ha tenido un altísimo impacto mediático, político y social, la Justicia desechó la denuncia que había presentado contra la mandataria y cambiaron la fiscal que llevaba adelante su causa por falta de avances, mientras la familia de Nisman clamaba que su muerte no tenía nada que ver con la autoeliminación. Ahora, con el gobierno de Mauricio Macri, quien asumió el 10 de diciembre pasado, el asunto retoma vigor y vuelve a un principio.

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El nuevo presidente ordenó ayer desclasificar toda la información relativa a Nisman desde setiembre de 2012 hasta la fecha. Según lo publicado en el Boletín oficial, el gobierno de Macri asegura que emitió esta orden en respuesta a una petición realizada por la Justicia y considera, en ese sentido, "esencial el esclarecimiento del hecho investigado".

"La desclasificación abarca la totalidad de la documentación, archivo y/o información que, en cualquier soporte, tenga o registre la Agencia Federal de Inteligencia, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto, la Dirección Nacional de Migraciones, las Fuerzas Armadas, las Fuerzas de Seguridad y/o cualquier otra dependencia", detalló el Poder Ejecutivo.

Además, el jueves el presidente de la Agencia Federal de Investigaciones, Gustavo Arribas, habilitó a los agentes de inteligencia –estén o no retirados– a brindar información clasificada a la Justicia acerca de la muerte de Nisman. En esta línea, la Justicia citó ese mismo día a los dos policías federales que tenían asignada la custodia de Nisman en su edificio el día de su muerte. Fueron llamados a prestar declaración indagatoria, acusados del presunto delito de "incumplimiento de los deberes de funcionario público", informaron medios argentinos. En aquel momento, los agentes decidieron no ingresar al apartamento de Torres Le Parc cuando el fiscal no respondía a sus llamados la noche de la muerte.

Nuevo impulso

Estos pasos que reavivan el caso Nisman se contraponen a un proceso que transcurrió a marcha forzada durante un año y que no ha aclarado las circunstancias, y lo que hay detrás de la muerte del fiscal. Entre idas y vueltas, y ya con el gobierno de Macri en marcha, en diciembre la fiscal a cargo de la investigación, Viviana Fein –cuestionada en las querellas planteadas (una de la madre y hermana de Nisman y otra de sus dos hijas menores)–, fue apartada de su puesto y en su lugar se colocó a la jueza Fabiana Palmaghini.

Una vez en su nueva función, esta letrada dispuso de numerosas medidas de prueba como nuevos análisis tecnológicos de las computadoras de Nisman, así como una nueva declaración del exjefe de espías, Antonio "Jaime" Stiuso, despedido a fines de 2014 luego de cuatro décadas en el cargo y que, luego de prestar su testimonio ante Fein, desapareció del país con paradero desconocido.

Stiuso era el principal informante para la acusación que Nisman –nombrado durante el gobierno de Néstor Kirchner al frente de una fiscalía especial para investigar el atentado a la AMIA– formuló en 2006 contra exdirigentes iraníes, entre ellos el expresidente Ali Rafsanjani, en un caso que se mantiene estancado y sin detenidos. Nisman se había opuesto al memorando de entendimiento entre Argentina e Irán rubricado en 2013.

La denuncia de Nisman contra la expresidenta Cristina Fernández y su canciller, que los acusaba de eximir de responsabilidades a un grupo de iraníes, fue cuestionada por falta de pruebas y la Justicia la desestimó por "inexistencia del delito". Así lo estableció el fiscal Javier De Luca en abril. Pero la jueza Palmaghini ya dijo que retomará también esta investigación.

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