CIDH exigió al gobierno guatemalteco que proteja la vida del presidente electo Oscar Arévalo

La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) exigió al gobierno de Guatemala que proteja la vida del presidente electo Oscar Arévalo de León y de su vicepresidenta, Karin Herrera, a raíz de las amenazas de muerte recibidas por ambos. El organismo, con sede Washington, pidió por las futuras autoridades del país al otorgar medidas cautelares pedidas durante la campaña electoral que culminó el pasado domingo 20, con el triunfo de la fórmula que integran Arévalo y Herrera. En una nota dirigida al Estado de Guatemala, que preside el derechista Alejandro Giammattei, la CIDH exigió que se tomen las “medidas necesarias para proteger los derechos a la vida e integridad personal” de ambos dirigentes. La CIDH recibió las denuncias de que la fórmula electa fue sujeto de “vigilancias, seguimientos, campañas de desprestigio y amenazas de muerte” que se incrementaron “tras la segunda vuelta electoral”. Entre estas denuncias se encuentra la existencia de dos posibles planes para atentar contra la vida de Arévalo, puntualizó el organismo. Uno de estos planes fue denunciado por el equipo de seguridad de Arévalo la semana previa a las elecciones. Según la denuncia, el plan contaría con la “participación de agentes estatales e individuos particulares”, dice el texto de la resolución de la CIDH. Un segundo plan, comunicado a Arévalo por el propio Ministerio Público (Fiscalía), se relaciona con presuntas “estructuras criminales de pandillas”. La CIDH alegó además que el Estado de Guatemala no le informó sobre qué medidas se tomaron en respuesta a las denuncias de un plan para atentar contra la vida de los dos políticos del Movimiento Semilla. Como consecuencia, el organismo solicitó formalmente a Guatemala que informe “sobre las acciones adelantadas a fin de investigar los hechos alegados”. La resolución de la CIDH se conoció en coincidencia con un pedido de la Fiscalía de Guatemala al parlamento para suspender al partido Movimiento Semilla del tándem electo. El pedido, formulado cuatro días después del triunfo de Arévalo/Herrera en el balotaje, se funda en una acción lanzada en julio tendiente a ilegalizar a la fuerza del candidato reformista aduciendo falsificación de avales para su constitución. El impulsor de la medida es el fiscal especial contra la impunidad (FECI) y encargado del caso, Rafael Curruchiche, donde se notifica al Congreso la orden de suspensión de la personalidad jurídica del Movimiento Semilla. La decisión fue anulada por la Corte Suprema de Justicia, luego de asegurar que no se trataba de una decisión válida. Pese a ello, el fiscal ordenó allanamientos a la sede electoral del Movimiento Semilla en la semana previa a la segunda vuelta electoral, lo que fue visto como una estrategia para intentar frenar la llegada de Arévalo a la presidencia el próximo 14 de enero. El Movimiento Semilla obtuvo 23 escaños de los 160 que componen el Congreso en las elecciones del 25 de junio, lo que convirtió al partido de Arévalo en la tercera fuerza política del país. (Con información de agencias)

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