Claves del conflicto que enfrenta a Riogas, al sindicato y al gobierno

El conflicto entre la empresa y los trabajadores, que terminó con acusaciones de Riogas al Ministerio de Trabajo (MTSS), comenzó hace dos semanas cuando la empresa despidió a tres trabajadores de la planta de Maldonado por manipular un arma en horario de trabajo.

Los empleados fueron despedidos por "notoria mala conducta", lo que el sindicato desaprueba y por lo que desde la semana pasada se mantiene en asamblea permanente.

El vocero del sindicato de Supergás, Gonzalo Scotti dijo a El Observador que decidieron adoptar esa medida gremial debido a que la empresa rechazó la propuesta del MTSS de reintegrar a los trabajadores.

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"Para el sindicato está mal el ingreso de un arma al lugar de trabajo. Ahora, nos parece un disparate que se los despida, sí pedimos una sanción fuerte", explicó el vocero a El Observador. Agregó además que los empleados trabajaron en la empresa durante años y tienen un legajo "intachable".

Los trabajadores decidieron agudizar las medidas de paro que venían realizando en distintos sectores luego del despido de otros 11 trabajadores de la planta de envasado, lo que a su criterio llevó a que la empresa falte al convenio por no contar con la cantidad suficiente de empleados para verificar la seguridad de las garrafas.

Así, las actividades están paradas desde principios de setiembre.

Reclamos de la empresa

En un comunicado emitido el pasado viernes, Riogas afirmó, sin embargo, que las medidas son abusivas y que "no existe la menor proporcionalidad entre los planteos del sindicato y los daños que generan a la población" y a la empresa.

Riogas señala que los reclamos impiden que produzca y abastezca con normalidad a la población, lo que afecta su competitividad y desempeño financiero. Según la empresa, unas 40 industrias debieron detener la producción por desabastecimiento, lo que afecta a unas 1.000 familias. También alega falta de gas a granel, lo que perjudica a unos 150 comercios.

La empresa considera además que los reclamos son injustificados y "de tal gravedad que habilitan el mecanismo de denuncia del convenio colectivo correspondiente", además acusaba al gobierno de no actuar frente al conflicto.

"La actitud omisa del MTSS frente a la violación de los convenios colectivos acordados, así como la sistemática lesión por parte de la Ursea (organismo estatal que regula el sector) a la inversión de Riogas, no dejan más opción a nuestra empresa que la de iniciar las acciones jurisdiccionales pertinentes a los efectos de que el Estado responda por su actuación en este proceso", indicó la empresa el pasado viernes.

En tanto, el MTSS rechazó la acusación y afirmó que si bien está abierto a generar ámbitos de negociación, no se dan las condiciones para limitar el ejercicio del derecho de huelga.

Esto responde a una carta enviada por Riogas el pasado 16 de setiembre y dirigida al ministro Ernesto Murro, en la que se pedía a la secretaría que realice acciones para normalizar la situación.

Riogas criticó además la disposición de la Ursea del pasado 20 de setiembre de abrir el clearing de envases, lo que sucede por cuarta vez en el año. Según la empresa, esa solución "no ataca la raíz del conflicto" y "lesiona" la inversión de la empresa, por lo que iniciarán las "acciones jurisdiccionales pertinentes a los efectos de que el Estado responda por su actuación en este proceso".

La respuesta del Ministerio

El pasado viernes, el MTSS expresó en un comunicado que si bien esa cartera "exhorta al cumplimiento" de las cláusulas del convenio colectivo, "no tiene competencia para imponer coactivamente su voluntad, no es árbitro en los conflictos colectivos de trabajo ni corresponde que adhiera a una u otra parte".

En respuesta a la misiva de la empresa, la cartera liderada por Murro afirmó, por otra parte, que el ministerio solo puede limitar el derecho de huelga de los trabajadores en determinadas circunstancias y que no aplican en este caso, ya que no existe una ocupación ni se pone en peligro la seguridad, salud o la vida de los ciudadanos.

"En este país se respeta la normativa nacional e internacional sobre el ejercicio del derecho de huelga y las instituciones actúan ajustadas a derecho y dentro de sus competencias, no a medida de lo que distintos actores entienden como pertinente", sentenció el ministerio.

El gobierno aclaró, por otra parte, que se han dado diversas instancias de negociación y que el conflicto se concentra actualmente en una sola empresa del sector.

Por su parte, el sindicato analiza ampliar las medidas. El vocero del supergás dijo a El Observador que se reunirán el próximo martes y que en caso de no tener una señal positiva de la empresa, realizarán nuevas acciones.