¿Quiénes son los “fondos buitres”? ¿Por qué reclaman?
La salida de la crisis argentina desatada en 2001, fue mucho más traumática que la uruguaya. En diciembre de ese año, el entonces presidente Adolfo Rodríguez Saa declaró la mayor cesación de pagos de la historia, por US$ 144.000 millones. Más de una década después, el asunto todavía no está del todo saldado. Si bien el gobierno argentino ofreció un canje de títulos, que invitaba a los inversores a retomar los pagos de deuda con una quita importante, no todos los acreedores del país estuvieron dispuestos a aceptar esas condiciones y algunos de ellos, los llamados “fondos buitres”, mantuvieron desde entonces una serie de juicios con el país en distintas jurisdicciones, buscando cobrar íntegramente sus papeles. El 23 de febrero del año pasado, el juez neoyorquino Thomas Griesa le dio la razón a los inversores y ordenó a Argentina que pague los US$ 1.330 millones que les debe a dos de estos fondos. El gobierno del vecino país presentó una apelación ante la máxima autoridad judicial de Estados Unidos y la respuesta recibida el lunes cayó como un balde de agua fría. La Corte Suprema no está dispuesta a estudiar el fallo. La del juez Griesa es la última palabra.
¿Qué tan grande es el problema para el Estado argentino?
El fallo estadounidense representa un enorme problema para las autoridades argentinas, porque deja al país con muy pocas opciones de evitar una nueva cesación de pagos. Si Argentina avala la orden judicial y paga los US$ 1.330 millones que le debe a estos fondos, los demás acreedores del país que no se acogieron al canje pueden demandar hasta US$ 15.000 millones de indemnización. Esta dimensión ya representaría un esfuerzo inmenso para un país que no goza del favor de los mercados de capitales y, por lo tanto, puede acceder apenas a cuentagotas al crédito internacional. Y el problema no se termina ahí. Si el gobierno respondiera a la demanda de los acreedores que no ingresaron al canje, aquellos que sí lo hicieron están en condiciones de exigirle la diferencia entre lo poco que recibieron por sus títulos en su momento y lo mucho que reciben ahora quienes se vieron beneficiados por el dictamen del juez Griesa. Según señaló el martes el ministro de Economía argentino, Axel Kicillof, esos reclamos podrían escalar a los US$ 120.000 millones.
¿Y si el país no paga?
El no pago de esa deuda –al menos en las condiciones estipuladas hasta ahora por el juez estadounidense– es el escenario más probable. De ese modo, el país caería en una nueva cesación de pagos, que implicaría el cierre definitivo de los mercados de capitales, y el posible embargo de bienes y cuentas del Estado en el exterior. Con un déficit fiscal de casi 3% del Producto Interno Bruto (PIB), la ausencia de medios de financiamiento externo obligaría al país a realizar un duro ajuste fiscal, que lo llevaría a una situación de estancamiento económico, con consecuencias directas sobre el bolsillo de los argentinos. Los economistas especulan con que podría ser el último empujón que el país necesita para caer en crisis.
¿Cuál es la estrategia del gobierno?
Las autoridades argentinas buscan negociar con el juez Griesa y los fondos de inversión involucrados en el juicio para lograr un acuerdo que permita al país salir del apuro, al menos en el corto plazo. En paralelo, el gobierno planteó la posibilidad de realizar un nuevo canje, que incentive a los tenedores de bonos argentinos –los que sí entraron a los anteriores canjes de deuda y por lo tanto, están cobrando intereses por sus papeles– a que abandonen los títulos emitidos bajo la Ley estadounidense y reciban otros títulos con jurisdicción argentina, para evitar un eventual embargo externo. De todos modos, el margen de maniobra del gobierno es muy acotado y por un camino o por otro, Argentina se encamina a un nuevo default, y tras de él, podría venir una dura crisis.
