Colombia: Inician megacausa para investigar delitos cometidos por militares y paramilitares
El proceso lo sustanciará la Jurisdicción Especial para la Paz e incluye homicidios, masacres, desplazamientos forzados, secuestros, desapariciones, torturas, amenazas, violencia sexual y detenciones ilegales
La Jurisdicción Especial para la Paz (JEP), la instancia que juzga los delitos cometidos en el marco del conflicto interno, anunció la apertura del Caso 08, que investigará los crímenes cometidos por la fuerzas públicas y otros agentes estatales en asociación con grupos paramilitares o terceros civiles.
La megacausa que instruirá el tribunal, creado a partir del acuerdo de 2016 entre las extintas Fuerzas Armadas Revolucionarias de Colombia (FARC) y el gobierno, agrupará todos los crímenes que en la actualidad no están siendo investigados en las otras siete causas que también tramita el JEP, como los “falsos positivos”, las ejecuciones extrajudiciales de civiles presentadas como bajas de combate.
Se trata de más de 70.000 hechos -entre homicidios, masacres, desplazamientos forzados, desapariciones forzadas, torturas, amenazas, violencia sexual y detenciones ilegales- que afectaron a 15.710 víctimas y son atribuidos a integrantes de las fuerzas armadas y policiales, paramilitares y otros agentes del Estado, según informó Belkis Izquierdo, presidenta de la Sala de Reconocimiento de Verdad de la JEP, la encargada de iniciar las investigaciones.
Dentro los principales crímenes atribuidos de manera directa a la fuerza pública, 8.345 fueron homicidios, 2.904 desplazamientos forzados, 1.630 amenazas, 1.249 torturas y 1.136 desapariciones forzadas. Según el tribunal, el 51% de los delitos ocurrieron entre 2000 y 2009.
La causa investigará en primera instancia los hechos ocurridos en cinco regiones -Gran Magdalena, Montes de María, Ariari-Guayabero-Guaviare, Caguán, Florencia, Antioquia y Magdalena Medio-, zonas en donde la guerrilla, las fuerzas de seguridad y las formaciones paramilitares tuvieron un intenso accionar que impactó en organizaciones sociales, partidos políticos de la oposición y en las comunidades indígenas, afrodescendientes y campesinas.
Según explicó la jueza, el tribunal se centrará en tres líneas de investigación según los patrones criminales identificados: los crímenes “motivados por justificaciones contrainsurgentes”, los motivados “por intereses económicos particulares” y los “motivados por el control de la función pública en los territorios”.
Según reportaron los medios locales, Izquierdo precisó que previo a la apertura del juicio, el JEP estudió 184 informes. Sin embargo, según aclaró el juez Óscar Parra, el tribunal también se avocará al análisis de las causas en las que el JEP procesó a cientos de exparamilitares que han entregado versiones sobre los denominados “falsos positivos”, lo que podría aportar material probatorio al Caso 08.
“Tomaremos todas las medidas para que toda la contribución a la verdad sirva para profundizar en los próximos años", aseguró Parra. Primordialmente se buscará “esclarecer la responsabilidad penal de uniformados y otros agentes del Estado”, pero también se ahondará en la responsabilidad de los ejecutados por paramilitares cuando “comprometan la responsabilidad penal de las fuerzas públicas”.
Según la información oficial, del total de los presuntos responsables mencionados en los informes, 2.840 ya se han sometido a la JEP. De ellos, 2.812 son integrantes o exintegrantes de las fuerzas de seguridad, 5 son agentes del Estado de diferentes organismos y 23 son terceros civiles.
"La JEP responde a la obligación de investigar, juzgar y sancionar. Ya había un avance de otras entidades, ahora le corresponde a la JEP responder al compromiso nacional e internacional del Estado colombiano", expresó Eduardo Cifuentes, presidente de la JEP. “Vamos a avanzar de manera sostenida. Debemos actuar de manera unitaria porque existe un compromiso. Llegó la hora de que Colombia sepa qué pasó con las mayores tropelías y atrocidades cometidas en red, y para eso está la justicia", finalizó Cifuentes.
