Con la oposición profundamente dividida sobre la pertinencia de participar o no, las elecciones de gobernadores en Venezuela, previstas en principio para el próximo mes de octubre, serán una nueva prueba para demostrar el nivel de adhesión real hacia un gobierno cada vez más debilitado y cuya máxima aspiración es continuar por tiempo indefinido en el poder, y más aun a partir de la instalación de la Asamblea Nacional Constituyente, con la cual hace y deshace a su antojo.
Al mismo tiempo, es la oportunidad que tiene la oposición para demostrar su verdadero poderío, de manera de convertirse en una alternativa válida para acceder al poder en un país muy polarizado.
Por lo tanto, no faltan aquellos que ven a estos comicios como una suerte de termómetro para medir las fuerzas de unos y otros.
Las elecciones de gobernadores estaban previstas en principio para el año pasado, pero fueron pospuestas, en una nueva maniobra política del régimen chavista, como forma de evitar que la oposición pudiera arrebatarle parcelas de poder.
Sin embargo, la presión internacional de alguna forma hizo posible que estos comicios puedan realizarse, aunque la mayoría de los venezolanos sigue esperando por las elecciones presidenciales, en particular aquellos que reprueban las prácticas del gobierno de Nicolás Maduro y anhelan recuperar los derechos perdidos.
Según el Consejo Nacional Electoral (CNE) –que todavía no fijó la fecha definitiva–, 226 candidatos de 22 organizaciones políticas se postularán para las 23 gobernaciones de todo el país. Los cargos regirán por un período de cuatro años.
En esta contienda electoral, el régimen chavista intentará mantener posiciones, dado que hoy controla 20 de 23 estados, mientras que la oposición apuesta a recuperar espacios perdidos.
Los principales partidos políticos que presentaron candidaturas son el oficialista Partido Socialista Unido de Venezuela y la opositora Mesa de la Unidad Democrática, a través de gran parte de las organizaciones que la integran: Voluntad Popular, Primero Justicia, Acción Democrática, Avanzada Progresista y Un Nuevo Tiempo.
El gobierno maniobra
Si bien la Constitución vigente establece que simultáneamente al evento se deben elegir legisladores para los parlamentos estatales, esto no pasará. El Consejo Nacional Electoral no explicó dicha omisión.
Según la carta magna, las elecciones a gobernadores o "regionales", debieron realizarse a finales de 2016, pero el Consejo Nacional Electoral lo aplazó para 2017.
Finalmente, la decisión quedó en manos de la recientemente instituida Asamblea Nacional Constituyente, con amplios poderes.
"Es posible que el gobierno aplazara la decisión para mantenerse más tiempo en un statu quo que le resulta cómodo, ya que tiene amplia mayoría en las gobernaciones, y también a la espera del alza en el precios del petróleo para mejorar el ánimo de la opinión pública, lo que no se dio. Ahora tiene más interés de convocar a estas elecciones como forma de aliviar la presión social que ha ido en aumento", comentó a El Observador el analista político Nicmer Evans.
Desde abril, las protestas contra el gobierno de Maduro dejaron un saldo de 125 muertos y cientos de heridos.
"Lo que quiere el gobierno es ganar tiempo y distraer el propósito de la fuerza ciudadana que no es la elección de los gobernadores, sino la presidencial, para salir de Nicolás Maduro", dijo María Corina Machado, líder opositora radical que no participará en esta elección. "No podemos caer en la trampa (de distraernos del propósito)", agregó.
Figuras muy conocidas y otras no tanto se presentan como firmes candidatos. Entre los nombres más sonados del chavismo, están Aristóbulo Istúriz (fue ministro y es primer vicepresidente de la Asamblea Nacional Constituyente), para el estado Anzoátegui; Héctor Rodríguez (es un diputado con larga trayectoria en políticas estudiantiles) para el estado Miranda que cobija parte de Caracas; Argenis Chávez (es uno de los hermanos del extinto presidente Hugo Chávez, acusado en varias ocasiones de corrupción) se presenta para Barinas; y Ramón Carrizales (militar retirado y actual gobernador de Apure) para ese mismo estado.
Opositores proscritos
Como candidatos de la oposición, se destacan Henri Falcón para el estado Lara (su caso trascendió cuando se separó de filas chavistas para integrar un partido en contra del oficialismo); Antonio Barreto para Anzoátegui (es diputado y exalcalde de ese estado); Juan Requesens se presenta en Mérida (también es diputado, además de cabeza visible de movimientos para la liberación de los estudiantes detenidos); y Carlos Ocariz para Sucre (es su actual alcalde y una de las promesas del partido Primero Justicia).
Mientras tanto, el diputado Ismael García, uno de los más importantes líderes antichavistas y exalcalde de Aragua, tenía toda la intención de ser candidato para ese estado, pero el Consejo Nacional Electoral indicó que la Mesa de la Unidad Democrática no podía inscribir candidatos en siete de los 23 estados: Zulia, Apure, Monagas, Bolívar, Trujillo, Aragua y Carabobo.
La decisión obedeció a "decisiones acordadas por juzgados en esos estados, relacionadas con juicios que se vienen adelantando desde el año pasado", según manifestó el organismo sin ofrecer mayores aclaraciones.
Más de 15 alcaldes de oposición están en algún tipo de proceso judicial o inhabilitación política, lo que debilitó sus filas.
Esto incluye a una de sus principales figuras, el gobernador del estado de Miranda, Henrique Capriles, un joven político que en una época se disputó el liderazgo con Leopoldo López. Desde el pasado mes de abril, Capriles fue inhabilitado para ejercer cargos públicos durante 15 años, por supuestas irregularidades administrativas.
Hace algunos días el periódico O Globo de Brasil señaló que el gobernador habría recibido "donaciones por US$ 15 millones" de la constructora Odebrecht.
La duda: participar o no
La Mesa de la Unidad Democrática y gran parte de la comunidad internacional tienen serias dudas sobre las garantías que tendrá el proceso electoral, porque existen antecedentes en los que el gobierno habría manipulado votos a su favor, según manifiestan, y acusan al CNE de no ser un órgano independiente.
Por ejemplo, en las elecciones de la Asamblea Nacional Constituyente realizadas el pasado 30 de julio, el CNE señaló que votaron más de 8 millones de personas, mientras Smartmatic –empresa a cargo del software utilizado en esa votación– afirmó públicamente que esas cifras habían sido "infladas".
El año pasado el CNE también suspendió el proceso de referendo revocatorio contra Maduro y la oposición acusó al organismo de fraude en la fase final de la recolección de firmas.
Es por ello que parte de la oposición y sus partidarios no intervendrán en las elecciones de gobernadores, a las que consideran como fraudulentas e ilegítimas antes de comenzar. Por el contrario, otros partidos políticos de oposición señalan que, aun con riesgos de que pudieran ser alteradas, es un error dejar el terreno libre al oficialismo.
En las elecciones parlamentarias del año 2005, la oposición decidió retirarse de la contienda alegando falta de confianza en el CNE, lo que jugó en su contra, ya que el oficialismo siguió adelante con el proceso y ganó la totalidad de los escaños.
"No repetiremos el mismo error", dijo en esta oportunidad el expresidente de la Asamblea Nacional, Henry Ramos Allup, conocido por enfrentar a Maduro. Ramos Allup ya anunció que su sector, Acción Democrática, se presentará a la elección.
Voluntad Popular, el partido del líder opositor y preso político Leopoldo López, seguirá el mismo camino. Después de un tiempo sin pronunciarse, López decidió presentar candidatos, como una forma de reafirmar que la salida al régimen de Maduro pasa por la vía electoral.
Y así lo harán otros partidos.
En cambio, Vente Venezuela, el partido de María Corina Machado, puso distancia, pues cree que presentar candidatos es una forma de "legitimar el gobierno dictatorial".
De esa forma, Machado y su grupo se focalizan en la reivindicación de las elecciones presidenciales. La Alianza Bravo Pueblo, liderada por el alcalde opositor en arresto domiciliario Antonio Ledezma, comparte esa posición.
Lo cierto es que la polémica dividió a la Mesa de la Unidad Democrática, que es muy criticada dentro sus filas por lograr pocos avances en el ajedrez político venezolano.
