Una nueva resolución del directorio de la Caja de Profesionales volvió a enfrentar al organismo público no estatal con el gobierno. Y, otra vez, los representantes del Poder Ejecutivo en ese directorio votaron al revés de lo que pretendía la administración de Yamandú Orsi. En este caso se trata de una resolución por la que se va a empezar a cobrar a partir de agosto de este año un timbre de $ 170 sobre todos los informes médicos vinculados a la atención en salud.
El 28 de mayo pasado los dos nuevos representantes del Poder Ejecutivo, en su primera sesión, acompañaron la resolución aprobada por unanimidad que establecía el cobro del timbre. Sin embargo, al enterarse, el director nacional de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, le pidió al presidente de la Caja de Profesionales, Andrés Pérez, que revirtiera la decisión por entender que era “inconveniente”, pese a que sus representantes también la habían votado.
Incluso, los dos delegados del gobierno, Pablo Aguirregaray y José Antonio Iglesias, pidieron en el directorio de este jueves rectificar la votación del 28 de mayo pero perdieron 5 a 2. El organismo sí aprobó por 5 votos mantener la resolución y convocar al Poder Ejecutivo a una negociación, según dijo Pérez a El Observador.
En diálogo con El Observador, Di Doménico aseguró que los nuevos directores fueron “engañados en su buena fe” por ser su primera sesión que, además, duró más de seis horas y que eso explica que hayan acompañado la aplicación de este nuevo timbre que el gobierno no comparte.
Sin embargo, el acta de la sesión publicada en el sitio web de la Caja muestra la conversación mantenida sobre este tema en la sesión del 28 de mayo. Aguirregaray consultó si estaban cuantificados los montos por la aplicación del artículo 71 de la ley 17.738 que es la que habilita a la Caja de Profesionales a cobrar este timbre.
"Así es, director. Figura en la documentación presentada, además de haber abordado el tema en plena Comisión de Expertos, ante la delegación del Ejecutivo, a la hora de determinar el dinero necesario para la Caja. Los resultados están cuantificados; así es. Si mal no recuerdo, la suma se aproxima a unos US$ 43 millones", contestó Pérez, según dice el acta respecto a la recaudación anual. Ante otra consulta de otra directora, el presidente aseguró que "se trata del gravamen aplicado a cada acto médico realizado".
"Es gravar lo que hoy se hace digitalmente de igual forma que se gravaba cuando se lo hacía manualmente. No se trata de un nuevo gravamen; que quede claro", dijo la directora Graciela Zaccagnino. Luego de otros intercambios no detallados en el acta, Pérez consultó a los delegados del Poder Ejecutivo si tenían "alguna otra duda al respecto" y Aguirregaray contestó: "Ninguna, señor presidente".
La resolución se votó finalmente con el respaldo de todos los directores: 7 en 7.
Más temprano, Di Doménico había dicho a El Observador que si el directorio ratificaba la resolución, el Poder Ejecutivo en el "ejercicio de sus facultades" iba a resolver su anulación. "(El Poder Ejecutivo) en ejercicio de sus facultades, resolverá en consecuencia su anulación. La resolución es formalmente irregular y fácticamente de mayúscula inconveniencia", dijo el jerarca del Ministerio de Trabajo.
La Junta Nacional de Salud (Junasa) elevó un oficio el miércoles al organismo de seguridad social cuestionando el timbre y asegurando que implica nuevos costos para el sistema de salud. Ese oficio fue contestado a través de un comunicado público.
“Las objeciones de la Junasa, aun pudiendo ser legítimas en el plano de la política sanitaria, no logran desvirtuar la legalidad del acto: no se ha creado un tributo/paratributo nuevo ni se ha efectuado una interpretación extensiva contra el sujeto pasivo, sino que se ha dispuesto el cumplimiento de una obligación tributaria vigente, cuya exoneración es competencia exclusiva del legislador, no de la autoridad sanitaria”, dice el comunicado firmado por el directorio.
Si bien Di Doménico aseguró que tienen potestades para anularla, para la Caja de Profesionales el único camino es modificando la ley.
El antecedente
Lo llamativo es que Aguirregaray e Iglesias asumieron su cargo luego de que los dos delegados del gobierno anteriores tuvieran que renunciar por una situación similar. A principios de este año el directorio de la Caja de Profesionales estuvo en el foco de atención por una resolución que, inicialmente, los delegados del Poder Ejecutivo también habían votado.
¿Qué fue lo que pasó? El organismo aprobó una partida salarial de $ 131 mil para los directores pese a que la ley establece que esos cargos tienen que ser honorarios. El gobierno estaba de acuerdo con darle una partida salarial a los directores e intentó aprobarla por ley.
Sin embargo, la oposición se opuso y esa intención quedó por el camino al no tener los votos necesarios en el Parlamento. Pese a esto, la Caja decidió votar esa partida con el respaldo de los delegados del gobierno.
Gustavo Rodríguez y María Noel Sanguinetti, que en ese entonces eran los representantes del gobierno en el directorio, aseguraron que habían recibido directivas de la Dirección Nacional de Seguridad Social, encabezada por Di Doménico, sobre el tema.
¿Cuáles eran las indicaciones que habían recibido según Rodríguez? Que los delegados del Poder Ejecutivo no podían tomar la iniciativa en este tema y que en caso de que alguno de los otros directores lo planteara, el monto que se decidiera pagar tenía que ser menor a lo que le costó a la Caja los salarios de los directores en 2025.
Sin embargo, una vez que la noticia tomó estado público generó la reacción del gobierno y terminó en la salida de Rodríguez y Sanguinetti. Pese a que ambos apuntaron contra la dirección que dirige Di Doménico, el ministro Juan Castillo respaldó la actuación del jerarca.
Relación tensa
Desde la aprobación de la ley de salvataje en 2025, el vínculo entre el gobierno y la Caja de Profesionales viene tenso. El directorio ha intentado tomar diversas medidas para aumentar la recaudación y en muchas de ellas ha chocado con la negativa del Poder Ejecutivo. En febrero de este año fueron electas nuevas autoridades pero eso no solucionó las diferencias sino que las profundizó.
Esa ley de salvataje tenía un artículo que obligaba a crear una comisión de expertos para analizar medidas de fondo. Sin embargo, esa comisión no llegó a grandes acuerdos e incluso mientras estaba trabajando el gobierno envió un proyecto de ley al Parlamento que molestó a los directores en representación de los trabajadores.
“Era uno de los principales acuerdos que habíamos llegado en la Comisión de Expertos. Derogar o modificar el artículo 13 de la ley de 2025. Y mientras terminamos de ajustar el documento, que nos comprometimos a no difundir hasta que esté pronto, nos enteramos por la prensa sobre este proyecto. Sentimos que nos están tomando pelo”, dijo a El Observador el presidente de la Caja, Andrés Pérez, en aquel entonces.
El proyecto que el gobierno envió al Parlamento plantea derogar el artículo 13 de la ley 20.410, aprobada en 2025. Ese pasaje, según la exposición de motivos del proyecto, “limitó” a la Caja de Profesionales en el intercambio de información con otros organismos de seguridad social así como administraciones tributarias. “Eso supone un deterioro en las capacidad de intercambio de información que la Caja ya tenía previo a la aprobación de esta norma”, dice la exposición de motivos del texto.
Pérez explicó a El Observador que esa norma le impide a la Caja averiguar a partir de importaciones de insumos u otra información si hay profesionales que por su actividad deberían estar aportando a la Caja pero lo hacen como servicios personales ante el BPS. “Ahí están pagando una tercera o cuarta parte”, cuestionó. Tampoco les permite, según Pérez, publicar un listado de profesionales habilitados en las distintas áreas.
Las diferencias sobre el timbre de $ 170 son un nuevo episodio en una relación que viene tensa desde hace tiempo y que tendrá un nuevo capítulo con la resolución de este diferendo.
