El Directorio de la Caja de Profesionales se reunió este martes con el prosecretario de la Presidencia, Jorge Díaz, para analizar la situación que atraviesa la institución, que pretendía cobrar un timbre de $170 a los informes médicos, algo que fue revertido por decreto por el Poder Ejecutivo.
Andrés Pérez, presidente de la caja, señaló en rueda de prensa consignada por Subrayado que durante la reunión presentaron a Díaz "una nueva propuesta" para "ver qué posibilidades hay de encontrar humo blanco" en la situación que atraviesa el organismo, que en 2025 (pese a la asitencia financiera del Estado) tuvo pérdidas por US$ 30 millones.
"Los detalles los tiene el señor prosecretario está en relación a lo que es realmente lo oneroso a la salud, que es el IVA y las cápitas que tienen que pagar los copagos impuestos por el Ministerio de Salud Pública o que da posibilidades a las mutualistas y seguros de cobrar a los usuarios", señaló Pérez en relación al argumento del gobierno para revertir la resolución de la caja.
El director de Seguridad Social, Leonardo Di Doménico, lo había calificado en entrevista con Aire Rico como un "mazazo" a la población, ya que se vislumbró que el costo del timbre sería trasladado a los usuarios.
Pérez dijo también que en la reunión con Díaz las autoridades de la caja plantearon "todas las opciones" que ya habían puesto sobre la mesa antes de decidir cobrar el timbre: "el ingreso de nuevas profesiones, el aporte por aporte real o que pasen (a la caja) una cantidad de profesiones que están 'descansando' acá en la Torre Ejecutiva".
El presidente de la caja dijo que "como ningunas de ellas" prosperó, entonces el Directorio debió avanzar en "poner el timbre".
Díaz, según dijo Pérez, les respondió que hablaría con el presidente de la República y los ministros vinculados al tema.
El timbre, que se había aprobado en una sesión del Directorio a fines de mayo, iba a empezar a cobrarse en agosto, pero en el penúltimo día de julio el gobierno aprobó un decreto para dejar sin efecto esa resolución.
El ministro de Trabajo, Juan Castillo, había dicho que la decisión se tomó para evitar que "los sectores más débiles o los que más requieren de los servicios de salud" sean los que paguen por la situación que atraviesa la caja.
Por su parte, el organismo anunció que impugnará la decisión del Poder Ejecutivo, ya que entiende que una modificación de ese tipo debe hacerse por ley y no por decreto.
