"Después de perder en la Corte Suprema, la administración vuelve a intentar aumentar ilegalmente los impuestos a las familias y las empresas con una nueva ronda de aranceles", señaló la fiscal general de Nueva York, Letitia James, que presentó el lunes la demanda junto a otros 24 estados.
"No existe una relación racional entre el supuesto problema del trabajo forzado en las cadenas de suministro internacionales y los aranceles globales generalizados" que impuso la oficina del Representante Comercial (USTR), argumentó la coalición de estados en su demanda. En el escrito, los demandantes aclararon que se "oponen al trabajo forzoso en todas sus formas", pero considera que en este caso está siendo utilizado como pretexto para mantener su "ilegal esquema arancelario".
Por su parte, el portavoz de la Casa Blanca Kush Desai dijo que Estados Unidos estaba "haciendo uso de su autoridad legal" para hacer frente a las prácticas que suponen una carga para las empresas estadounidenses. "El hecho de que un país extranjero no imponga ni haga cumplir de manera efectiva una prohibición a la importación de bienes producidos con trabajo forzoso es irrazonable y perjudica el comercio de Estados Unidos, incluidos los trabajadores estadounidenses, y debe abordarse", señaló, según recogió la agencia AP.
"Los aranceles de la Sección 301 han demostrado ser una herramienta jurídicamente sólida desde el primer mandato del presidente, y lo siguen siendo ahora", añadió.
La demanda de los estados se suma a otras dos presentadas en julio ante el Tribunal de Comercio Internacional por pequeñas empresas que también impugnaron los aranceles de la Sección 301. Ambas demandas sostienen que el gobierno no demostró adecuadamente su postura contra cada economía específica ni explicó cómo los aranceles eliminarán la práctica específica por la que se están imponiendo, según exige la Sección 301.
Las herramientas legales para los nuevos aranceles
La guerra comercial lanzada al inicio de su mandato, que marcó un giro respecto a una política de décadas de aranceles más bajos y libre comercio, fue justificada por Trump con el argumento de que los persistentes déficits comerciales que sufría Estados Unidos representaban una emergencia nacional.
Tras el revés en la Corte Suprema, que determinó en febrero pasado que el presidente republicano excedió su autoridad al imponer aranceles indiscriminados, Trump recurrió primero a la Sección 122 de la Ley de Comercio de 1974 para determinar tarifas globales del 10%. Pero la Sección 122 solo autoriza aranceles por 150 días y en este caso vencían el 24 de julio.
El mes pasado, la USTR había anunciado la apertura de investigaciones vinculadas al trabajo forzoso bajo la Sección 301 de la Ley de Comercio de 1974. Ésta le otorga al presidente poder para imponer -y ajustar- aranceles en respuesta a las prácticas comerciales de otros países, pero el gobierno primero debe cumplir con requisitos de procedimiento: recopilar comentarios y celebrar audiencias. No hay plazos para los aranceles de la Sección 301. Vencen después de cuatro años, pero pueden renovarse.
Autos en el estacionamiento de importación del Puerto de Baltimore, tras los aranceles del 25% anunciados por Trump.
AFP
Este tipo de aranceles son más difíciles de rebatir por los países afectados, o los importadores, como sucede con los que se aplican por motivos medioambientales (productos que llegan a Estados Unidos de zonas deforestadas, por ejemplo) o sanitarios. Al mismo tiempo, el USTR señaló que "el presidente Trump está utilizando tanto los aranceles como los acuerdos comerciales para apoyar a los trabajadores estadounidenses y corregir los desequilibrios comerciales".
La administración Trump viene buscando alternativas legales para recuperar los ingresos fiscales que perdió por el revés judicial de febrero. Tras haber alcanzado un máximo de 31.400 millones de dólares por ingresos por impuestos a las importaciones en octubre pasado, los reembolsos que tuvo que pagar el Tesoro en devolución de aranceles le dejaron una factura negativa de 25.600 millones de dólares en junio.
A quiénes afectan los gravámenes
Los nuevos aranceles son de un máximo de 12,5% e impactan en grandes economías, como China y la Unión Europea, pero también en países latinoamericanos como Brasil o Uruguay. En tanto, a socios comerciales como Argentina, Canadá, Ecuador, El Salvador, Guatemala, Honduras o México, se les aplicará un gravamen del 10%.
"Esta medida se aplica a los 60 principales socios comerciales de Estados Unidos, que representan el 99,4% de las importaciones estadounidenses", explicó en su momento USTR.
Algunos bienes que ya enfrentaban aranceles específicos -como el acero y el aluminio- no serán impactados por los nuevos gravámenes. Determinados productos de energía y fertilizantes también estarán exentos, junto con bienes cubiertos por el tratado de libre comercio entre Estados Unidos, Canadá y México (T-MEC).
Los aranceles van a la cuenta de las empresas estadounidenses que importan productos extranjeros. Por lo general, los importadores buscan trasladar los costos en forma de precios más altos al consumidor. Los nuevos gravámenes podrían implicar un salto inflacionario en EEUU, en medio del descontento de gran parte de la población por el costo de vida y a menos de cuatro meses de las elecciones legislativas de mitad de mandato.
Las posibilidades de éxito de la demanda
La demanda también acusó a Estados Unidos de eludir las consultas específicas con cada país y de no explicar por qué los aranceles aplicados a naciones con medidas tan diversas en materia de trabajo forzado se fijaron de una "manera casi uniforme".
Barry Appleton, profesor de derecho y codirector del Centro de Derecho Internacional de la Escuela de Derecho de Nueva York, dijo a AP que las impugnaciones se derivan del hecho de que los aranceles de la Sección 301 representan la tercera vez que el gobierno intenta imponer aranceles similares a nivel mundial bajo diferentes estatutos, y su naturaleza de ser "prácticamente idénticos" podría suponer un reto para defenderlos en los tribunales.
Si bien los estatutos en virtud de los cuales el gobierno implementó aranceles anteriormente eran novedosos y no se habían utilizado antes para ese propósito, la Sección 301 sí se ha utilizado antes. Durante el primer mandato de Trump, citó la Sección 301 para imponer aranceles a las importaciones chinas, que superaron impugnaciones legales.
"Los presidentes la han utilizado durante décadas, y el Congreso la estableció con verdaderas salvaguardas: investigación, consulta, un expediente público", dijo Appleton. "La defensa del gobierno no será: 'No tenía poder para hacer esto'. Será: 'Me mantuve dentro de las líneas que trazó el Congreso'. Esa es una verdadera batalla, no una formalidad, y es la que decidirá este caso", apuntó.
En tanto, el abogado Matthew Seligman, que representa a los importadores que buscan reembolsos de aranceles, dijo que la impugnación de los estados es sólida, pero que enfrenta un camino legal más difícil que las impugnaciones anteriores. "A diferencia de esos casos anteriores, este caso dependerá de cuánto acepten los tribunales la justificación aparentemente engañosa de la administración de que estos aranceles tienen como objetivo combatir el trabajo forzado", dijo Seligman a Politico.
"Por lo general, los tribunales otorgan una deferencia sustancial al poder ejecutivo en este tipo de decisiones políticas, especialmente cuando implican asuntos de relaciones internacionales, pero, como suele ocurrir con la administración de Trump, este caso pondrá realmente a prueba los límites de esa deferencia judicial", agregó.
